Más que una red, un laberinto: así funciona el primer ciclo de Infantil en Madrid

No hay una red de educación Infantil de cero a tres años (0-3). Hay al menos doce modalidades distintas de centros si se ordena el mapa por titularidad, forma de gestión e integración o no en la red pública regional. Bajo la misma etiqueta conviven escuelas infantiles de la Comunidad de gestión directa e indirecta, casas de niños, escuelas municipales conveniadas, otras no integradas en la red regional, colegios públicos con 0-3 y centros privados con o sin financiación pública. Llamarlo “sistema” es un acto de generosidad. Lo que existe, en realidad, es un mosaico desigual, un laberinto difícil de explicar incluso para quienes trabajan dentro de él.

Eso ya retrata un problema político serio. Cuando una etapa educativa básica se organiza así, no estamos solo ante una dificultad técnica. Estamos ante una fragmentación estructural que complica seguir el dinero, comparar condiciones, exigir responsabilidades y construir una verdadera red pública. La propia Comunidad reconoce para 2026 una red financiada por la Consejería compuesta por 393 centros específicos, de los que 264 son escuelas infantiles y 129 casas de niños; además, la propia información institucional del Gobierno regional sitúa en 85 los colegios públicos autorizados para impartir el primer ciclo. No es una red: es una superposición de redes.

No parece solo un modelo caótico: parece también una forma de gobernar. Una forma de gobernar marcada por la mala gestión. La Comunidad no solo ha preferido un sistema fragmentado y externalizado; ha demostrado además su incapacidad para ordenarlo, hacerlo transparente y gestionarlo con coherencia. Administración autonómica, ayuntamientos, gestión indirecta, red municipal propia, colegios con 0-3 y financiación pública de plazas privadas conviven sin una columna vertebral nítida. Esa arquitectura no es neutra. Hace más difícil entender quién decide, quién paga, quién contrata y quién responde.

La desigualdad entre redes se ve enseguida cuando uno baja de las palabras grandes a las cosas concretas. El Decreto 18/2008 fija como suelo autonómico ratios máximas de ocho menores por unidad en 0-1, 14 en 1-2 y 20 en 2-3. La Ordenanza del Ayuntamiento de Madrid, en cambio, fija para su red municipal dos profesionales por ocho niños en 0-1, dos por 13 en 1-2 y dos por 16 en 2-3. Es decir, bajo la misma etiqueta de “educación Infantil 0-3” conviven estándares claramente distintos. Y cuando lo que cambia es la relación entre niños y profesionales, ya no hablamos de simple diversidad organizativa: hablamos de calidad desigual.

Ahí aparece una expresión que a veces suena abstracta y no lo es en absoluto: la pareja educativa. En la red municipal de Madrid significa, literalmente, dos profesionales a cargo de cada grupo o, en la formulación de la carta de servicios, dos profesionales con la misma responsabilidad que acompañan a un grupo de niñas y niños durante toda la jornada. No es una floritura pedagógica. Es la diferencia entre poder atender a un niño que come mal, llora, se está adaptando o necesita una observación más cuidadosa sin desatender al resto del grupo, o no poder hacerlo. En una etapa en la que todo pasa a la vez ―apego, sueño, alimentación, movimiento, lenguaje, adaptación― eso no es un lujo: es una condición de calidad. Cuando ese modelo no existe, la atención se vuelve inevitablemente más reactiva, más urgente y más pobre. Donde debería haber acompañamiento, aparece la pura gestión de lo inmediato.

La huelga del 7 de abril pone el dedo justo ahí. Las profesionales vienen denunciando precariedad laboral, infraestructuras deterioradas, falta de climatización, materiales insuficientes y ratios que no permiten una atención digna. No es una protesta caprichosa. Es el síntoma de que la estructura está crujiendo. Lo que asoma en la huelga es una verdad evidente: el 0-3 madrileño se sostiene no gracias a un diseño sólido del sistema, sino gracias al sobreesfuerzo cotidiano de quienes trabajan en él.

Y luego está el asunto más delicado: el convenio, los salarios y la gestión indirecta. El XIII Convenio colectivo estatal se aplica a los centros privados y a las entidades privadas que gestionan centros de titularidad pública. Pero el convenio trae dentro una pequeña bomba de relojería: distingue entre una Tabla A para concursos posteriores a su publicación y una Tabla B para contratos anteriores. Para una educadora infantil, la tabla A fija 1.432,22 euros mensuales y mientras que la tabla B se queda en 1.210 euros mensuales. Son 222,22 euros menos al mes. El propio convenio reconoce, además, que hay contratos ―y no pocos― tan ajustados que no dan para pagar unos salarios que, incluso después de la subida, siguen siendo claramente insuficientes.

A partir de ahí aparece el otro gran nudo: los módulos, los contratos y las licitaciones. La Comunidad fija cada curso los módulos económicos del primer ciclo. Pero una cosa es aprobar módulos y otra muy distinta conseguir que el contrato concreto, el precio de licitación y la actualización de costes encajen de verdad con salarios, suministros, sustituciones y exigencias de calidad. El resultado ya lo conocemos: licitaciones menos atractivas que en ocasiones quedan desiertas, desigualdades entre centros y trabajadoras que ven cómo el reconocimiento sobre el papel llega siempre tarde o llega a medias.

Y en medio de todo esto aparece la privada, que no está precisamente arrinconada. La Comunidad mantiene ayudas para escolarización en centros privados autorizados; oficialmente se llaman becas. En la práctica son cheques que solo puede cobrar el centro y las familias siguen teniendo que completar de su bolsillo una parte importante del coste mensual.

El resultado final es bastante elocuente: un modelo que favorece la externalización, la fragmentación y una mayor presencia de la lógica privada o privatizada, una red pública que no desaparece, pero que tampoco ordena el conjunto. Muy moderno todo. Salvo por el detalle de que, en mitad del experimento, siguen estando los niños, las familias y unas trabajadoras que llevan años sosteniendo a pulso lo que la administración organiza a trozos.

Frente a eso, la alternativa no puede ser seguir parcheando contratos, módulos y cheques. La salida pasa por construir una verdadera red pública de educación Infantil 0-3 en la Comunidad de Madrid, financiada por el Gobierno regional, con plazas suficientes para que el acceso a una escuela infantil pública no dependa de la suerte, del municipio o del bolsillo; por integrar y estabilizar progresivamente a los profesionales que hoy sostienen el sistema en condiciones muy desiguales; por homogeneizar un estándar digno de calidad basado en pareja educativa, ratios más bajas, apoyos suficientes y condiciones adecuadas para la atención a la primera infancia. Esa es, en esencia, la propuesta del Partido Socialista de Madrid.

No se puede tratar la primera infancia como un derecho y gestionarla como un rompecabezas. O se construye una red pública de verdad o se seguirá llamando libertad a lo que no es más que desorden.

Cuando una etapa educativa solo se sostiene gracias al esfuerzo de sus profesionales, el problema es el gobierno que la gestiona.