Ser candidato a juez en zonas asediadas por la violencia: “Cuando amanezco, miro si hubo balaceras y a qué colonias puedo ir”

Erika Córdova se dio cuenta del peligro de ser candidata a jueza penal cuando empezó a hacer campaña en uno de los municipios del sureste de Jalisco, el Estado por el que contiende en las elecciones judiciales de este 1 de junio. “Estaba hablando de mis propuestas, de lo que hace una jueza de distrito, y se me acerca un chico y me dice: ‘¿Entonces usted va a ser jueza penal?’ Le digo que sí, y me responde: ‘Ah, ¿sabía que aquí en esta zona vive el R40?’, o algo así [en referencia a un líder criminal]: ‘Si usted quisiera, mañana mismo tendría 6.000 votos”. Córdova siguió su camino, pero el incidente funcionó como una advertencia de dónde se estaba metiendo.

La violencia ha pasado de largo en la carrera hacia los comicios de este domingo, donde se elegirá por primera vez en la historia por voto popular a más de 2.500 impartidores de justicia. El desconocimiento de la gran mayoría de los candidatos, así como la aparente falta de interés por parte del crimen organizado en intervenir de forma violenta en la campaña, apuntan los expertos, ha dejado vía libre a los aspirantes en un país donde los comicios políticos suelen dejar un reguero de víctimas mortales en vísperas de la jornada electoral.

“Nadie está familiarizado con salir a votar a jueces”, dice Jaime Talancón, analista en prevención de riesgos políticos. Eso incluye al crimen. “Pero en algún momento van a empezar a encontrar el beneficio de involucrarse como lo hacen para imponer alcaldes o regidores. Todos los vicios que imperan elección tras elección —la violencia, la manipulación, las amenazas—, se están trasladando a otro poder”, incide el experto. Mientras tanto, su forma de hacerse presente es más sutil. “Seguramente hay muchos candidatos que están siendo fondeados por el crimen organizado o que van a recibir ayuda de movilización”, señala también Luis Carlos Ugalde, director de la consultora Integralia, que monitorea la violencia electoral. “Es un problema que no es medible ni observable, pero que está ocurriendo muy seguramente”, apunta.

El incidente que vivió la candidata jalisciense da una buena muestra de ello. En un Estado con 15.000 personas desaparecidas, el que más en todo el país, a Erika Córdova, bregada en la defensa de los derechos humanos, le responden en algunas colonias: “Aquí no se preocupe, aquí nos cuida la maña”. La abogada no ha dejado de hacer campaña en esos lugares, pero reconoce que la reforma judicial plantea algunos problemas en este aspecto. “No se cuidó la parte que diferencia la materia penal de las otras. No es lo mismo que vaya a pedir el voto una candidata en materia laboral que en penal”, incide.

Roberto Posán es juez penal de distrito en el Reclusorio Norte de Ciudad de México y candidato para revalidar su cargo. A Posán le tocó encargarse, por ejemplo, del ataque al periodista Ciro Gómez Leyva. También ha tramitado casos relacionados con la Unión Tepito. “Te llegan ese tipo de asuntos y dices, caramba, ¿y a mí quién me va a cuidar? En ese ínterin viene todo ese proceso de la reforma que nos obliga a hacer campaña. Y eso implica salir a la calle, porque la gente no conoce a los jueces”, relata. “Desde mi perspectiva, con una razón fundamental. Los jueces no podemos andar exhibiéndonos en la calle por temas de seguridad y de imparcialidad. Pero ahora te vuelves literalmente una figura pública”, lamenta.

Posán se preocupó tras una audiencia que terminó de madrugada y que involucraba a delincuentes de alto perfil, así que solicitó protección al Consejo de la Judicatura que, tras estudiar su caso, accedió. Un remedio que solo soluciona parcialmente el problema. “Te dan una camioneta blindada y te asignan unos escoltas y hasta un chaleco antibalas. Pero, al entrar en algunas colonias para hacer campaña, el simple hecho de que vean los vehículos blindados ya es un problema, porque los pueden relacionar con policías”, relata. “Cuando entramos en esas colonias, dejamos las unidades blindadas a unas cuadras y nos metemos con carros normales. El chaleco no lo uso porque se me hace que, lejos de parecer un candidato que se acerca a la gente, van a decir: ‘Este cuate privilegiado’. Cuando no es así”, apuntala.

