Las causas penales contra adolescentes se disparan en México: crecen más de un 40% en dos años

Marianne Gonzaga, una influencer que apuñaló a la pareja de su exnovio, salió esta semana de internamiento preventivo, después de llegar a un acuerdo con la familia de la víctima. No solo pidió perdón, también llevó un proceso acompañada. Es parte de los protocolos, centrados en la reinserción social, con que cuentan los adolescentes que tienen entre 12 y 18 años, gracias a una ley que protege sus derechos en caso de que cometan un delito. Esta ley acaba de cumplir nueve años y por primera vez desde su aplicación, se está registrando un crecimiento de causas penales contra adolescentes. Los analistas apuntan a una reducción del personal especializado dentro de las Fiscalías y alertan del incremento de casos de abuso sexual.

En 2023, el año con los últimos datos disponibles por el Inegi, se registraron 32.852 carpetas de investigación en su contra, un 42,2% más que los de 2021. Una cifra que revierte la tendencia de caída que se reportaba entre 2017 y 2021, en los que los casos disminuyeron un 37,3%, una época en la que parecía que la nueva ley tenía efectos positivos para los adolescentes.

De acuerdo con Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, uno de los factores más importantes que han cambiado el panorama nacional sobre la vida de los adolescentes es que, en los últimos sexenios, el Estado ha debilitado sus funciones en favor de la prevención del delito, en una etapa de vida en la que las personas suelen construir su identidad, su pertenencia y sus habilidades sociales. En el contexto mexicano, en el que el machismo y la violencia están plenamente relacionados, el paso por la ilegalidad también implica “probarse como hombres” o como adultos.

Uno de los factores a considerar, que resalta Pérez García, es que gran parte de los adolescentes que cometen delitos graves fueron víctimas de otros delitos en sus primeros años de vida y estos quedaron impunes, por lo que han naturalizado la violencia y el incumplimiento de las leyes. Pérez agrega que las autoridades consideran a los adolescentes como un peligro y son víctimas de acoso policial, sobre todo en las regiones con mayor pobreza.

Con el avance de los años, Claudia Alarcón, quien trabaja con adolescentes dentro del Sistema Integral de Justicia, ha observado también el incremento de mujeres a las que se les inician carpetas de investigación y de delitos de trascendencia. En su experiencia, esto implica una mayor participación femenina en realidades violentas.

Entre las personas adolescentes imputadas, ocho de cada 10 fueron hombres y el 50% de los casos se registraron en seis Estados: Nuevo León, Estados de México, Guanajuato, Sonora, Jalisco y Chihuahua.

Claudia Alarcón, doctora en Ciencias Sociales, quien ha diseñado un mecanismo restaurativo para la atención de adolescentes en conflicto con la ley, señala que en los Estados en los que se abren más carpetas son aquellos que tienen menor capacidad por la falta de personal. Al no contar con tiempo para investigar ni condiciones para darle seguimiento a los casos, afecta directamente a los adolescentes.

A esto se suma que el personal especializado en la atención a este grupo, dentro de los Ministerios Públicos, ha reducido en el último con registro. La especialización en los adolescentes resulta primordial para brindarles una atención que se ajuste a sus necesidades. Para Alarcón es importante considerar que es necesario contar con todo un sistema penal que se especialice, tanto en policías, ministerios públicos y jueces, como con abogados defensores y que comprendan por completo las leyes que giran en torno a los derechos de niños y adolescentes.

Los delitos cometidos y la impartición de justicia

En México hasta los 14 años los adolescentes no pueden cumplir medidas que le priven de la libertad. Los mayores de esa edad solo podrán ser internados cuando otras medidas no se consideren suficientes, es decir, para los delitos denominados graves.

Para Alarcón, pretender juzgar a los adolescentes como adultos implica no entender la naturaleza del delito cometido, los factores sociales, ni las historias de vida de cada uno de ellos. Pérez García asegura que sería necesario que los datos sobre los adolescentes que cometen delitos estén seccionadas por regiones para lograr una intervención que prevenga las infracciones a la ley. Entre los adolescentes se registran cinco delitos más comunes, el 24,8% fueron por cometer lesiones, el 15,2% por robo, 9,4% por amenazas, el 9% abuso sexual y 8,4% por narcomenudeo.

Pérez García también relaciona el incremento de los delitos de abuso sexual cometidos por jóvenes con la realidad en la que viven, en la que los discursos machistas han incrementado en las redes. Se desinforma sobre las leyes que protegen a las mujeres como un detrimento para los hombres y se les educa en ambientes que permiten los delitos machistas. De acuerdo con los datos del Inegi, la mayor parte de las víctimas de los adolescentes, el 58,2%, son mujeres.

Ambos expertos coinciden en que se debe trabajar en un sistema penal para adolescentes que atienda sus realidades, los impulse de manera personalizada, pero sobre todo que se aliente que los adolescentes cuenten con un ambiente seguro, en el que puedan desarrollar su personalidad y en el que no sean criminalizaos por los adultos que cuentan con una mirada que solo se centra en las lógicas adultas de lo correcto o lo incorrecto.