El juez Peinado solicita los correos electrónicos entre Begoña Gómez, la exasesora de La Moncloa y un directivo de Google

El juez Juan Carlos Peinado ha solicitado los correos electrónicos intercambiados entre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, la exasesora de La Moncloa Cristina Álvarez y Miguel Rodríguez Bueno, directivo de Google, “con relación al software” del proyecto tecnológico de la cátedra extraordinaria que dirigía Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y que el magistrado investiga dentro de la causa contra la mujer de Pedro Sánchez por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida durante su trabajo como docente. Peinado ha solicitado también a Rodríguez “la documentación” que este señaló que poseía sobre el asunto durante su declaración como testigo a mediados de mayo.

El magistrado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, también ha requerido a las empresas colaboradoras con la cátedra Deloitte, Mindsait (Indra), Telefónica, Google, FLAT101 y Devoteam “que aporten los códigos fuente, ejecutables, repositorios, desarrollos o entregables digitales” sobre dicho software “a fin de permitir su análisis”. Del mismo modo, ha pedido a la UCM el volcado y contenido de la cuenta del correo oficial de la cátedra que dirigía Gómez y a la empresa Arys Internet SL los documentos del registro de la plataforma.

Peinado lleva más de un año instruyendo la causa contra la esposa de Pedro Sánchez, en la que ya han pasado a declarar como testigos varios de los representantes de las empresas que financiaron un proyecto tecnológico puesto en marcha por la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva. Esta iniciativa buscaba ayudar a las empresas, principalmente pymes, y a desarrollar su actividad productiva. Dentro de ese plan se incluyó el desarrollo de un software que, según indicaron los directores del proyecto, nunca llegó a completarse.

Gómez está acusada de haber inscrito a su favor la marca del proyecto y dicho software en una sociedad de su propiedad. Cabe destacar que UCM investigó el año pasado la posible inscripción de la que se le acusa y consultó al registro de la propiedad intelectual si esto era cierto. El registro contestó que ni la esposa del presidente ni su empresa habían registrado nada. Pese a la respuesta, la universidad pidió a Peinado que lo investigase y acabó imputando a Gómez en octubre por un presunto delito de apropiación indebida y otro de intrusismo profesional. A nombre de Begoña Gómez solo está el dominio web donde se alojaría la plataforma tecnológica, cuyo coste fue de 25 euros que pagó de su bolsillo.

Por otro lado, el juez citó a Álvarez el pasado diciembre para declarar como testigo después de que diversas informaciones periodísticas asegurasen que esta dedicaba parte de su tiempo laboral para ayudar a Gómez en su trabajo en la Complutense, como enviar correos electrónicos a las empresas que colaboraban en la cátedra. Álvarez declaró que solo le hizo favores en sus proyectos académicos por su relación de amistad con Gómez, pero el magistrado acabó notificándole en enero que cambiaba su estado procesal de testigo a investigada.

La instrucción ha ido sumando durante los últimos meses testificales, autos, providencias... La semana pasada, de hecho, Peinado solicitó la lista de llamadas Álvarez con los patrocinadores de la cátedra. Ahora, el magistrado acepta en este nuevo auto que las nuevas diligencias “vienen a ser necesarias”, después de que en enero el vicerrector de Planificación de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, afirmase “que tenía más de cien correos electrónicos con Begoña Gómez y con su asistente”, que esta “era la persona de confianza” de la esposa del presidente y “que siempre iba con ella a la Universidad Complutense de Madrid e incluso que le indicó que le enviará a ella directamente los emails”.

La acusación particular ejercida por Hazte Oír, que ha solicitado las diligencias, afirma de nuevo que las declaraciones del vicerrector “muestran, más bien, que su verdadera función profesional [la de Álvarez] era la de ayudar a Begoña Gómez en sus negocios puramente privados, todo ello a costa del erario público”. Es decir, aluden de nuevo al delito de malversación que Peinado imputa a Gómez y que tanto esta, como la exasesora y la Fiscalía recurrieron a la Audiencia Provincial de Madrid, pero que desestimó hace unas semanas. De hecho, la Audiencia avaló a Peinado y apuntó a La Moncloa, concretamente a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, como una “estructura institucionalizada de poder” que permitió “una clara y palmaria desviación” del trabajo que debía realizar Álvarez.

Sobre este auto de la Audiencia, Peinado redactó días después una adenda —documento que se agrega a un expediente judicial para aclarar, complementar o alterar alguna parte del proceso— respecto a los indicios del presunto delito de malversación de caudales o fondos públicos y la posible participación del ministro de la Presidencia Félix Bolaños mientras era secretario general de Presidencia, organismo responsable de la contratación de la asesora de Gómez.

En ese texto, el instructor valoró positivamente la “fundamentación jurídica” por los “poderosos argumentos que” a su juicio “refuerzan las tesis sostenidas”. Esas “tesis sostenidas” a las que se refiere Peinado son las que incluyó en la exposición razonada que presentó el 24 de junio ante el Tribunal Supremo para que impute a Bolaños como presunto autor de los delitos de falso testimonio y malversación en este caso. En ese escrito, el instructor considera que el actual ministro de la Presidencia mintió cuando le tomó declaración como testigo en abril y sostiene que tenía la responsabilidad directa en la contratación de la asesora de la esposa del presidente en 2018. El pasado jueves, el fiscal Fernando Prieto ha presentado un escrito en el que se opone a que el alto tribunal acepte dicha petición de imputación.