La nueva Suprema Corte, entre la autonomía judicial y el regreso al presidencialismo

En enero de 1995 iniciaba sesiones la Suprema Corte de México que surgió de la reforma judicial impulsada por el entonces presidente, Ernesto Zedillo. Fue un cambio radical. Los 26 ministros que integraban el pleno fueron removidos de un plumazo y reemplazados por 11 togados validados por el Senado. Según la versión oficial, Zedillo buscaba dar una sacudida a un tribunal que durante años estuvo sometido a la voluntad presidencial. Tras bambalinas, el mandatario tuvo el control en la designación de los nuevos ministros, según las crónicas de la época. Así que, en cierto modo, todo cambió para quedar igual. Pero las formas importaban mucho. Para sostener su punto de cara al público, Zedillo no acudió a la ceremonia de instalación del pleno de aquella Corte, con la idea era remarcar la distancia, la autonomía de los poderes de la Unión.

Tres décadas después, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asistirá este lunes al evento de arranque del nuevo Supremo, el que ha nacido de la reforma judicial que impulsó su partido, Morena. Los críticos del oficialismo sostienen que ese solo gesto demuestra la realineación de la judicatura con el poder político, un retorno al presidencialismo que influía en el dictado de las sentencias. Los defensores de la reforma morenista afirman, al contrario, que la presencia de Sheinbaum en el acto protocolario indica el restablecimiento de las relaciones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, tras la absoluta ruptura a la que llegaron ambas instancias desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y que continuó a la fecha. Sheinbaum ha afirmado que la de este lunes será una “histórica toma de protesta”. Lo es, sin duda. México se ha convertido en el primer país del mundo en someter al voto popular la elección de todos sus jueces.

Morena asegura que este lunes comienza una mejor época de justicia democratizada, cercana a los intereses del pueblo. Con ello, a decir de la presidenta, termina en la Corte “una era muy cuestionada por sus sentencias, por la corrupción, por la defensa de privilegios, por el nepotismo”. El pilar del nuevo Poder Judicial fue la elección de jueces de junio pasado. Según el credo oficialista, y particularmente el de López Obrador, entre más votaciones haya, entre más cargos se elija en las urnas, más democracia hay y más poder tiene la gente. Pero la idea de que la Corte que inicia es producto de la auténtica voluntad popular se estrella con el hecho de que, en el marco de los comicios judiciales, Morena implementó un gigantesco operativo electoral para dirigir el voto a favor, precisamente, de los nueve togados que tomarán posesión del cargo este lunes.

El abogado mixteco Hugo Aguilar presidirá el Supremo por los próximos dos años. Originario de Oaxaca y con fuerte arraigo en las comunidades indígenas, la figura de Aguilar funciona como una yuxtaposición, el contraste con una Corte dominada anteriormente por las élites y los intereses de cuello blanco, de acuerdo con el discurso oficialista. Este lunes, antes del inicio de sesiones, habrá una ceremonia tradicional de “purificación y entrega de bastón de mando” a las afueras del alto tribunal, para enfatizar el cambio de época, el pacto con el pueblo y la independencia respecto de los poderes fácticos. Nuevamente, el discurso ha chocado con los gestos. El futuro presidente de la Corte ha acudido en las últimas semanas a reuniones de índole política donde lo han arropado los líderes de Morena.

La autonomía de la nueva integración de la Corte ha estado a discusión en los círculos académicos y políticos desde hace meses. Las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz hicieron su campaña judicial con el libreto de Morena. El resto de los nuevos ministros están vinculados a funcionarios federales o a facciones dentro del partido. “Todos fueron nombrados por su cercanía con el poder político. Parece que esta será una Corte mucho más cercana a la Administración pública, al Poder Ejecutivo, no solo por los eventos a los que asista la presidenta, sino en sus decisiones”, señala el abogado Luis Tapia. “Preocupa que las decisiones donde esté involucrada la Administración, o las leyes y reformas prioritarias para la Administración, sean validadas [en automático] por la Suprema Corte”, añade.

Tapia hace notar que, en esta nueva era, el Supremo pierda relevancia en el equilibrio de poderes. Muy pocos casos podrían llegar a resolución al pleno, habida cuenta de que la oposición en el Congreso está tan reducida que no tiene facultades para solicitar la intervención de la Corte en la resolución de conflictos constitucionales. La abogada Melissa Ayala cuestiona de qué manera, en los hechos, se ejercerá la supuesta cercanía de la justicia con el pueblo (de entrada, Aguilar ha adelantado que la Corte será itinerante y que sostendrá sesiones en los Estados). La jurista señala que, tratándose de los juicios de amparo, el Supremo tendrá que decidir entre el ciudadano y la autoridad gubernamental a la que aquel le reclama. ¿A quién dará la razón? “¿Será una justicia que siempre falle a favor de las partes quejosas y en contra del Estado?”, plantea. “Se chocaría con una de las grandes quejas de la actual Administración, que señala que cómo es posible que la Corte proteja a personas como el empresario Ricardo Salinas Pliego. ¿O qué va a pasar cuando valide una política pública y falle a favor del Estado y en contra de la gente?”, añade.

Las principales figuras de Morena han insistido en que, a lo largo de las últimas tres décadas, los ministros fueron muy cercanos al poder político y económico. Desde ese punto de vista, la reforma de Zedillo no significó una ruptura con el pasado, sino un cambio de manos en el control de las palancas del poder dentro del Supremo. En un artículo publicado en Reforma en 2015, Margarita Ríos Farjat —que a la postre se convertiría ella misma en ministra, a propuesta de López Obrador— señalaba que la Corte fue durante décadas un “refugio de políticos”, una caja de resonancia de la voluntad presidencial. El periodista Miguel Ángel Granados Chapa escribió en 2006 en el mismo diario: “En todos aquellos años [previo a la reforma zedillista] los ministros votaban, a nadie le cabe duda, pero la decisión no estaba en sus manos. Solían aguardar a que desde la casa presidencial (Chapultepec o Los Pinos) llegara la indicación, sugerencia, instrucción u orden”.

La presidenta Sheinbaum suele traer a colación la reforma de Zedillo como un ejemplo de captura del Ejecutivo sobre los jueces. Ha señalado que, si la intención de Morena hubiese sido someter al alto tribunal, habría nombrado directamente a los nuevos integrantes, tal como hizo el exmandatario priista. “Si, porque la presidenta Sheinbaum va a ir a la toma de protesta de la Corte, dices que no respeta la independencia, y porque Zedillo no fue, él si la respetó, sería una lectura equivocada”, observa un colaborador de Sheinbaum que ha pedido no publicar su nombre. “Lo de menos es que Zedillo no haya ido a la instalación del pleno. Ya era su Corte”, agrega. Este colaborador afirma que los ministros electos en las urnas darán muestra de su autonomía con cada sentencia que emitan.

La abogada Ayala coincide en esta lectura, y pone de ejemplo a los ministros salientes Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara, que, aunque fueron postulados por López Obrador, ya en el cargo rehusaron acatar las instrucciones del presidente y optaron por la lectura constitucional de los asuntos. “No podemos arrojarnos al vacío y decir que todo está perdido. Sí creo que, aun en estos momentos de tanta incertidumbre, vamos a encontrar ministros valientes, que estarán a la altura de ser jueces constitucionales”, dice la jurista. Comienza la siguiente etapa de la justicia en México. A partir de ahora, los saldos positivos o negativos apuntarán a Morena, a López Obrador y a Sheinbaum, los artífices de este profundo cambio político. Nueva época. Año cero. Día uno.