Anticorrupción rechaza dejar en libertad a Cerdán para evitar que contacte con los empresarios de la trama y alterar pruebas

El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, se opone a dejar en libertad a Santos Cerdán porque todavía podría “ocultar, alterar o destruir” pruebas relevantes para la investigación abierta en el Tribunal Supremo por el supuesto amaño de contratos públicos a cambio de comisiones. Así lo expresa Luzón en un escrito remitido al instructor del caso, el magistrado Leopoldo Puente, en el que pide que se rechaze el recurso presentado por Cerdán contra su ingreso en prisión preventiva. El fiscal apunta sobre todo a la posibilidad de que, fuera de la cárcel, el ex secretario de Organización del PSOE continuara “relacionándose” con los empresarios supuestamente responsables del pago de mordidas. “Es precisamente el actual desconocimiento de las comunicaciones de Santos Cerdán con la parte activa de la corrupción y hasta la identidad y los detalles de sus relaciones con esta, lo que genera el apuntado riesgo de alteración o destrucción de pruebas”, advierte Luzón.

En un escrito de 17 páginas al que ha tenido acceso EL PAÍS, Luzón explica que la libertad de Cerdán implica un riesgo que no se da en los otros dos supuestos cabecillas de la trama corrupta, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el que fuera su asesor, Koldo García, “cuyas viviendas ya han sido registradas, sus dispositivos telefónicos e informáticos intervenidos y la investigación patrimonial concluida o prácticamente concluida”. No obstante, el fiscal considera aún más relevante para pedir el encarcelamiento preventivo de Cerdán, el “específico papel” que supuestamente desarrolló este en el ámbito de “la organización criminal” que se investiga.

En este sentido, Luzón advierte de que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que destapó la implicación de Cerdán revela que este “asumió la dirección de una organización criminal que de manera concertada y coordinada con otros consiguió, desde su alto cargo en el PSOE, Secretario de Organización, penetrar en junio de 2018 en un Gobierno al que era ajeno, nada menos que en las entrañas del entonces denominado Ministerio de Fomento, uno de los departamentos con mayor capacidad inversora, estableciendo desde el principio un eficaz y duradero sistema de cobro de comisiones por adjudicaciones públicas”. “Todo eso”, añade el fiscal, “lo organizó o amparó, presuntamente, Santos Cerdán para, conjuntamente con José Luis Ábalos y Koldo García, quebrantar en su beneficio y en el de terceros el correcto funcionamiento del sistema de contratación pública, dañando la libre competencia y encareciendo el coste de las obras públicas”.

El fiscal rechaza uno a uno los argumentos esgrimidos por la defensa del exdirigente socialista para pedir su libertad. Entre otros, la defensa de Cerdán ha cuestionado los audios hallados en casa de Koldo García, el principal indicio que manejan por ahora los investigadores, aludiendo a que la UCO admite que algunos pasajes son ininteligibles, lo que ha llevado a que los investigados aludieran ante el juez a posibles conversaciones sacadas de contexto en las que no se decía lo que los investigadores consideran que se dice. Para Luzón, sin embargo, “la suma de conversaciones y su univocidad incriminatoria torna quimérica la tarea de interpretar los pasajes ignotos de manera que aporten a las conversaciones un significado diferente al que les atribuye la UCO y, en definitiva, cualquier oyente”.

El fiscal hace referencia también al contrato privado encontrado por la UCO en casa del empresario Joseba Antxón Alonso, dueño de Servinabar, según el cual, Cerdán compró en 2016 por 6.000 euros el 45% de esta sociedad, clave en los inicios de la trama y a la que se han adjudicado varios d elos contratos bajo sospecha. la defensa del exdirigente socialista quita importancia a ese documento y lo define como un mero “borrador de escritura”, un argumento que no comparte Luzón. “Se trata de un documento fechado, sellado y firmado en todas sus páginas por comprador y vendedor denominado ‘escritura de compraventa de participaciones sociales’ que, en efecto, no se llegó a elevar a escritura pública muy presumiblemente para evitar el conocimiento por terceros de la participación de Santos Cerdán en una sociedad interesada en contrataciones públicas en las que el propio Santos iba a tener una intervención directa o indirecta”, advierte el jefe de Anticorrupción.

Luzón da toda la validez a ese documento que, considera, desplegó “plenos efectos” entre Joseba Antxón Alonso y Cerdán y que, además, pone de nuevo de relieve ”la especial vinculación" del exdirigente socialista con Servinabar. El fiscal advierte de que la firma de ese documento privado sin elevarlo a escritura pública es una “operativa tantas veces vista, literalmente de manual de ocultación de titularidades reales”.