Estados Unidos aprieta a México por la pugna de la minera Vulcan Materials

Estados Unidos se resiste a ceder con México en la pugna de la minera Vulcan Materials. El Congreso estadounidense está analizando la aprobación de una ley que protege los bienes de las empresas de ese país en el extranjero. La propuesta —que ya ha sido aprobada por la Cámara de Representantes y está pendiente de votación en el Senado— podría suponer sanciones para el Gobierno mexicano, que en 2024 declaró Área Natural Protegida a la mina de piedra caliza de la firma en el Estado de Quintana Roo, para impedir que la minera siguiera con la explotación en la zona. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha asegurado que su Administración busca nuevos terrenos en los que Vulcan Materials pueda seguir con sus actividades para evitar una confrontación con Estados Unidos.

Los congresistas estadounidenses han elevado el conflicto que desde 2022 mantiene en vilo a la minera. El Acto para Proteger a las Empresas Estadounidenses en el Extranjero fue propuesto por el congresista de Texas August Pfluger, quien ha reconocido que la iniciativa está inspirada en el caso de Vulcan Materials con México, argumentando que la empresa minera se encuentra en desventaja frente a las acciones del Gobierno mexicano y que este, además, viola el tratado de libre comercio (TMEC). “No podemos permitir que un Gobierno extranjero robe propiedad estadounidense y no enfrente consecuencias”, ha dicho Pfluger en su discurso en Washington.

Vulcan Materials posee una mina a cielo abierto de piedra caliza, de unas 2.000 hectáreas de extensión, cerca de Playa del Carmen, en el Estado de Quintana Roo. Además, cuenta en la misma región con una concesión en la terminal marítima de Punta Venado, vigente hasta 2037. Desde 2022, la minera mantiene un tira y afloja con el Gobierno mexicano, que buscaba hacerse con los terrenos. La compañía llevó el asunto a un arbitraje internacional en el que reclama 1.900 millones de dólares por la propiedad. En 2024, la Administración de Andrés Manuel López Obrador declaró como Área Natural Protegida 53.000 hectáreas de la Península de Yucatán, en las que estaba incluido el terreno de Vulcan Materials. La designación impide a la empresa cualquier explotación minera.

La firma ha reclamado en varias ocasiones que las autoridades mexicanas le han presionado para conceder el terreno. La clausura de la minera en 2023 estuvo acompañada de miembros del Ejército y la Marina, lo que elevó la tensión entre ambos países . El congresista Pfluger ha denunciado que mientras el arbitraje internacional se resuelve, el Gobierno mexicano ha encontrado vías a través del fisco para presionar a la firma. “Ahora México está utilizando como arma a su autoridad tributaria para reclamar miles de millones de dólares retroactivos y confiscar lo que queda”, ha mencionado el republicano de Texas.

México asegura que hasta el momento “no existe expropiación ni confiscación de activos de Vulcan Materials”. Entre los argumentos del Gobierno mexicano está que la minera abusó de la explotación de minerales que le fue autorizada inicialmente. La Secretaría del Medio Ambiente se encuentra vigilando que no haya más actividades en la zona y ha rechazado los señalamientos desde el norte sobre la expropiación del terreno. “Los predios, incluyendo la terminal marítima, continúan siendo propiedad de la empresa. Las medidas adoptadas corresponden a la restricción de actividades extractivas derivada de la declaratoria de Área Natural Protegida Felipe Carrillo Puerto, conforme al marco jurídico mexicano”, ha mencionado el Gobierno en un comunicado.

Sheinbaum ha asegurado que las renovadas intenciones de Estados Unidos por sancionar a México están lejos de concretarse. La mandataria ha explicado este martes que la búsqueda de nuevos sitios para que la minera continúe trabajando en el país puede ser una vía para solucionar el conflicto. “Ya no se podría explotar en el Área Natural Protegida, hay algunas minas que están en otros lados que la Secretaría de Medio Ambiente tendría que analizar si es factible su explotación o algún otro mecanismo para que se evite la controversia y se pueda llegar a un acuerdo”, ha mencionado.

Una de las bazas de Estados Unidos para lograr un acuerdo lo más pronto posible se recarga en la revisión del TMEC, que se encuentra en negociaciones y tiene como fecha límite el 1 de julio. El jefe de la representación comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), Jamieson Greer, ha apuntado ante el Congreso que como una de sus prioridades en la mesa de negociación está la compensación de la minera. “[Hay] cambios perjudiciales en el clima empresarial de México, evidenciados por las recientes reformas constitucionales para renacionalizar el sector energético mexicano de manera que perjudican a los inversionistas estadounidenses, y la negativa de México a compensar a la empresa estadounidense Vulcan Materials por el robo de su mina de grava”, dijo en diciembre Greer en su comparecencia ante el Congreso.

México ha defendido durante meses su interés porque el TMEC se renueve con cambios menores y ha reconocido que podría hacer algunas concesiones para lograrlo. Después de entrar en un punto muerto, la pugna por el futuro de la mina y la terminal marítima de Vulcan Materials abre nuevos caminos para conseguir un punto de acuerdo. “Si el Gobierno extranjero regresa la propiedad, ofrece una compensación justa y resuelve la disputa, entonces las restricciones se retiran”, ha propuesto el legislador que ha llevado la iniciativa al Congreso. Sheinbaum, además, mantiene abierta la puerta a un nuevo compromiso que evite el pago de la millonaria indemnización.