Atrapados en el mayor poblado ilegal de migrantes de Europa: así se mantiene la industria del trabajo en negro en Italia

Abdul Camara, senegalés, 31 años, acepta enseñar su casa; ha tardado siete años en construirla con sus propias manos. Saca la llave y abre orgulloso la puerta. Dentro no hay nada, son cuatro paredes con un suelo de azulejos, todos distintos, que ha ido consiguiendo. Es una casa más que emerge en el gueto, así lo llaman, de Borgo Mezzanone, en el sur de Italia, cerca de Foggia, en la región de Apulia. También le llaman La Pista, pues ha crecido desde hace dos décadas junto a la pista de un aeropuerto militar en desuso de la Segunda Guerra Mundial, que es la calle principal del poblado. Es la única superficie de asfalto; el resto es un barrizal en estos días de frío y lluvia. Desmantelada ya en Francia la llamada jungla de Calais, de extranjeros que intentaban cruzar el canal de la Mancha, este es el asentamiento ilegal de inmigrantes irregulares más grande de Europa. Asegura mano de obra barata y en negro a la gran llanura agrícola de la zona, que produce el 40% de los tomates de Italia. En verano llega a tener 4.000 vecinos.

Esta comarca se llama la Capitanata, término del imperio bizantino y establecido en la Edad Media, apropiado para un lugar donde hay personas que aún viven en condiciones medievales. Como Camara, en el gueto hay vecinos de decenas de países, de casi toda África y parte de Asia, que llevan hasta 10 años sin papeles. Sin agua corriente, sin alcantarillado, con generadores y una maraña de cables que roban la luz al tendido eléctrico. Como la red salta constantemente, desde hace tres años una mitad del campo tiene luz un día; la otra mitad, al día siguiente. En un descampado hay montañas de basura. A veces, pasan camiones municipales y se la llevan. Hay tres depósitos de agua potable que se llenan cada tres días con camiones cisterna, y que se vacían en horas.

El gueto de Borgo Mezzanone es un no lugar, pero hay más vida, más coches, más tiendas y es más grande que el lugar real que está al lado, el pueblo propiamente dicho, donde viven 400 vecinos y apenas hay un bar y un supermercado. Sin embargo, oficialmente es este otro el que no existe; es un pueblo entero en negro. Chabolas que son bares, carnicerías, peluquerías, tiendas de ropa, talleres mecánicos, dos iglesias y una mezquita.

A media hora, en Rignano, hay otro gueto que llega a 2.000 personas, Torretta Antonacci, y hay más de este tipo en el sur de Italia. Son la muestra de los efectos perversos de cómo Italia gestiona la migración desde hace décadas, creando un submundo de trabajadores invisibles y sin derechos, abocados a la marginalidad. Mientras España acaba de anunciar la regularización de 500.000 personas, en realidad el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni, que no quiere más inmigrantes, obstaculiza a las ONG que los salvan en el Mediterráneo y pretende deportar a Albania a los que llegan; ha aprobado que entren en Italia exactamente las mismas, medio millón de extranjeros, entre 2026 y 2028. Pero de tapadillo, mediante el llamado decreto de flujos migratorios.

Es un sistema complejo, opaco y propenso al fraude, vigente desde hace dos décadas y con todo tipo de gobiernos, que en teoría busca una entrada ordenada de extranjeros en función de la demanda laboral. Italia necesita inmigrantes en el campo, en las fábricas, en las casas, pero prefiere mantener un sistema que hace como que no existen y garantiza que la mayoría sigan siendo invisibles. En 2024, las inspecciones de trabajo en la comarca de la Capitanata revelaron un 64% de trabajo en negro.

Esas 500.000 plazas, repartidas en tres años, se asignan como la venta de entradas de un concierto rock: hay sucesivos click day por sectores laborales, un día en el que se abre el plazo de solicitudes en un portal oficial para empresarios y particulares y se agotan. “Es un sistema que no funciona”, explica Francesco Mason, abogado especializado en inmigración y miembro de la Asociación de Estudios Jurídicos de la Inmigración (ASGI). “Políticamente, no se quiere afrontar la realidad; el Gobierno ve la inmigración no como un recurso, sino como un mal necesario; es política y humanamente inaceptable. La regularización que ha hecho España es mucho más eficaz, reconoce la realidad de inmediato, favorece la integración y beneficia al mercado de trabajo”, dice Mason.

