El presidente de Portugal pone trabas a la nueva ley de extranjeros pactada por el Gobierno con la ultraderecha

El jefe de Estado portugués tiene competencias que van mucho más lejos de las que tiene su homólogo español. Una de ellas es el derecho a bloquear leyes y devolverlas al Parlamento. A Marcelo Rebelo de Sousa, que está en la recta final de su etapa como presidente de la República y que ha sido profesor de Derecho Constitucional, le suscita tantas dudas la reforma que ha pactado el Gobierno conservador con la ultraderecha en materia de extranjeros que se ha negado a promulgarla. Aunque no ha ejercido el veto directo, el presidente ha usado la segunda vía que tiene para trabar normas y ha enviado el texto al Tribunal Constitucional para que se pronuncie en el plazo de 15 días.

Una de las razones que ha provocado el bloqueo presidencial reside en la indefinición de conceptos que puedan “generar un trato diferenciado y discriminatorio”. Una de las desigualdades sobre las que alerta el presidente portugués en el requerimiento que le ha enviado al Tribunal Constitucional tiene que ver con la diferencia de requisitos para la reagrupación familiar entre extranjeros, ya que se facilita para profesores extranjeros o titulares de visas doradas que dan derecho a permiso de residencia.

Rebelo de Sousa considera que esto puede contribuir a “una mayor estratificación entre personas migrantes, en función de la respectiva cualificación y sector de actividad”, algo que en su opinión contradice el principio de igualdad consagrado en la Constitución portuguesa. Otros aspectos que han alertado al jefe de Estado son la demora —tres años y medio, según sus cálculos— que se introduce en la reagrupación familiar que, alerta, vulneraría “el principio de la unidad familiar y el interés supremo del menor”.

Luís Montenegro, el primer ministro que ganó por segunda vez las elecciones al frente de la coalición conservadora Alianza Democrática (AD), ha convertido a la ultraderecha en su socio preferencial para pactar las políticas de inmigración y extranjería. Gracias a los votos de Chega y AD, el Parlamento portugués aprobó el 17 de julio los cambios en la ley de extranjería que endurecen los requisitos para la entrada en el país y la reagrupación familiar. La aprobación resultaba tan prioritaria para el Gobierno que ni siquiera esperó a recibir informes previos de organismos públicos ni accedió a celebrar audiencias solicitadas por la oposición. Una cuestión que también reprueba el presidente Marcelo Rebelo de Sousa en su escrito.

La reforma que suscita dudas jurídicas al jefe de Estado fue aprobada la semana pasada en la Asamblea de la República solo con los votos de AD, la coalición de gobierno, y Chega, el partido de ultraderecha que se ha convertido en la segunda fuerza parlamentaria. Si durante su primera legislatura, Luís Montenegro practicó un cordón sanitario frente a la ultraderecha al cerrarle la puerta del Gobierno, en la actual está abrazando parte de su agenda, no solo en materia de extranjería, sino también en contenidos ideológicos como el abordaje de la sexualidad o los derechos LGTBI+ en las escuelas. La oposición le reprocha que ha sustituido su antiguo “no es no” hacia Chega por un “sí es sí”.

Desde su llegada al poder en 2024, el Gobierno de Montenegro ha dado un giro a la política migratoria y ha endurecido los requisitos para entrar en el país. El primer ministro sostiene que era necesario regular la llegada de extranjeros y recuperar una unidad policial de control de fronteras, que su predecesor, el socialista António Costa, extinguió tras el escándalo desatado por la muerte de un ucranio, que fue torturado por miembros del Servicio de Extranjeros y Fronteras en el aeropuerto de Lisboa en 2020. La agencia creada por Costa para sustituir al antiguo organismo fue incapaz de gestionar con eficacia la tramitación de permisos y provocó un atasco de más de 400.000 peticiones durante meses.

En septiembre también está previsto que se revise en el Parlamento la ley sobre la nacionalidad. El texto aprobado en junio por el Consejo de Ministros amplía el plazo de cinco a 10 años de residencia en Portugal para tener derecho a solicitar la ciudadanía (solo a siete para los oriundos de países de lengua portuguesa) e introduce como exigencia la superación de un examen sobre lengua y cultura portuguesas para acreditar la vinculación con el país.