El controvertido caso del desahucio de Paca Blanco: 12 años de okupa en un piso del Ayuntamiento

Paca Blanco tiene 77 años, utiliza andador y mantiene actividad pública y política constante. En las últimas semanas, cuenta orgullosa, ha participado en unas jornadas de Greenpeace, mañana tiene un acto en el Congreso y hoy habrá dado dos conferencias en institutos con el Patronato de Protección de la Mujer. Acaba de publicar una autobiografía titulada Paca Blanco La Brava (Editorial Libros en Acción) y es reconocida por su trabajo como activista social desde hace décadas. Pero su apretada agenda se ha visto afectada este martes al recibir una orden de desahucio de un juzgado de primera instancia de Madrid sobre la vivienda pública en la que ha vivido los últimos 12 años en el barrio de Pacífico, en el distrito de Retiro. “Estoy emocionada por todo el apoyo que estoy recibiendo”, dice por teléfono mientras se prepara para acudir al despacho de su abogada para planear su defensa.

Este controvertido caso tiene fecha y hora: el 23 de febrero de 2026. Blanco asegura que es ella quien reside de forma continuada en el inmueble desde hace más de una década y que puede acreditarlo con los registros del padrón, recibos de agua, luz, gas y comunidad. En la orden de lanzamiento constan el nombre de su hijo, el de su nuera y el de una “ocupante ignorada”, refiriéndose a ella, Francisca Blanco. “Yo no le pagué a nadie para entrar a esta casa, yo entré con llaves, por la puerta”, explica.

Blanco llegó a Madrid tras abandonar Extremadura después del conflicto por el proyecto turístico de Marina de Valdecañas, donde, cuenta, sufrió acoso y amenazas por su oposición a ese desarrollo en un espacio protegido. “Me lanzaron un cóctel molotov dentro de mi casa, y después de seis años de acoso decidí irme a vivir a Madrid”, afirma. Su hijo la acogió entonces en la vivienda pública que tenía adjudicada.

En ese momento, su hijo convivía con su pareja, y ambos estaban planeando irse a vivir a Brasil. Cuando se marcharon, explica Blanco, ella permaneció en la casa para hacerse cargo de los gastos. Desde entonces, solicitó a la EMVS que le permitiera subrogarse en el contrato y asumir el alquiler a su nombre. Afirma que se lo denegaron de forma reiterada con el argumento de que este tipo de viviendas pueden transmitirse de padres a hijos, pero no de hijos a padres. “Por eso me consideran okupa”, señala.

“Llevo aquí desde 2014. Estoy empadronada desde que llegué. Tengo todos los recibos. Siempre le he pedido a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) que me cobren”, explica. Hace un año, le aconsejaron abrir una cuenta y pagar a nombre de su hijo, algo que lleva haciendo un año. “Unos meses 400 euros, otros 460, según calefacción y comunidad”, detalla. Pero dado que Blanco ha estado 11 años sin pagar esos 450 euros, la deuda que tiene con la EMVS asciende aproximadamente a unos 50.000 euros.

La orden de desahucio, dice, llegó sin explicación previa pese a esos pagos. Tras conocer el lanzamiento, ha pedido, de la mano de la exdiputada y abogada especializada en vivienda Alejandra Jacinto, una entrevista con la gerencia de la EMVS con el objetivo de intentar paralizar el procedimiento. “Estamos dando todos los pasos para pararlo”, señala la letrada. Desde el Ayuntamiento, le ofrecieron una plaza en una residencia para mayores, pero Blanco la ha rechazado. “No quiero una residencia. Todavía estoy dando guerra”, dice.

Blanco percibe unos 600 euros de pensión de jubilación. Tras el fallecimiento de su compañero —con quien convivió 43 años y con quien se casó poco antes de su muerte—, recibe una pensión de viudedad de otros 600 euros. En total, cobra 1.200 euros más todo el dinero que recibe de su trabajo como activista.

Blanco explica que ha empadronado en distintos momentos a hijos y nietos cuando han tenido problemas de empleo o de salud, aunque actualmente solo convive con un hijo que está buscando piso con su pareja. Subraya que no forman una unidad económica conjunta y que ella es una persona vulnerable que no tiene una alternativa habitacional. “No pueden poner en la calle a una persona de 77 años que puede demostrar que vive aquí desde hace 12 años”, sostiene. “Confío en que lo vamos a parar”.

Por su parte, fuentes de la EMVS señalan que, por motivos de protección de datos y al afectar a derechos fundamentales y a la privacidad de las personas implicadas, no pueden facilitar información concreta sobre procedimientos judiciales en curso. Recuerdan, además, que las viviendas gestionadas por la empresa municipal son públicas, “un bien de todos los madrileños”, y están sujetas a una normativa y a un reglamento de obligado cumplimiento, cuya observancia corresponde legalmente a la EMVS.

Según estas fuentes, con carácter general la empresa solo inicia procedimientos judiciales cuando existen incumplimientos contractuales, ocupaciones ilegales —forzadas o no—, cesiones o subarriendos no autorizados, o impagos reiterados durante largos periodos de tiempo sin voluntad de acogerse a planes de pago y con deudas acumuladas de miles de euros. En estos supuestos, explican, los servicios jurídicos de la EMVS interponen demandas de desahucio “para proteger los derechos de las personas inscritas que esperan la adjudicación de una vivienda pública, así como para salvaguardar el patrimonio municipal”.

En relación con las subrogaciones, las mismas fuentes precisan que, en términos generales, solo se producen cuando se cumplen los requisitos legales y contractuales establecidos.

Respecto a esto, la abogada Jacinto asegura que Paca es una persona que lleva viviendo en una vivienda pública que adjudicaron a su hijo desde el año 2014 y que ella siempre ha obrado de buena fe: “Nosotros, por supuesto, nos vamos a defender de ese procedimiento. Vamos a intentar demostrar que ella siempre ha querido cumplir el contrato de arrendamiento y que ha sido, precisamente, la propia EMVS quien ha provocado esa situación. Si la subrogación de contratos puede darse de padres a hijos, tiene sentido que al contrario también se pueda hacer. Esperemos que se paralice el desahucio, porque sería muy injusto que a una persona de casi 80 años, con movilidad reducida, precisamente le desahucie quien tiene la obligación última de garantizar la alternativa habitacional a las personas en estas condiciones”.