El Gobierno anuncia que seguirá con el reparto de menores migrantes pese al “boicot” del PP

Convocada a las 10.30, bajo la presidencia de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, la Conferencia Sectorial de Infancia debía evaluar, un año después, la continuidad del modelo de acogida de menores migrantes no acompañados junto a todas las autonomías. Pero la imagen a esa hora en la Sala Oval del Ministerio de Trabajo era otra: solo Canarias y Castilla-La Mancha ocupaban sus asientos, mientras País Vasco, Asturias, Navarra, Ceuta y Cataluña seguían la cita por videoconferencia. El plantón de las comunidades gobernadas por el PP —salvo Ceuta, que sí ha participado— ha vuelto a hacer descarrilar la reunión por segunda vez en menos de un año en un intento de bloquear este sistema. La falta de quórum ha impedido siquiera abrir el debate y comenzar la conferencia. Sin embargo, el Gobierno ha anunciado que el reparto de menores migrantes seguirá adelante.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha tachado de “lamentable” y de “racista” que el PP, “abrazado a Vox, siga boicoteando las políticas de infancia de este país” y que, “liderado por la Comunidad de Madrid, haya decidido impedir la celebración de esta conferencia”. Rego ha asegurado que la ausencia de las comunidades del PP no tendrá “ninguna consecuencia”, ya que van a elaborar un nuevo real decreto —que pasará por el Consejo de Ministros de manera “inminente”— con la nueva capacidad ordinaria de los sistemas de acogida que permitirá seguir repartiendo entre las comunidades autónomas a los menores no acompañados. También ha anunciado que el Gobierno ha tramitado 1.700 expedientes de acogida este año y que, la mayoría de estos niños, ya están en las comunidades autónomas. A pesar de eso, Rego ha denunciado que “hay un bloqueo y una negativa por parte de algunas comunidades autónomas, como la de Madrid, a facilitar datos”. “Ayuso tiene que cumplir con la ley y va a cumplirla”, sentenciaba la ministra.

El PP, por su parte, sigue dando la batalla. La consejera de Asuntos Sociales, Familia y Juventud de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ya había anunciado por carta que dejará de acoger menores migrantes no acompañados y, tan solo unas horas antes de que empezase la conferencia, rechazaba acudir porque la conferencia se ha convocado “de forma ilegal porque el orden del día no fue aceptado”. También ha acusado al Gobierno de querer “prolongar” el reparto “forzoso de menores extranjeros no acompañados (...) como si fueran paquetes y en contra de su voluntad”. “No se me ocurre nada más inhumano”, ha zanjado.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció que el Gobierno prorrogará un año más la modificación legislativa que reforma la ley de extranjería, por la cual todas las autonomías deben responsabilizarse de los jóvenes para que las zonas de llegada no vieran sus recursos saturados. Esta reforma cumplió un año el pasado 18 de marzo. En este periodo, a pesar de la dura oposición de muchas comunidades —once han recurrido el modelo ante el Tribunal Constitucional—, se han derivado más de 1.700 niños y adolescentes, lo que ha permitido a comunidades como Canarias salir de la situación de hacinamiento en la que se encontraban.

Este encuentro tenía como objetivo adelantar los detalles del real decreto que fijará para este año el número de plazas de acogida destinadas a niños y adolescentes extranjeros no acompañados. Según el borrador del texto al que ha tenido acceso EL PAÍS y que se ha repartido a las comunidades autónomas, cada autonomía acogerá a un número de menores en función de su población. Es decir, cuanto más habitantes tenga, más plazas de acogida le corresponden dentro del total de menores atendidos en España. La propia ministra ha asegurado a su salida de la conferencia que no hay grandes diferencias con respecto al decreto que se aprobó el año pasado. En cuanto al reparto, “el procedimiento es exactamente el mismo, lo que cambia ligeramente es el número de plazas asignadas a cada territorio”, ha dicho.

El texto que manejan las comunidades establece que Madrid podría atender a 2.471 menores migrantes, Cataluña a 2.829 y Andalucía a 3.009. En el extremo opuesto, Ceuta y Melilla apenas disponen de 29 y 30 plazas, respectivamente, y La Rioja de 114. Este miércoles, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias de Canarias, Candelaria Delgado, se ha mostrado molesta con la ausencia de las comunidades del PP: “Lo lógico es venir y, si hay que protestar, se viene y se protesta en el órgano que está creado para eso”. Delgado ha instado al Gobierno a “seguir realizando reales decretos iguales a los que hizo el año pasado reflejando la nueva contingencia migratoria con los datos que hay sobre la mesa”.