El número de permisos de ingreso que se conceden siempre es inferior a la demanda real. Este año, por ejemplo, la cuota es de 164.000 plazas, pero en enero ya había 194.000 solicitudes previas. Además, se basa en la ficción de que un empresario conoce nombre y apellidos de un señor en Ghana al que quiere contratar. A menudo es una regularización encubierta; se contrata en Italia a quien ya vive en Italia en situación irregular, simulando que está en el extranjero. Pero en 2024 realmente solo un 7,8% de los que llegaron al final firmó un contrato y obtuvo permiso de residencia, según el último estudio del proyecto Ero Straniero, de ocho ONG y asociaciones.

El resto cae en la ilegalidad después de pisar Italia, también porque en muchos casos los migrantes son estafados: según los sindicatos, pagan como mínimo 6.000 euros a intermediarios y al propio empresario que les contrata para poder ir a Italia, y cuando llegan descubren que la empresa no existe. Muchos de los vecinos de Borgo Mezzanone llegaron así, aunque la mayoría lo hicieron por mar y pidieron asilo. Tras ver rechazada su petición, recibieron un papel con una orden de expulsión y desde ese día entraron en la ilegalidad. Se estima que hay entre 500.000 y un millón de extranjeros en Italia en situación irregular.

“Viven con el miedo constante de que les arresten. Es un sistema estudiado para hacerles sucumbir, para reducirlos a la esclavitud, negando sus derechos. El decreto de flujos migratorios es una gran farsa”, opina Emanuela Mitola, del sindicato USB, que presta asistencia jurídica en el gueto. A las cuatro abre su local para ayudar a los residentes a resolver papeles. Este jueves viene además un abogado y en pocos minutos ya hay medio centenar de personas esperando su turno, con documentos y fotocopias en la mano. Cada persona cuenta una historia complicadísima de burocracia y años de espera.

Abdul Camara, el senegalés, llegó a Italia en 2015, estuvo tres años en una fábrica en Turín hasta que se quedó sin papeles, nadie le hacía un contrato y acabó aquí, donde siempre hay trabajo. Lleva siete años viviendo en el gueto; le pagan de 35 a 50 euros al día, a veces 70; depende del empresario y el trabajo. “Claro que me gustaría irme, pero no puedo. Aquí me dan trabajo, fuera no”, explica. Además, con lo que gana, no podría vivir en otro sitio. Cree que los empresarios italianos con los que trabaja son “buena gente”. “Nos dan café y cornetto para desayunar, nos dan bien de comer, pero no pueden hacerme un contrato, aunque quieran”, razona. Cuando se le pregunta por el famoso decreto de flujos migratorios, apenas sabe de qué se trata.

Camara sonríe, le gusta Italia y espera salir de aquí, pero sobrevivir en el gueto es duro. Está infiltrado por la mafia local; en los últimos meses ha habido dos homicidios, también un muerto por tuberculosis y el 23 de enero un trabajador gambiano, Mamadou, de 38 años, amaneció muerto por el frío en el coche en el que dormía. Pero sobre todo les aplasta un mecanismo pensado para exprimirles al máximo, aún basado en el arcaico sistema del caporalato, la explotación mediante el caporale, el capataz, el intermediario que decide quién trabaja y lleva las personas a los campos.

La ONG No Cap trabaja para combatirlo e intentar sacar del gueto a sus ocupantes, mediante contratos legales con empresas fiables. La fundó en 2017 un camerunés que ahora tiene 40 años, Yvan Sagnet. Él también acabó en uno de estos guetos de Apulia en 2011, organizó la primera huelga y propició la aprobación en 2016 de la ley contra el caporalato. “Si hubiera sabido lo que era aquello, no habría ido, como la mayoría de los migrantes que terminan allí. No imaginaba que en Europa existieran lugares así”, relata. Llegó a Turín en 2007 para estudiar gracias a una beca, pero se terminó en 2011 y necesitaba trabajar. Le dijeron que en Apulia había empleo y se fue para allá.

“Cuando llegué éramos 1.200 personas y había seis baños. Dormí en el suelo. Me hubiera vuelto a Turín, pero no tenía dinero. Cuando pregunté cómo trabajar, me dijeron que hablara con el caporale; fue la primera vez que oí esa palabra. Me adelantaron que no tendría problemas para reconocerlo”, recuerda. Así fue, apareció un africano que se hacía llamar Silvio Berlusconi, todos los capataces usaban nombres de millonarios. Era el capo nero, que selecciona los trabajadores, para diferenciarlo del capo bianco, el empresario. Le dijo que se presentara al día siguiente a las cuatro de la mañana para recoger tomates.

