Castilla-La Mancha aprueba un plan de choque fiscal para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes
El paquete incluye préstamos a tipo cero, nuevas deducciones en el IRPF y rebajas en varios impuestos autonómicos


El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado un paquete de medidas fiscales para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes. Las avanzó el jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, en el Debate sobre el Estado de la Región del pasado año y este martes las ha rubricado el Consejo de Gobierno. Aunque la subida de la vivienda en Castilla-La Mancha no alcanza las cotas que registran las grandes ciudades del país y las zonas de costa, los incrementos, tanto en alquiler como en compra, son una constante en los últimos años. Donde más, en las áreas más próximas a la Comunidad de Madrid, como la Sagra, en Toledo, o el Corredor del Henares, en Guadalajara, convertidas hoy en el último círculo concéntrico de una diáspora inmobiliaria que ve en ellas su última esperanza para acceder a una vivienda más asequible.
García-Page sacaba pecho hace unos días de este conjunto de incentivos. “Probablemente”, decía, “el más importante” de los operados en el conjunto del país para facilitar la compra y el alquiler de vivienda. La región busca, al mismo tiempo, ampliar el parque inmobiliario ―sobre todo en la compra― de la mano del sector privado. En lo inmediato, una vez que las medidas reciban el visto bueno de la Cámara autonómica ―donde los socialistas tienen mayoría absoluta― los jóvenes menores de 36 años que residan en Castilla-La Mancha podrán beneficiarse de préstamos a tipo cero para cubrir la parte que no asumen las entidades bancarias en la compra de una vivienda y beneficiarse de una nueva deducción del 15% en el IRPF por las aportaciones a lo que antes se llamaban “cuentas vivienda”, con un límite máximo de 3.000 euros.
El paquete también contiene la rebaja de varios impuestos de gestión autonómica: el de transmisiones, que pasará del 5% al 3%, y el de actos jurídicos documentados, que se reduce a la mitad, del 0,50% al 0,25%. La deducción por alquiler de vivienda habitual pasará de los 450 a los 500 euros (un 11% más), ampliando su aplicación no solo a los menores de 36 años, sino también a familias numerosas, monoparentales y personas con discapacidad. Para ampliar el rango de beneficiarios, el Ejecutivo autonómico elevará de los 180.000 a los 240.000 euros el valor de la vivienda que podrá acogerse a estas desgravaciones. El montante de este paquete fiscal, que se incluirá en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2026, será de unos ocho millones de euros. Se estiman unos 12.000 beneficiarios potenciales.
En el Gobierno de Page aseguran que estas medidas convertirán a Castilla-La Mancha en la comunidad donde los jóvenes “tendrán que hacer un menor esfuerzo impositivo” para acceder a su primera vivienda. “Queremos responder con lo que está a nuestro alcance, que son ayudas, subvenciones, facilitar trámites, pero también ayudar económicamente a lo que está significando un tormento para muchísimas familias, que es poder adquirir una vivienda o incluso tenerla en alquiler”, explicaba el presidente regional. El objetivo, remarcaba este martes el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, es reducir “los impuestos inherentes a la adquisición” y fomentar el ahorro previo para que los jóvenes puedan hacer frente a los gastos asociados a la compra de una vivienda.
Ayudas en zonas despobladas
Las medidas aprobadas este martes forman parte del Plan de Acción por la Vivienda que se presentó a finales del pasado año. El Ejecutivo de García-Page destinará 45 millones de euros de fondos FEDER para favorecer la construcción de alrededor de 700 viviendas con algún tipo de protección pública, además de promover la oferta de productos financieros de acceso a la vivienda, como los aprobados ahora, con condiciones ventajosas para los jóvenes. El Plan también busca simplificar toda la maraña administrativa para facilitar el cambio de uso de suelo dotacional a residencial y reconvertir edificios públicos en desuso para destinarlos a vivienda. El Ejecutivo trabaja, además, en la creación de un nuevo registro de demandantes de vivienda y vivienda protegida que pondrá el énfasis en los colectivos más vulnerables.
Pero la falta de vivienda en Castilla-La Mancha se extiende también a las zonas rurales, no tanto por la escasez como por el estado de conservación de muchos inmuebles. El Ejecutivo autonómico otorga una ayuda máxima de 10.800 euros para sufragar el coste de la entrada a los jóvenes menores de 35 años que adquieran una vivienda en municipios de hasta 10.000 habitantes ―el 96% de todos los que hay en la región―, con un tope del 20% del precio total. El Ejecutivo de García-Page, además, da por superado el llamado Plan 10.000, que busca impulsar la construcción de vivienda a través de la colaboración público-privada. Según datos del Gobierno de España, la región superó el pasado año los 15.000 visados de obra nueva, el 21% ―aseguran desde la Consejería de Fomento―, “con algún tipo de protección pública”.
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