El plan de Sheinbaum contra la extorsión comienza a dar resultados en el convulso Michoacán

La detención esta semana de Cesar Sepúlveda, alias El Botox, es el primer golpe de envergadura del Gobierno de Claudia Sheinbaum en el combate contra la extorsión. Con una agenda de seguridad condicionada irremediablemente por las presiones de Donald Trump, la lucha contra el chantaje mafioso, que atenaza desde hace años a gran parte del país, es una de las prioridades declaradas del Ejecutivo más allá de la turbulenta relación con el vecino del norte. La captura del Botox, líder de una red de sicarios y extorsionadores, es también el primer fruto de peso de la intervención federal en Michoacán. Un plan lanzado apenas en noviembre como respuesta a la crisis de seguridad en el Estado, tras una serie de asesinatos a políticos y empresarios. Uno de los más sonados, el de un presidente de la patronal de agricultores de limón de del Valle de Apatzingán, una de las zonas más sometidas al poder depredador del crimen organizado, atribuido al líder mafioso detenido esta semana.

El perfil criminal del Botox encarna la dimensión del problema. Según las autoridades, la banda de Sepúlveda controlaba desde la recolección de la basura, a la venta de cerveza y gasolina, toda la cadena de producción y distribución del limón y el aguacate, o la venta de pollo y huevos. Una voracidad alimentada por la debilidad, cuando no la complicidad institucional, que trasciende el caso de Michoacán, y que atraviesa Veracruz, Guerrero, Estado de México o la propia capital del país.

“La extorsión es el delito que no hemos podido disminuir”. Lo dijo la propia presidenta en julio durante la presentación una proyecto de ley general contra este delito, con una altísima cifra negra -casos no denunciados-, pero que desde 2019 ha aumentado casi un 30%. La estrategia sexenal contra la violencia está dando por ahora resultados con una bajada sustancial de las cifras de asesinatos —pese a situarse aún en cotas altas—, incautaciones de droga y golpes a los cabecillas del crimen organizado. Unos movimientos sincronizados en gran medida con las presiones de Estados Unidos.

La ley contra la extorsión, aprobada a finales de año, incluye un refuerzo de las competencias de las fiscalías, con la creación unidades especiales dentro de las agencias estatales; la puesta a disposición de un número para denuncias anónimas; y el fortalecimiento de las labores de inteligencia, incluyendo la entrada de la Unidad de Inteligencia Financiera para bloquear las cuentas bancarias de los criminales.

El fortalecimiento de la Inteligencia es lo que más destacan las autoridades como la herramienta más efectiva para atajar este delito escurridizo. Fuentes federales apuntan que esas mismas labores fueron cruciales para la detención del Botox, al que llevaban siguiendo la pista desde hace al menos cinco años. “Es un delito muy difícil”, reconoce la doctora en Derecho e investigadora del CIDE en temas de seguridad y drogas Catalina Pérez Correa. “Pero me temo que concentrar la estrategia en las detenciones de los líderes de las organizaciones criminales no es lo más conveniente si no se profundiza en la parte de la gobernanza criminal, la impartición de justicia, el sistema penitenciario, las redes de dinero y complicidades con las autoridades. Sabemos que esta estrategia aislada provoca aún más violencia, como demuestra el caso de Sinaloa”.

El caso al que se refiere la académica es la guerra intestina entre facciones del histórico Cartel del Pacífico tras la captura de varios capos al mando, y que acumula en algo más de un año de conflicto más de 2.000 asesinatos y una cifra similar de desaparecidos. La analista política Lorena Cortés, especialista en Michoacán, coincide en que es imprescindible que las estrategias de seguridad abarquen todos los eslabones de la cadena, “desde el sistema de justicia al penitenciario”. La analista recuerda que el propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha defendido los envíos de presos del crimen organizado a Estados Unidos para evitar que sigan cometiendo delitos desde las cárceles mexicanas.

En el caso concreto de Michoacán, la intervención federal tras la crisis de noviembre ha supuesto, por ejemplo, el cese a las pocas semanas del secretario Estatal de Seguridad, Juan Carlos Oseguera, y gran parte de su equipo. El nuevo titular, José Antonio Cruz Medina, exdirector en la Guardia Nacional y miembro de la extinta Policía Federal, llega como parte del Plan Michoacán y es un hombre de confianza de Harfuch, también con un pasado en la corporación federal. “Cruz trae unas metodologías de trabajo que vienen de aquella época. Ha renovado a su equipo y ha desplazado muchos policías corruptos. Esto ha generado por el momento una ola de confianza”, añade Cortés.

El propio Harfuch anunció esta misma semana el saldo del Plan Michoacán. Desde noviembre, van 430 personas detenidas y más de 700 kilos de metanfetamina confiscada, así como 26 supuestos campamentos del crimen organizado. La investigadora especialista en Michoacán recuerda en todo caso que la estrategia federal está en teoría más enfocada en acciones de desarrollo social, como una receta preventiva de la violencia. “Los ejes son salud, vivienda, jóvenes, pero estamos viendo que no existen indicadores que midan los resultados de esas acciones. El plan está más sustentado en una narrativa política para apaciguar la crisis de hace unos meses”, sostiene la académica, que apunta además que este plan se parece bastante a otros intentos de Gobiernos anteriores.

Michoacán es el símbolo de la interminable crisis de seguridad de México, de las estrategias fallidas, de la corrosión de la política y la economía por el crimen organizado y de la evolución de las mafias: del negocio de la droga a la extorsión, a parasitar los jugosos negocios del Estado. Desde el aguacate de Uruapan, al limón de Tierra Caliente o las rutas comerciales con Asia desde el puerto Lázaro Cárdenas, uno de los mayores del Pacífico latinoamericano.