Según relata Sagnet, apareció con una furgoneta sin ventanillas para nueve personas donde entraron 25. Les pagaban 3,5 euros por cada caja de tomates de 300 kilos. Trabajando 16 horas, de cinco de la mañana a ocho de la tarde, Yvan consiguió llenar cuatro cajas: 14 euros. Pero el capataz le restó 5 euros por el transporte, 3,50 por el bocadillo y 1,50 por el agua. “Volví con 4 euros. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida”, admite. A los pocos días organizó una huelga que duró 45 días, cortaron una carretera en pleno verano, cuando Apulia está lleno de turistas, salieron en la tele. Sagnet se convirtió en defensor de los derechos de los migrantes y acabó siendo condecorado con la Orden del Mérito en el Trabajo por el presidente de la República, Sergio Mattarella, en 2016.

No Cap ahora consigue trabajo a unas 1.000 personas al año. “Nos llaman muchísimos empresarios desesperados porque necesitan mano de obra”, señala Sagnet, que añade que el principal problema es encontrarles casa. Francesco Strippoli, responsable de No Cap en la Capitanata, se mueve por los guetos para ayudar a quien vive allí a lograr una vida digna, pero admite que con quien no tiene papeles es imposible.

En 2021, el Gobierno de Mario Draghi intentó cambiar las cosas. Encargó un mapa de todos los guetos de Italia y destinó 200 millones de fondos europeos para dar alojamiento a sus ocupantes. A Borgo Mezzanone le dieron 53 millones, y 28 a Torretta Antonacci, pero solo se encargó un estudio a la Universidad de Bari, que propuso alojar a los migrantes en los barrios periféricos de los municipios de la zona, una propuesta que no fue bien recibida y ha sido inviable. “El plazo para usar el dinero termina el próximo mes de agosto y no se ha hecho absolutamente nada. Ese dinero se ha perdido”, lamenta Strippoli.

El poblado de Borgo Mezzanone no estalla y subsiste porque varias ONG y la Iglesia católica hacen lo que no hace el Estado italiano, y les facilitan los derechos que el Estado les niega: asistencia médica (una clínica móvil de Intersos desde 2018), asesoramiento legal, clases de italiano, duchas, programas de integración… Estas personas que pelean para cambiar las cosas echan muchas horas, con el móvil siempre sonando. Algunas son muy jóvenes; en las ONG hay un recambio generacional.

Todos los que conocen de cerca la inmigración dicen lo mismo: la única solución es regularizarlos, que tengan derechos y así, además, paguen impuestos y las pensiones de los italianos. Mason cree que hay una lógica “que exaspera los controles porque la narrativa dominante es que son peligrosos”, pero la Administración no tiene suficientes recursos y los propios empresarios están desesperados con la burocracia. Cada cierto tiempo, simplemente, el sistema colapsa y hay una regularización masiva. La última, de 200.000 personas, fue en 2020.

Maria Palmieri, fotógrafa que lleva años documentando la inmigración en la zona y que trabaja con ONG, ahora es la coordinadora del proyecto Spartacus, promovido por varias organizaciones. “Es muy importante encontrar un modo para regularizar a las personas que viven aquí desde hace tantos años, sin documentos, abandonados en los guetos, no pueden ejercer sus derechos; es imposible pensar en proyectos de integración que permitan un enriquecimiento recíproco de las comunidades sin asegurar las condiciones necesarias”.

La escuela Fatoma, abierta en el pueblo en 2023, intenta esa integración; da clases de italiano. “Además de aprender la lengua, lo importante es crear un grupo humano. La vida en el gueto no es fácil, y aquí pueden establecer relaciones, hacer amigos”, explican dos de sus responsables, Maddalena Fabbi y Martina Di Girolamo, de 28 años.

Para entrar en el gueto, todo son advertencias de tener cuidado, sobre todo porque han tenido malas experiencias con algunos periodistas, pero luego las personas son muy amables. Es difícil sacar fotos, y uno de ellos explica: “No quiero que mi familia vea que vivo así, y tampoco quiero que aquí lo vean, porque luego nos llaman negros de mierda. Pero tenemos que vivir así, no tenemos la culpa de ser pobres”.