Sheinbaum profundiza la lucha contra la violencia en busca de un sello propio

Las políticas de seguridad de Claudia Sheinbaum han dado en las últimas semanas pasos de gigante con decomisos millonarios de combustible robado, el huachicol, y la presentación de un plan audaz contra la extorsión, un delito que ha crecido y que sufren millones de ciudadanos obligados a pagar un impuesto criminal por las ganancias de sus negocios. A lo que hay que sumar, desde que comenzó su presidencia, las múltiples incautaciones de drogas, enfrentamientos armados contra el narco y detenciones. Todo ello esboza ya un sexenio encaminado a tapar el agujero que quedó pendiente en el anterior: la seguridad ciudadana. La famosa política de “abrazos y no balazos” de su antecesor en el cargo, Andrés Manuel López Obrador, ha quedado en ocho meses sepultada bajo un alud de operaciones policiales y militares que están dando resultados medibles. Algunos aventuran ya que el mandato de la primera presidenta en la historia de México será clave para avanzar en la gran asignatura pendiente del país, la lucha contra la violencia.

Sheinbaum fundó su campaña electoral en la continuidad con el gobierno anterior y en buena medida así está siendo, salvo en la seguridad, donde el distanciamiento con su mentor político, López Obrador, es evidente en lo técnico y puede acabar siéndolo también en lo político, al menos en esta materia. De su experiencia en el Gobierno de la capital, la presidenta traía una estrategia basada en la inteligencia policial y un hombre clave, su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que hoy desempeña igual cartera a nivel federal. Es una de las figuras cruciales de la pelea contra el crimen y la delincuencia general y su popularidad crece de la mano de los resultados. Son pocos los que se atreven a cuestionar los avances contra la violencia en el país, aunque no se le atribuyan por completo a la política interna.

Uno de los grandes acicates para enfrentarse al crimen organizado llegó con las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, que exigió eficacia policial para frenar a los capos y taponar el tráfico de fentanilo bajo la presión de imponer aranceles si su reclamo no se satisfacía a plenitud. “A Trump no le interesa la seguridad de su país y mucho menos la de México, son solo pretextos para su expansionismo económico vía tasas comerciales”, dice Armando Vargas, del centro de análisis político México Evalúa. Sin embargo, sabe que los embates del republicano han empujado las iniciativas de Harfuch, el secretario de Seguridad más amenazado del mundo (sobrevivió a un atentado del Cartel Jalisco Nueva Generación que dejó su coche oficial con 400 balazos y un guardaespaldas muerto), un hombre que mantiene buena relación con el Departamento de Seguridad estadounidense, lo mismo que los militares con sus homólogos en aquel país, a decir de Sergio Aguayo, otro de los grandes especialistas en el estudio de la violencia y la paz de México. “Es la primera vez que no hay un militar al mando de la Seguridad, aunque colaboren con el Ejército”, dice Aguayo. La presidenta ha conferido a Harfuch y su equipo un gran poder que hoy es ejemplo “de la gran generación de especialistas en seguridad que se ha ido formando en México en las últimas décadas”, sostiene Aguayo.

Trump no ha sido, sin embargo, el único factor para poner manos a la obra contra la delincuencia. Las condiciones de violencia en que se encontró Sheinbaum el país y la acusada percepción de inseguridad que manifestaba la ciudadanía obligaban a redoblar esfuerzos. El crimen organizado está atomizado en centenares de bandas mientras los grandes carteles se desangran y se reorganizan en una lucha sangrienta fruto del descabezamiento del cartel de Sinaloa, con sus grandes capos, Ismael Zambada y dos de los hijos del Chapo Guzmán, encarcelados en Estados Unidos. “Todo ello demandaba, con urgencia, políticas de seguridad para contener la violencia y abordar el cobro de piso [el extendido impuesto criminal citado antes]”, afirma Vargas. Lo mismo opina Laura Atuesta, profesora de la Universidad EAFIT de Medellín e investigadora del Programa de Política de Drogas: “Los grupos criminales se han multiplicado y han diversificado de tal manera sus actividades que se necesita una estrategia de seguridad integral que realmente ataque sus estructuras económicas y financieras”, dice. Y aplaude que la presidenta “haya entendido que la violencia es un problema que va más allá de la tasa de homicidios, pues tiene múltiples aristas: extorsión, desapariciones, huachicoleo, secuestros”.

Hay, como tercer factor que menciona Vargas, una oportunidad política indudable en esta lucha contra la violencia que en México cobra cifras de país en guerra, con unos 65 homicidios diarios y millones de víctimas de otros delitos. Sheinbaum goza de una amplísima popularidad que no se ha desgastado todavía con el ejercicio del poder, pero curiosamente, algunas élites de su partido, dice Vargas, “el núcleo duro obradorista, no está del todo conforme con su estrategia de seguridad”, que rompe a las claras con los preceptos del gran líder del partido gobernante, López Obrador, cuya sombra es todavía muy alargada.

El reciente acuerdo al que ha llegado uno de los hijos del Chapo, Ovidio Guzmán, con la Fiscalía estadounidense para rebajar su pena por narcotráfico, inquieta a la clase política mexicana: “Para alcanzar esos acuerdos se necesita ofrecer información privilegiada de gobernanza criminal”, plantea como hipótesis Vargas. Y México no se ganó el calificativo de narcoestado gratuitamente. “Sheinbaum busca legitimar una buena administración con su política de seguridad, hacer su círculo propio, dejar su sello, captar a las élites y responder a las bases”, sugiere el coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa.

La presidenta ha encontrado no solo un buen hueco político aprovechable, el que dejó su antecesor, “sino una fórmula que le ofrece réditos inmediatos, resultados rápidos”, dice Aguayo. “Está habiendo aciertos y errores, pero los avances son indudables y medibles”, añade el especialista del Colegio de México. “Junto con Estados Unidos, México tiene una capacidad de fuego e inteligencia enorme, pero deben incursionar también en el ataque a la economía de empresarios ligados al crimen, como en el caso del huachicol”, dice. La asfixia económica es otra de las patas que se está implementando en parte gracias a la incidencia del Departamento del Tesoro estadounidense, que no deja de sancionar a empresas y bancos que colaboran con el lavado de dinero y otras transacciones.

Ese ataque a las estructuras financieras es algo que menciona Atuesta como una de las claves del éxito en esta lucha interminable. Pero también cree que habría que pensar en “una posible regulación de las drogas ilícitas que reste fuelle a las ganancias exorbitantes quede los grupos criminales, así como lograr acuerdos tangibles con Estados Unidos sobre el tráfico de armas” que fortalece sin medida a los carteles y deja los muertos en México. Por último, la experta propone “atacar la violencia desde diferentes frentes, considerando que el éxito de una política de seguridad no se mide solo por la disminución de los homicidios”.

Como sugiere Aguayo, la presidenta Sheinbaum se ha dedicado a atajar el crimen en sus mil caras, entre otras cosas “porque era prioritario y rentable políticamente”, pero de paso está consiguiendo diferenciarse de López Obrador, el líder carismático cuya figura le persigue, a decir de sus adversarios, y de la que no es fácil desentenderse si quiere contentar a los propios. Es pronto para decir si la seguridad será el sello de su mandato, pero algunos ya lo dan por hecho. Tan es así, que hay quien ya atisba un posible sucesor para la presidencia si México consigue logros que se esperan desde hace lustros: el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.