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Disputa por las calles en Ciudad de México: aumentan las quejas ciudadanas contra los franeleros

Desde la llegada de Clara Brugada a la capital, más de 5.500 personas han sido remitidas al juzgado cívico por obstrucción a la vía pública. La ofensiva cambia según la alcaldía: 1.582 remisiones en la Cuauhtémoc y 0 en Tláhuac

Un franelero en Ciudad de México, en agosto de 2025. .Emiliano Molina

Un domingo por la mañana a finales de noviembre, Aldo Escamilla, un repartidor de pan de 31 años, se disponía a hacer una entrega en la Roma, pero un episodio violento truncó sus planes y lo envió al hospital. “Llegué y, donde me estacioné, un poquito adelante, había una caja como para apartar un lugar. [...] Fui a entregar y, cuando regresé, mi llanta estaba baja”, recuerda. Cerca de ahí, vio a cuatro franeleros, personas que apartan lugares de estacionamiento colocando objetos sobre la vía pública a cambio de dinero, y les reclamó por el daño a su carro. “De pronto, me tiraron y me patearon, pero me zapatearon chido. Me dieron un golpe en el ojo y, apenas me pude levantar, me eché a correr”, narra.

Aldo asegura que se precipitó hasta la avenida Álvaro Obregón, donde halló a unos policías y pidió auxilio. “Encontré una patrulla, les dije lo que sucedió. Me acompañaron ahí a la esquina y no había nadie. Y pues nada, los policías lo único que hicieron fue como acompañarme un poquito de tiempo ahí. Ni siquiera me preguntaron cómo estaba mi ojo ni nada. Yo estaba mal, simplemente asustado, con un buen de adrenalina”, confiesa. Según el joven, los agentes lo escoltaron unas dos cuadras hasta una esquina en la que había una cámara del C5, donde lo dejaron a su suerte con una herida en el hombro y el ojo. “Me dijeron que pues ahí me iban a dejar porque no podían hacer nada. Se iban a dar una vuelta a ver si encontraban a algunos, pero al parecer no encontraron a nadie porque ya no volvieron”, relata.

De acuerdo con datos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, obtenidos por EL PAÍS a través de una solicitud de Transparencia, del 1 de octubre de 2024 al 20 de febrero de 2026, un total de 5.564 personas habían sido remitidas al juzgado cívico por obstrucción a la vía pública en la capital (94% hombres y 6% mujeres). Esta falta administrativa, establecida en la Ley de Cultura Cívica, es la que penaliza la actividad de los también conocidos como ‘viene viene’, los mismos que colocaron los botes para evitar que gente —como Aldo— estacione su vehículo en la calle.

Ante el incremento de quejas de los ciudadanos por la presencia de franeleros en la vía pública, las sanciones por esta infracción fueron endurecidas el año pasado por el Congreso de la Ciudad de México. El anuncio de arrestos de hasta 36 horas y del incremento de multas para los infractores fue recibido con una mezcla de entusiasmo y escepticismo entre los ciudadanos, quienes señalaron en redes las dificultades en la aplicación de la ley por falta de personal y voluntad de parte de las autoridades. Aldo es también un reflejo de esta desconfianza. “No dudo que realmente los policías que me acompañaron ese día que me pasó ese percance con esos sujetos conocían a los criminales, porque ellos conocen esa zona, ellos patrullan ahí. Ni modo que no sepan quiénes [eran]”, expresa.

Sobre la ofensiva contra los ‘viene viene’, la información de la Consejería también arroja resultados dispares. Alcaldías como Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo resaltan con 1.582 y 1.517 remisiones a juzgado cívico por obstrucción de la vía pública, respectivamente, mientras que Tláhuac y Milpa Alta no registran ninguna. Un poco detrás, Magdalena Contreras y Cuajimalpa recogen solamente una cada una.

El problema de los franeleros no es exclusivo de algunas alcaldías. Está presente en toda la capital, aún en los lugares en los que el Gobierno ha colocado parquímetros como una medida para acabar con este oficio informal que afecta a los ciudadanos por sus abusos. Aldo, que por su trabajo recorre distintas zonas de la ciudad, explica que la situación no es la misma en todos lados. “En el centro la banda sí es más agresiva, más impositiva, arbitraria, y de pronto sí son manchados”, dice. Relata que en una ocasión, entre las calles de Allende y Tacuba, una persona quiso cobrarle 50 pesos por estacionarse 15 minutos en un lugar en el que estaba permitido por las autoridades. “De pronto me abordó un señor y me dijo ‘Aquí te lo cuido, no sé qué, ya sabes’. Entonces me bajé y me dijo que eran 50 varos, que esas zonas son de 50″, recuerda.

La celebración de eventos masivos también influye en los precios para hacer uso de la calle. Apenas hace unos días, en la inauguración del Estadio Banorte —antes Azteca— durante el partido entre la Selección mexicana y Portugal, usuarios en redes denunciaron cobros excesivos de los ‘viene viene’ frente a la inacción de los policías. De acuerdo con un periódico local, el costo llegaba hasta los 500 pesos por estacionarse en las calles aledañas al recinto ubicado al sur de la ciudad, en la alcaldía Coyoacán. Para los infractores, la ley establece diferentes sanciones como arrestos, multas, trabajo comunitario y amonestaciones. Según la Consejería, el correctivo más aplicado fue el arresto (2.716 veces), seguido de las multas (2.655).

La historia de Aldo, que terminó con un desprendimiento de córnea aquel domingo y fue víctima de un delito por las lesiones sufridas, refleja la agresividad a la que la lucha por las calles en Ciudad de México puede llegar. Acostumbrados a que los franeleros formen parte del paisaje de la capital, los ciudadanos transitan por avenidas que parecen tomadas por estas personas que, a cambio de una cuota, otorgan su permiso para que otros hagan uso de un espacio que es público. Esta misma realidad también revela la falta de oportunidades laborales que lleva a muchos a buscar un sustento en este tipo de trabajos. Un situación ya normalizada en un país con una tasa de informalidad laboral del 54.8%, según la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con los datos de la Consejería, la mayoría de las personas presentadas ante el juzgado cívico por obstrucción de la vía pública tienen entre 26 y 40 años. La persona más joven en ser detenida era menor de edad y tenía 12 años, mientras que la edad más alta en sus registros es de 89 años. 44 individuos, de un total de 5.564, no proporcionaron su edad. A pesar de los golpes, y de que considera que los ‘viene viene’ son un problema, Aldo entiende los motivos que los llevan a convertir la calle en su lugar de trabajo. “Cuando son amables, pues no tengo pedo [en darles dinero]. Igual pues se ganan la vida, digo, también es una necesidad de acuerdo a las condiciones en las que estamos en las ciudades, ¿no? Pero también que no se pasen de lanza", pide.

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