Mazón, seis meses adaptando su relato de la dana ante la presión judicial, social y política

Carlos Mazón suele hacer gala de su condición de alicantino. Sin embargo, este jueves no tiene previsto asistir a una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad, la romería de la Santa Faz, que reúne a decenas de miles de personas. La última vez que un presidente de la Generalitat se ausentó de este baño de multitudes fue en 2010, cuando Francisco Camps se enfrentaba al estallido del caso Gürtel. El jefe del Consell estará en un viaje a Estados Unidos para apoyar a las empresas valencianas afectadas por los aranceles de Donald Trump, lo que muy probablemente también le impedirá centrar las miradas de la foto de grupo final del congreso del PP europeo, 20 días después de que la homóloga madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se embarcara en otra misión transoceánica, a Ecuador, en coincidencia con la declaración ante los tribunales de su pareja por presuntos delitos.

De esta manera, y tras la séptima manifestación convocada este lunes reclamando su dimisión por la gestión de la dana, Mazón eludirá el contacto directo con la gente, como ha estado haciendo en estos últimos seis meses, desde que las catastróficas inundaciones del 29 de octubre causaran 227 muertos y un desaparecido en la provincia de Valencia, mientras el jefe del Consell estaba ausente del puesto de mando que coordinaba la emergencia, el Cecopi.

Desde entonces, Mazón ha ido adaptando su relato al contexto político, social y judicial, desvelando datos e información sobre su polémica gestión de la dana que había ocultado durante meses con la finalidad de evitar su imputación y confirmar su discurso. En este sentido, el president aseguró el 26 de febrero que llegó al Cecopi a las 20.28 horas del 29 de octubre, es decir, 17 minutos después de que se lanzara el mensaje masivo de alerta a los móviles de la ciudadanía que la jueza Nuria Ruiz Tobarra, encargada de la instrucción del caso, ha situado en el centro de su investigación y ha calificado de “tardío” y “erróneo” en su contenido al no pedir que se pusieran a salvo en altura. Si se hubiera lanzado antes de las 20.11, se podrían haber salvado muchas vidas, señala la magistrada, que el pasado jueves ofreció por tercera vez declarar voluntariamente al jefe del Consell, aforado y, por tanto, responde ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). A esa hora la mayoría de las víctimas ya había fallecido, añade en uno de sus últimos autos.

Mazón afirmó entonces que no cambiaba su versión porque “las 20.28 es después de las 19.30″, la hora de llegada al Cecopi que se había apuntado desde la Generalitat desde un principio, “a partir de 19 horas”, según indicó él mismo días después de la dana. La Generalitat filtró una imagen de su llegada cuatro meses después, pero aseguró hace dos semanas que se habían borrado a los 15 días (en aplicación de la ley) las imágenes grabadas el 29 de octubre por las cámaras del Palau de la Generalitat, pedidas por la oposición del PSPV-PSOE y Compromís en Les Corts. Presidencia sostiene que ese día fue al Palau tras una larga comida con la periodista Maribel Vilaplana en el céntrico restaurante El Ventorro de Valencia. Tras días de ocultación sobre su paradero, el 7 de noviembre el propio Mazón señaló a este periódico que el fatídico 29 de octubre estaba en “una comida de trabajo, al lado del despacho”. El 26 de diciembre, la Generalitat alegó que Mazón almorzó en calidad de líder del PP, no como president, para justificar que no iba a entregar la factura.

La alarma masiva condiciona el relato presidencial. El pasado 16 de abril se rescató una entrevista del programa Salvados, de La Sexta, de principios de diciembre, con el presidente de la diputación de Valencia, Vicent Mompó, del PP. En ella explicaba que estaba en el Cecopi junto a la entonces consejera de Interior, Salomé Pradas (cesada e imputada, junto a su número dos, Emilio Argüeso), cuando hablaron por teléfono con Mazón sobre “el tema de la alerta”. Mazón negó de inmediato el titular de una información sobre esta entrevista y Mompó salió para matizar: “Lo que dije en Salvados de ninguna manera implica que el presidente Mazón tuviera capacidad operativa o participara en decisiones sobre el envío del Es-Alert”. Este martes, Mompó declara ante la jueza de la dana como testigo y, por tanto, está obligado a contar la verdad.

