La Fiscalía se opone a que el Supremo investigue a Félix Bolaños por el ‘caso Begoña Gómez’

El fiscal Fernando Prieto ha presentado un escrito en el que se opone a que el Tribunal Supremo acepte la petición del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, de imputar al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, como presunto autor de los delitos de falso testimonio y malversación en el caso Begoña Gómez. El magistrado, que mantiene abierta una investigación sobre Begoña Gómez desde hace más de un año, presentó al alto tribunal una exposición razonada en este sentido el pasado 24 de junio tras haber interrogado a Bolaños como testigo en abril y considerar que el ministro le mintió en aquel interrogatorio. El magistrado sostiene que el actual ministro tiene responsabilidad directa en la contratación en 2018 de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez y también imputada en la causa, a la que acusa de realizar actividades privadas para la esposa del presidente.

En su escrito, el ministerio público incide en que los hechos recogidos por Peinado en su exposición razonada no son, en ningún caso, constitutivos de delito. Y recalca que el juez no aporta datos objetivos que sustenten su afirmación de que la asistente de Begoña Gómez ha realizado actividades privadas ajenas a su función pública ni cuál es la responsibilidad que pudiera tener Bolaños en esos supuestos hechos delictivos.

De hecho, la Fiscalía recalca que Peinado debería haber detallado al Supremo esas supuestas actividades privadas desempeñadas por la empleada del Palacio de La Moncloa que, en opinión del juez, implican una extralimitación de las funciones que tiene asignadas por su puesto de trabajo. El escrito considera que el magistrado también debería haber explicitado con datos objetivos qué conocimiento tenía Bolaños de esas supuestas actividades privadas, y no limitarse a lanzar afirmaciones sustentadas en lo que considera una vaga referencia al conocimiento público y notorio.

Asímismo, el ministerio público recalca que la existencia de una dependencia organica de Álvarez respecto al actual ministro no supone, ni mucho menos, que este ejerza un control sobre las actividades de aquella. Y rechaza que Bolaños tuviera ningún tipo de control en la gestión presupuestaria y, en concreto, en los fondos públicos que, en opinión del juez Peinado, fueron malversados al pagar a la trabajadora un sueldo público y que esta dedicara presuntamente parte de su jornada laboral a cuestiones supuestamente privadas de la esposa del presidente.

Por todo ello, la Fiscalía pide al Supremo que, en primer lugar, se declare competente para decidir sobre la imputación a Bolaños por su condición de aforado, para inmediatamente después acordar que no procede abrir diligencias de investigación, como pedía Peinado.

La decisión del magistrado de pedir al Supremo que imputase a Bolaños se produjo menos de tres meses después de que el pasado 10 de marzo decidiera impulsar una pieza separada dentro del sumario tras tomar declaración a Álvarez (a la que interrogó como testigo antes de imputarla); y a Alfredo González, quien fuera vicesecretario general de La Moncloa. El instructor quería indagar si se contrató a la asesora de la esposa de Sánchez para ayudarla con sus actividades privadas en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

La propia trabajadora negó esa tesis y, en una de sus comparecencias ante el instructor, aseguró que su trabajo consiste en coordinar los actos oficiales y la agenda institucional y personal de la mujer del jefe del Ejecutivo. También añadió que solo le hizo algún favor en sus proyectos por su relación de amistad.

Pese a ello, Peinado amplió sus sospechas hasta Bolaños, que cuando se produjo la contratación de Álvarez era secretario general de la Presidencia. “[Bolaños] ha podido participar directamente en el nombramiento de la persona de Cristina Álvarez como personal eventual y ha conocido, o no ha controlado, las tareas llevadas a cabo por la misma, percibiendo sus retribuciones de una partida de los presupuestos generales del Estado”, continuaba la exposición razonada que remitió al Supremo.

En aquel escrito, el juez también acusaba al ministro de haber “omitido con reticencias maliciosas las correctas contestaciones que respondieran a una verdad que conocía, cuando se le han hecho preguntas como testigo y bajo juramente” cuando lo interrogó. Peinado cree que le dieron “evasivas” ante la pregunta de quién la contrató y quién la propuso. Por todo ello, concluía que existían “indicios razonables, sólidos y cualificados para considerar la participación a título de autor del aforado Félix Bolaños de un posible delito de falso testimonio, y a título de coautor de un delito de malversación de caudales públicos”.