Los presupuestos de 2026, el final lógico de la legislatura

En medio de la dura batalla entablada por la oposición para obligar al presidente Sánchez a convocar elecciones generales anticipadas y pese a la indudable situación de shock en la que se encuentra el PSOE y el Gobierno en pleno, hay algunos aspectos de la actividad gubernamental que tienen que seguir adelante inevitablemente: el próximo mes de julio, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda tiene que proponer el techo de gasto para 2026 y esa propuesta debe ser aprobada por el Consejo de Ministros. El techo de gasto es como el prólogo de los presupuestos generales del Estado y fija el límite máximo de gasto que podrán realizar las Administraciones públicas en el año siguiente, es decir, en 2026. La obligación de presentarlo en fecha y forma es consecuencia del compromiso constitucional de cumplir determinados objetivos de déficit y deuda pública.

La aprobación del techo de gasto debe ser seguida, a los pocos meses, por la presentación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. El año pasado, el Gobierno incumplió su obligación, algo sin precedentes, y prorrogó directamente los de 2024, por temor a que alguno de sus socios votara en contra, algo que era previsible, pero que no necesariamente hubiera llevado a la dimisión del presidente porque ya existen sobrados precedentes (todos por Gobiernos del PP) en que, pese a ese rechazo, el Gobierno ha seguido adelante prorrogando las cuentas del año anterior. Aun así, Sánchez prefirió lisa y llanamente no presentar los presupuestos y no someterse a ninguna negociación.

Este año las circunstancias son excepcionales. El PSOE se encuentra sumido en una crisis profunda y el Gobierno parece bloqueado, a la espera de ver si se producen nuevas revelaciones en los casos de corrupción de los dos secretarios de Organización del partido, Ábalos (que fue también ministro de Transportes) y Santos Cerdán, y hasta qué punto pueden afectar a la estructura financiera del partido. La misma parálisis afecta a los socios de investidura, que parecen esperar que pase el verano para aclarar sus respectivas posiciones. En la terrible sesión de control del pasado miércoles, fue especialmente dura (e interesante) la posición de Esquerra Republicana de Catalunya, porque su portavoz, Gabriel Rufián, dejó clara su opinión: “Aprovechemos que todavía están en el Gobierno y avancemos en proyectos progresistas, sobre todo para intervenir el mercado de la vivienda, y para dejarle una vida digna a la gente”.

Si, realmente, la izquierda quiere “aprovechar” el tiempo que quede y lanzarse a una carrera para aprobar proyectos progresistas “que mejoren la vida de la gente”, el instrumento que tiene para ello son precisamente los presupuestos del Estado para 2026, el lugar donde se puede apreciar mejor la identidad de un Gobierno (y de los partidos que le apoyan) porque es allí donde se diseñan y financian esos objetivos progresistas que, según Rufián, se quieren alcanzar, cuando aún es posible, en 2026.

Es difícil imaginar, sin embargo, que toda la izquierda y los nacionalistas que apoyaron la investidura estén dispuestos ahora a negociar a toda velocidad esos nuevos objetivos, primero, porque no es fácil que se pongan de acuerdo con cuáles deben ser y, segundo, porque en el caso de Podemos, por ejemplo, supondría dar un balón de oxígeno a Sánchez y a Sumar, algo que seguramente no entra en sus planes. Y, sin embargo, sería una ocasión única, un momento excepcional, para que la izquierda en su conjunto consiguiera armar unos presupuestos que marcaran una verdadera vía de progreso e igualdad.

Lo más probable, desgraciadamente, no es que se siga ese camino, sino que, una vez más, el Gobierno de Pedro Sánchez esté barajando la posibilidad de incurrir de nuevo en el incumplimiento de la Constitución y no presentar ante el Congreso, antes de que acabe el año, el proyecto de ley de Presupuestos. Sería deseable que, pese a todo el desbarajuste que seguramente paraliza los ministerios en estos momentos, a la espera de no se sabe bien qué noticias, los técnicos de Hacienda estuvieran ya juntando los papeles necesarios y que el borrador de Presupuestos para 2026, elaborado con un punto de vista progresista, estuviera preparado para su presentación a fines de este año. Y que los socios del Gobierno tuvieran ocasión de darles o negarles la confianza. Ese sería un final lógico, digno y constitucional de la legislatura.