Las comunidades del PP boicotean la reunión sobre el reparto de menores migrantes

Las comunidades gobernadas por el PP no han acudido este jueves a la Conferencia Sectorial de Infancia que iba a abordar la reubicación de los niños y adolescentes migrantes no acompañados que permanecen en Canarias, Ceuta y Melilla. Ante el plante de los consejeros del PP —sí ha estado presente el máximo responsable de la ciudad autónoma ceutí—, la reunión no se ha celebrado por la falta de quorum para la toma de decisiones. Los populares arguyen que el Gobierno pretende imponer un reparto “forzoso” e “ilegal” que vulnera el principio de igualdad territorial.

La reunión estaba convocada a las 9.30 horas bajo la presidencia de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y se preveía bronca por el posicionamiento de los populares. En el orden del día se incluía la aprobación del reparto del crédito extraordinario de 22 millones de euros para 2025 al que dio luz verde el Consejo de Ministros del martes con el objetivo de “garantizar el sostenimiento” de los sistemas de acogida en Canarias (8,5 millones), Baleares (2), Ceuta(7) y Melilla (4,5). El Ejecutivo buscaba lograr también este jueves el respaldo de las autonomías al paquete de 100 millones de euros destinado a financiar los costes asociados a la sobreocupación y los traslados, así como informar del decreto que regulará la capacidad ordinaria de los sistemas de protección de estos menores y que el Gobierno prevé aprobar el 26 de agosto.

“Las deudas racistas de [Alberto Núñez] Feijóo con el señor [Santiago] Abascal las van a pagar las personas que viven en Canarias, en Ceuta, Melilla e Islas Baleares, porque no vamos a poder transferir este recurso que debía ser aprobado en la reunión”, ha criticado Rego después de confirmar la suspensión de la conferencia.

Algunas autonomías del PP han mostrado durante meses una fuerte oposición a la propuesta de reparto del Gobierno y 11 han presentado recursos ante el Tribunal Constitucional contra el decreto aprobado en marzo pasado. El ministerio asegura que la ausencia de los populares no supondrá un bloqueo efectivo de esta norma. “Tenemos un dictamen del Consejo de Estado que nos habilita para seguir trabajando. Una comunidad autónoma no se puede erigir en juez y parte. Tienen todo el derecho a presentar los recursos que estimen oportunos ante el Constitucional, pero deberán dejar que sean los jueces los que determinen cuál es el resultado de estos recursos”, ha manifestado muy firme la ministra de Juventud. “Lo que es inaudito es que en una democracia quien presenta un recurso determine que el recurso ya le habilita para incumplir una ley (…). Mientras tanto, la ley aprobada en el Congreso de los Diputados es una ley que hay que aplicar”, ha añadido Rego, que ha asegurado que así será.

La ministra ha anunciado que su departamento prevé llevar al Consejo de Ministros del 26 de agosto el decreto de capacidad ordinaria, es decir, los niños y niñas que pueden acoger cada sistema y la financiación asociada a este. “Desde el Gobierno seguimos trabajando con determinación para estar en disposición, a partir del 28 de agosto, de comenzar con los traslados de estos niños y niñas que tienen derechos y vienen de procesos migratorios muy duros. En una sociedad democrática debemos ser capaces de acogerlos con dignidad”, ha concluido. Fuentes del ministerio confirman además que está ya listo el decreto que regula la aplicación de la ley y este irá a la reunión del Gabinete el martes que viene.

El objetivo del Ejecutivo es reubicar a unos 4.400 menores migrantes desde Canarias, Ceuta y Melilla a otros territorios, la mayoría a Andalucía, la Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. Sin embargo, es muy probable que el número acabe siendo menor, entre otras cosas porque, mientras se completan los trámites, los adolescentes están cumpliendo la mayoría de edad.

Este jueves, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias de Canarias, Candelaria Delgado, se ha mostrado sumamente crítica, tanto con el PP (su socio en el Ejecutivo canario) como con el Gobierno. “Me parece, como mínimo, una falta de respeto”, ha afirmado en referencia al plante. Ha descargado, con todo, de responsabilidad al Partido Popular de las islas. “Ellos siempre han estado del lado de cumplir con Canarias y de cumplir con que esos menores tienen que salir de Canarias”, ha matizado.

Delgado, en todo caso, ha denunciado que se pueden “entender las prevenciones que tienen las comunidades porque el Estado no da ejemplo”, y cree que no están dispuestas a asumir [la acogida] “en solitario”, como hace el archipiélago “desde hace dos años”, ha subrayado. “La inoperancia del Gobierno Central sigue siendo evidente porque no es capaz de articular una respuesta negociada, con una financiación óptima”, y ha añadido la dilación en asumir los menores que han solicitado el asilo, tal y como ordenó el Tribunal Supremo en marzo, informa Guillermo Vega.

Petición de aval al Supremo

En la misma línea que Rego, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha cargado contra la actitud del PP este jueves. “Creen que dan plantón al Gobierno, pero en realidad dan plantón a Canarias y a los niños y niñas que hay en las islas, que deben ser acogidos por ley en el resto de comunidades autónomas. Una más”, ha sentenciado en redes sociales antes de poner como ejemplo las “trabas” de la Comunidad de Madrid al traslado de niños solicitantes de asilo y anunciar que esa postura “obliga al Gobierno” a pedir el “aval al Supremo, para hacerlo con garantías”.

El pasado 9 de julio, la consejera de Familia, Juventud y Servicios Sociales, Ana Dávila, amagó con “ejercer cuantas acciones legales resulten necesarias” si el ministerio seguía adelante con su intención de derivar a la Comunidad de Madrid a 400 menores solicitantes de asilo desde Canarias, una decisión que se producía, denunciaba, “sin comunicación oficial alguna por parte del Gobierno de España”. Aunque los solicitantes de asilo dependen del Estado, la consejera alegaba en su escrito que es la comunidad la autoridad “legalmente responsable de la protección de los menores” en su territorio.