Eso fue, justamente, lo que hizo que Delia Quiroa descartara solicitar protección. “Me he dado cuenta de que, cuando vamos a las búsquedas en Reynosa y traigo custodia, llamo más la atención. Entonces he optado por no tener seguridad. Si la pido, a lo mejor no me beneficia”, explica esta activista. A su hermano lo desaparecieron en Tamaulipas en 2014, y desde entonces ha estado bregando con autoridades y narcotraficantes para encontrarlo. Por eso se hizo abogada y por eso quiere ahora convertirse en jueza de distrito en materia mixta, en su caso por Sinaloa, el Estado en el que nació. “En Tamaulipas he peleado con muchas autoridades, tengo demandadas en amparo a algunas y he denunciado corrupción en la policía estatal, que ha secuestrado personas allá. No podía regresar a vivir a Reynosa, temiendo por mi seguridad y la de mi familia”, explica. Tampoco quería exponerse a un potencial conflicto de interés, pues podrían tocarle casos relativos a su colectivo de buscadores.

Lo más complicado de la campaña, dice ella, es que “la violencia impide que la gente haga sus actividades cotidianas”. “La guerra que hay entre los grupos no me permite andar libre en las calles repartiendo volantes, que es la única actividad que se nos permite”, alega. “Cuando amanezco, tengo que ver cómo está el día, si hubo balaceras, para qué lado, a qué colonias puedo ir… Eso dificulta mucho mi labor”, relata. A diferencia de lo que ocurre en unos comicios convencionales, “las posibilidades de ser agredidos y no poder promocionar su candidatura en lugares específicos no es por su condición de candidatos, sino por la falta de condiciones seguras en general”, explica Javier Jiménez Ruiz, politólogo de la UNAM, que incide en la ausencia de víctimas mortales. Las precauciones de los aspirantes en algunas zonas responden a las restricciones que vive la población en general, agrega: “Es más una cuestión de percepción que de hechos concretos”.

Algo parecido le ocurre al magistrado Octavio Ramos, candidato a revalidar su puesto en materia administrativa en Veracruz, donde además concurren las elecciones municipales. “Hay zonas donde no es factible que uno ingrese solo o con una persona de equipo que no sea autoridad, tanto al norte como al sur del Estado. Es muy complicado en general para cualquier persona, pero a efectos de pedir el voto, necesariamente tendrías que tener comunicación con alguien de ahí para que te facilite esa posibilidad. Si no, es un riesgo”, reconoce.

Como Quiroa, Octavio Ramos ha privilegiado las zonas más pobladas, en las que “hay mayores condiciones de seguridad”. El candidato señala, por ejemplo, ciudades como Tuxpan o Poza Rica. “A pesar de que son ciudades peligrosas, como es mayor el número de población, también hay áreas en las que se puede transitar, pero en zonas rurales o conurbadas, ya de plano ni acceder”, dice. Las recomendaciones de la gente de la zona, allá donde ha llegado con su candidatura y sus volantes, son “retirarse temprano e ir acompañado de algún liderazgo de la región”. La alternativa en muchos casos, como apuntaba Quiroa, han sido las redes sociales.

Estas dificultades para acceder a ciertas zonas complican también el acceso de los ciudadanos que viven en ellas a una información electoral ya de por sí escasa. “La única manera en la que un candidato puede hacer campaña es acercarse a los ciudadanos. En esas zonas donde la inseguridad es general, la gente va a ir a votar completamente en la ignorancia, sin información”, señala Jaime Talancón, un problema que para Luis Carlos Ugalde es, en realidad, transversal a todo el territorio, pues muy poca gente conoce a los candidatos.