Migrantes, emergencia nacional

La próxima vez que la presidenta Claudia Sheinbaum hable con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los temas-obstáculo en la relación incluirán uno enorme, prácticamente inédito, entre dos mandatarios de Norteamérica.

Desde el 4 de julio a estos mandatarios los separa el gigantesco presupuesto que militariza la frontera y crea una potente y belicosa burocracia antiinmigrante, gesto hostil que se traducirá en persecución contra más de cuatro millones de mexicanos en suelo estadounidense.

En el paquete presupuestario bautizado por Trump como “Big Beautiful Bill” se aprobaron decenas de miles de millones de dólares tanto para blindar a EEUU de la posible llegada de migrantes sin documentos, como para expulsar a quienes sin los mismos están en su territorio.

Para empezar, Washington dedicará unos 46 mil 500 millones de dólares a construir un “sistema de barreras fronterizas” que es, en efecto, mucho más que los mil kilómetros de muro a levantar.

La frontera entre México y EE UU se convertirá en una franja llena de fosos y trampas con mecanismos de sensores de movimiento, suelo militarizado con cuarteles y vigilancia en tierra y aérea, plagado de agentes y puestos migratorios.

Con el presupuesto que le fue asignado, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) será la agencia de seguridad con más dinero de EEUU (supera a todas las demás juntas). Parte de ese presupuesto —45 mil millones de dólares— se destinará a construir cárceles para inmigrantes.

Lo voluminoso del monto no debe engañar: las condiciones de los detenidos en esos centros serán indignantes, sino que directamente violatorias de los derechos humanos. Jaulas en lugares inhóspitos, como el Alligator Alcatraz en los Everglades presentado esta semana.

En suma, se trata de crear una migra cíclope de 100,000 elementos (cinco veces la capacidad actual del ICE), para redadas con 3,000 detenciones diarias, meta que Trump busca a fin de cumplir la promesa de la deportación más grande de la historia.

Y en sentido contrario, pedir asilo o litigar la permanencia en Estados Unidos se volverá un proceso caro o inalcanzable, pues los trámites respectivos fueron encarecidos tres, cinco o nueve veces; toda una barrera monetaria que busca disuadir la resistencia a dejar EE UU.

Algunos de los presupuestos se irán ejerciendo por los próximos años hasta rondar una cifra final de unos 150 mil millones de dólares. Como se dice en inglés, Trump está poniendo dinero donde puso su boca: en la campaña caracterizó a los migrantes como invasores y criminales.

Se calcula que de los once millones de indocumentados en Estados Unidos, las y los mexicanos representan un 40 por ciento. Durante los primeros seis meses en el cargo, Trump ya logró que las cifras de llegadas de nuevos indocumentados caigan a niveles sin precedente.

Para la administración, el haber alcanzado en tan poco tiempo el objetivo de que decenas de miles desistan de su idea de buscar el otrora llamado “sueño americano” está lejos de ser un disuasivo de nuevas y agresivas políticas antiinmigrantes.

Trump quiere un millón de deportados al año, meta que enmarcaría el calado de su propósito; es una cifra que parece remota, aunque, según Reuters, de enero a junio ya detuvo a 100 mil personas, o 750 por día, más del doble que el promedio de la última década. Ahora habrá mucho más presupuesto para esa política.

Además de acosar a migrantes en todo tipo de recintos, desde iglesias, escuelas y centros de entretenimiento, y de amenazar con enviar a los detenidos no a su país de origen sino a países remotos e inestables, la Casa Blanca premiará la deportación voluntaria.

Si a ello se suma que el “Big Beautiful Bill” incluye, por un lado, un uno por ciento de impuesto a las remesas de los migrantes; y, por otro, que buena parte de las ayudas sociales que se suprimieron en el nuevo presupuesto pegarán también a migrantes, se tiene el retrato de la hostilidad efectiva en varias dimensiones en contra de esa población.

Lo paradójico es que este endurecimiento no reconoce en forma alguna la colaboración de países como México, que desplegó desde enero miles de elementos armados para evitar el tránsito de migrantes. Coautores de la caída histórica de arribos a EE UU y sin premio.

Por el contrario, el Gobierno mexicano podría ser usado como tercer país seguro para depositar, aquende el río Bravo, a migrantes de otras nacionalidades sin siquiera hacer público, para términos legales y de observación de derechos humanos, que eso fue aceptado por México.