A lo largo de estos seis meses son numerosos los mensajes en redes sociales, sobre todo en X, que rescatan de la hemeroteca y la videoteca manifestaciones de Mazón y de su equipo que o bien contradicen lo dicho con posterioridad o bien ponen en entredicho el relato de la Generalitat. “La revolución metereológica que se produjo desde las seis de la tarde nos la iban trasladando desde Confederación y desde AEMET”, afirmó Mazón ante las cámaras de Antena 3 el 1 de noviembre.

Tres días después, tras la accidentada visita encabezada por los Reyes a Paiporta, el president cambió su discurso y avanzó su relato de la dana. Aseguró en la Cope que no se envió antes el Es-Alert porque la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) desactivó hasta “tres veces la alerta hidrográfica; a la una, a las tres y las cuatro”. El Ministerio de Transición Ecológica, del que dependen las confederaciones, desmintió al poco la información. Desde este momento y hasta hoy, el Consell ha puesto en su foco al Gobierno y la CHJ, acusándola de no haber alertado del desbordamiento del barranco del Poyo, además de a la AEMET.

Corresponsabilizar al Gobierno

La Generalitat siempre trata de corresponsabilizar al Gobierno de la gestión de la emergencia y Mazón reitera que él no formaba parte del Cecopi (tampoco Mompó, que participó de toda la reunión). Numerosos internautas han reproducido las declaraciones del actual president cuando era el jefe de la oposición a propósito del grave incendio de Bejís de agosto 2022, en el que hubo más de una decena de heridos, cuando un tren atravesó las llamas. “Los protocolos de incendios [y] los protocolos de Emergencias en la Comunitat Valenciana están meridianamente claros y que la responsabilidad de haber evitado que ese tren hubiera salido y de haber avisado (...) es de la Generalitat Valenciana, cuyo máximo responsable está dando la callada por respuesta”, dijo Mazón en alusión al socialista Ximo Puig, a la sazón presidente. La jueza de Catarroja insiste en sus autos en que la gestión es “competencia autonómica”, si no se declara la emergencia nacional, como indica el Estatut d’Autonomia y el plan de Inundaciones del Consell.

El pasado 12 de febrero, el propio Mazón divulgó en su cuenta de X el audio sesgado, incluido en una noticia, de la conversación telefónica mantenida al mediodía del 29 de octubre entre una trabajadora de la AEMET y una responsable del 112, en el que la primera quitaba importancia a la situación meteorológica. En la grabación completa, sin embargo, la profesional incidía en que los avisos rojos iban a seguir vigentes y que “lo peor” se iba a producir entre las 15.00 y 18.00 horas. La AEMET, que no graba sus comunicaciones, ha denunciado ante la Fiscalía la “filtración manipulada” de la conversación con el 112, dependiente de la Generalitat.

El 3 de marzo, ante previsiones meteorológicas adversas con aviso rojo en el interior de Castellón, Mazón y la Generalitat hicieron todo lo que no se hizo el 29 de octubre: el president visitó el Centro de Emergencias a primera hora, se anunció el envío de forestales para vigilar la crecida de barrancos y se envió la alerta ciudadana con celeridad.

El 16 de abril, Mazón aseguró que habló con Pradas “durante todo el día” de la dana. El listado telefónico aportado bajo notario por la exconsejera al juzgado, no obstante, pone de manifiesto que ni le cogió el teléfono cuando estaba comiendo con la periodista, ni tampoco en los momentos más tensos del Cecopi. El listado también desveló una llamada con Pradas que Mazón obvió en su intervención del 24 de febrero en Madrid, en la que enumeró sus comunicaciones del 29 de octubre: la de las 20.10, un minuto antes de que se enviase la alarma masiva a la ciudadanía.