Los profesores de Infantil en Madrid denuncian la precariedad laboral y de las escuelas: “Preferiría llevar a mi hijo a jugar a un descampado”

Algo tan sencillo como no tener un cristal entre el cuartico donde cambia pañales y la estancia principal donde pasan el día los bebés provoca que a la profesora Filomena Gómez se le suba el corazón a la garganta cuando alguno de los pequeños “se hace pipí” y ella está sin compañera. “Es que los tengo que dejar solos y no los puedo mirar”, lamenta Gómez, trabajadora de la escuela infantil del CEIP Gabriel y Galán, en Alcobendas. Detrás de su preocupación está también la de cientos de profesores que como ella no dan abasto con las ratios, a los que no les llega el sueldo a final de mes y aún así tienen que comprar materiales para sus clases porque la Administración no les suple o que tienen que achicar agua cuando llueve porque el edificio está lleno de goteras. Las malas condiciones laborales unidas al deterioro de las instalaciones son el caldo de cultivo que los ha hecho estallar.

La escuela donde trabaja Gómez es una de las que está integrada en un centro educativo de Primaria, lo que ya supone de por sí un problema de logística por las actividades que realizan unas y otras edades. A eso hay que sumarle la falta de recursos. “Estamos muy abandonados”, dice tajantemente ella, que ni siquiera cuenta con un armario para guardar sus pertenencias. Tampoco tienen aire acondicionado para el verano, aunque estos centros están abiertos también en junio y julio a diferencia del resto de enseñanzas. “El año pasado nos trajeron un pingüino, pero es un problema porque los niños quieren tocar todo lo que está a su altura”, comenta.

Los profesores de las escuelas infantiles de toda la Comunidad de Madrid gritan basta. Aseguran que llevan muchos años oyendo cómo solo se habla de cheques guardería y de ayudas que van destinadas a matricular en centros privados, pero de sus condiciones de trabajo poco se menciona. La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), apoyados por el sindicato CGT, ha anunciado que a partir del próximo 7 de abril el pirmer ciclo entrará en una huelga indefinida ―la “revolución del cero a tres” le llaman― por la bajada de ratios y la subida salarial.

No saben cuánto durará la protesta, pero ya se han marcado un calendario que prometen que cumplirán a rajatabla, con concentraciones frente al Ministreio de Educación, a la consejería madrileña y performances en Callao. Ante esta situación, la Consejería de Educación madrileña, asegura que ya se “han dictado los correspondientes servicios mínimos que garantizan la continuidad del servicio educativo para los alumnos y familias” e “insta a organizaciones sindicales y patronales al diálogo”.

Una de las demandas del colectivo es que se incluya el primer ciclo de la Educación Infantil en la nueva ley educativa sobre las ratios que impulsará el Gobierno central. “Pedro Sánchez la anunció a las puertas de una escuela infantil”, recuerda Rosa Marín, otra profesora, del centro Las Mercedes del distrito madrileño de San Blas-Canillejas, sobre las declaraciones del presidente en un centro de Getafe el pasado septiembre para informar de una futura normativa que regulará las ratios, ya que en la Lomloe este aspecto solo aparece como una recomendación. Desde el Ministerio de Educación señalan a EL PAÍS que, “de momento, se regula solo lo que se contempla en el anteproyecto” que, según los datos publicados, es una jornada lectiva de 23 horas para ese profesorado.

Marín trabaja en una de las 77 escuelas infantiles públicas que gestiona el Ayuntamiento de Madrid. Estos centros cuentan con una normativa específica que muchos profesores del resto de la región envidian: siempre trabajan en parejas educativas, con unas ratios bajas y con un programa educativo bien adaptado al menor. Sin embargo, los sueldos rozan el SMI, casi la mitad que en la red autonómica, y esa excelencia en la enseñanza es “a costa de las currantas”. “Como son criaturas y como nos gusta, nos dejamos el alma”, dice Marín, orgullosa a pesar de todo.

Pero el Ayuntamiento asegura que “cumple con el convenio del sector que las rige” a la hora de pagarles y que es de obligatorio cumplimiento hasta 2028. Y agrega que “licitará ese mismo año un nuevo contrato de gestión de las escuelas infantiles con la consiguiente actualización de las tablas salariales, cumpliendo así los plazos establecidos”. Hasta entonces, todo indica que seguirán con el mismo sueldo.

Por otro lado están las condiciones de las escuelas. Durante las pasadas lluvias, en la de Marín hubo que cerrar un aula por las goteras y las profesoras tuvieron que achicar agua para despejar los pasillos. Según un estudio del PSOE municipal en 2025, el 52% de las Escuelas Infantiles, tanto de gestión municipal como regional, tenía la Inspección Técnica de Edificios con resultado desfavorable. Son 2.200 niños y niñas afectados por las malas condiciones de los centros donde pasan buena parte del día.

Francisco Alba, profesor en la Escuela Infantil Ori Ori, también en San Blas-Canillejas pero en una de las 396 gestionadas por la Comunidad de Madrid, cuenta hasta dónde llega el deterioro de las infraestructuras: la fachada se ha caído, los muros de los patios también, hay humedades, moho, bebés durmiendo en pañal por el calor en verano y luego con abrigos en invierno.

“Estoy en el consejo escolar y la directora nos muestra los presupuestos cada año. El dinero no llega ni para cubrir las necesidades de alimentación y de material”, cuenta con evidente enfado. “Si con la partida de alimentación no me llega, me lo tengo que gastar de la partida de materiales. ¿A costa de quién? A costa de la buena voluntad de las educadoras que compran el material con el dinero suyo”. La Consejería de Educación reponde a las quejas con que ya “realiza constantes actuaciones de mejora de instalaciones y adecuación de espacios en las escuelas de su competencia” y que, además, “ha incrementado un 9% los módulos de financiación en su red de gestión indirecta”.

Pero el gran problema de este tipo de centros son las ratios. “Las que aquí tenemos son bastante desorbitadas, con lo que no podemos dar una atención individualizada a los alumnos, que sería lo ideal”, comenta Alba.

La Comunidad de Madrid otorga desde 2022 becas para la Educación Infantil en centros privados a falta de plazas públicas. Con un presupuesto de 67,3 millones de euros, este curso 2025-2026 se entregaron a unos 34.000 beneficiarios del primer ciclo de Infantil. Estas becas están rodeadas de polémica no solo porque es dinero termina en manos de empresas privadas en lugar de invertirse en la red pública, sino también porque a ellas pueden acceder familias con rentas de más de 100.000 euros.

El Ayuntamiento de Madrid también tiene un plan de becas similar para la escolarización de cero a tres años en centros privados, la llamada beca infantil plus, que para este curso tuvo un presupuesto de 5,1 millones de euros. Sin embargo, solo la recibieron 1.214 de los 11.738 solicitantes, es decir, el 90% se quedó fuera.

“La solución ha sido llenar todo de becas en lugar de subir las matrículas [en la pública]”, critica la profesora Marín. Varios profesores denuncian que cuando en sus centros falta personal la respuesta es cerrar plazas para nuevos alumnos en lugar de contratar personal o mejorar las condiciones de los que ya están para que no abandonen sus puestos.

Los problemas de la Educación Infantil, y específicamente de su primer ciclo, son “acumulativos”, explica Alba. “Cada año va peor y cada año las infraestructuras son más viejas. Y solo se ponen parches”. Aunque no es padre, tiene claro que las condiciones para los pequeños no son las mejores: “Preferiría llevar a mi hijo a un descampado a que jugase en estos patios”.