Con tal panorama, no resulta sorpresivo sin dejar de ser grave que, según datos conocidos esta semana, las remesas registraron en mayo su segundo mes a la baja, y una cifra atípica, pues el día de las madres suele empujar al alza los envíos desde EE UU.

Esa caída retrata puntualmente uno de los primeros efectos concretos del terror instalado, con discursos y acciones, por la Administración Trump en las comunidades migrantes.

Como respuesta, la presidenta Sheinbaum ha apurado el nombramiento de una decena de cónsules, y a los titulares del medio centenar de esas oficinas en EE UU los ha urgido a salir a atender de primera mano las necesidades de los paisanos.

Demasiado poco y quizá demasiado tarde.

En seis meses el Gobierno mexicano pasó de instalar centros de acogida en la frontera que no fueron requeridos, a fallar al impedir el impuesto a las remesas, que si bien bajó del pretendido 5 por ciento a uno, no deja de ser una carga extra. Sheinbaum ha ofrecido a las familias de paisanos que su administración les devolverá ese monto.

Lo que no se ve por ningún lado es cómo la presidenta pueda retomar una relación que se pretendía con diálogo en igualdad de condiciones en tres frentes interconectados: la alianza comercial, la cooperación en seguridad y la búsqueda de alternativas para el fenómeno migratorio.

La diáspora mexicana en Estados Unidos tiene un volumen de unos 38 millones de personas. El drama de las familias separadas, donde padre, madre o ambos son indocumentados y los hijos no, por ejemplo, apenas comienza. Eso pesará en la agenda de Sheinbaum.

La segunda etapa de ese problema será el enorme reto en cuantos empleos para la población de repatriados que requerirán subsistencia y demandarán servicios.

Ello en un panorama donde la destrucción de empleo ha marcado al primer semestre de 2025, al tiempo que se pronostica una catástrofe por insolvencia en 2033, para mencionar un caso, del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Tonatiuh Guillén, quien fuera por un brevísimo tiempo comisionado de migración el sexenio pasado, define a la presencia mexicana en Estados Unidos, tanto a nivel de población como por la interdependencia económica, como “placas tectónicas”, donde se pueden presentar temblores, pero difícilmente fracturar. (Proceso, julio 2025).

Especialista del Colegio de la Frontera, Guillén propone trabajar con la comunidad mexicana en EE UU para potenciarla como interlocutora con los políticos de ambas naciones, y también aprovechar la intrincada relación comercial a fin de defender otras agendas.

Son ideas que podrían abonar a una discusión sobre los retos que acarreará el tener una relación donde la frontera ya no camina hacia el paradigma de la integración sino de la vigilancia armada, donde en las problemáticas Washington no privilegia mecanismos de diálogo, sino el financiamiento de fusiles, agentes, cadenas y jaulas.

Ningún gobierno mexicano tuvo el reto que ahora enfrenta la presidenta Sheinbaum. Hostilidad de sectores de Estados Unidos siempre hubo. Una frontera militarizada a nivel Medio Oriente y una migra del tamaño, más menos, de la Guardia Nacional no se pueden obviar en la próxima conversación entre ella y Trump.

De enero para acá, la situación de millones de mexicanos en Estados Unidos ha cambiado dramáticamente. Quienes dudaron de la posibilidad de crear las condiciones para una deportación masiva en el rango de los cientos de miles anuales han quedado exhibidos.

¿Con qué presupuesto, con qué herramientas, con qué argumentos y con qué cuadros diplomáticos va a emprender la presidenta Sheinbaum la mayor hostilidad efectiva de Estados Unidos desde las traumáticas invasiones?

Los derechos de los mexicanos en suelo estadounidense están por convertirse en prioridad. O así debería ser porque difícilmente la petición de hoteleros, restauranteros y agricultores de EE UU, preocupados por el impacto de las redadas, harán detenerse a Trump.

La presidenta ha de convocar a un diálogo nacional para evaluar el reto. El retorno de cientos de miles de paisanos suena más real, e inminente, que nunca. Y el de personas que en efecto sean criminales o posean récord/expertise criminal ni hablar.

Y no, no estamos ante un problema del gobierno, sino ante una emergencia nacional.