Un operativo del Gobierno detiene a 102 personas en un golpe contra la extorsión en el Estado de México

La extorsión, el delito que parece resistirse a los esfuerzos del Gobierno de México en materia de seguridad, ha recibido este miércoles un importante golpe. El Gabinete de Seguridad ha anunciado la detención de 102 personas (25 mexicanos y 77 extranjeros) y 192 inmuebles, que funcionaban como call centers y centrales de préstamo y se ubicaban en el Estado de México, durante la operación Desconexión, enmarcada en la Estrategia Nacional contra la Extorsión. De acuerdo con la información compartida, también se decomisaron equipos de cómputo, teléfonos, chips y dinero en efectivo que están vinculados al fraude y el narcomenudeo.

Según la información de las autoridades locales, el modus operandi de este tipo de redes de extorsión consiste en manipular a sus víctimas para que compartan su información personal y después coaccionarlos para obtener una ganancia. También se hacían pasar por entidades financieras para obligarlos a realizar transferencias bancarias. Las centrales de préstamo que fueron intervenidas realizaban préstamos con tasas de interés muy altas que imposibilitaban su pago.

El Gobierno ha destacado que estas acciones permiten ”combatir esquemas de extorsión indirecta mediante llamadas y mensajes, así como los préstamos ‘gota a gota’“. Este delito, que sacude todos los sectores de la población -desde un humilde trabajador hasta los empresarios-, es uno de los grandes desafíos del Ejecutivo, lo que llevó el año pasado a Claudia Sheinbaum a reconocer que todavía quedaba trabajo por hacer en este tema. ”La extorsión es el delito que no hemos podido disminuir", dijo la presidenta durante la presentación de una ley para combatir este crimen. De acuerdo con datos oficiales, entre 2019 y 2025, las extorsiones han aumentado un 23,1%. A este escenario se le agrega que existe un gran número de casos no denunciados.

La operación Desconexión, que fue conocida este miércoles, contó con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General y la Guardia Nacional. Además, fue realizada en coordinación con la Fiscalía del Estado de México y la Secretaría de Seguridad local. Las acciones duraron 46 días y buscaban “irrumpir en los esquemas de ‘préstamos abusivos’” que tienen lugar a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, páginas web y otras aplicaciones, según la Fiscalía del Estado de México.

En un intento por erradicar este gran dolor de cabeza, el Gobierno anunció en junio del año pasado una ley general que persigue este delito de oficio, sin necesidad de una denuncia previa, y establece hasta 42 años de prisión para los infractores. La legislación, que fue aprobada en diciembre, busca atajar un problema que era difícil de abordar por considerarse de ámbito local. “La extorsión estaba asociada a un delito estatal y dependía de la denuncia de un ciudadano. La modificación lo que hace es: primero, involucrarlo también como un delito federal que pueda ser investigado desde la Fiscalía General de la República, y hacerlo un delito que se persiga de oficio y que tenga una sanción mayor”, explicó Sheinbaum durante el Consejo de Seguridad Nacional el año pasado.