Hacienda elevará la deducción fiscal para que los perceptores del nuevo salario mínimo sigan sin tributar

El Gobierno ha confirmado que subirá ya en este año el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 17.094 euros brutos anuales en 14 pagas, un 3,1% más que en 2025. Una vez despejada la duda de cuál será la cuantía del incremento ―un debate que se ha dilatado varias semanas por las negociaciones entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales―, el movimiento inmediato que preparan en el Ejecutivo es la adaptación del impuesto sobre la renta al aumento, con el objetivo de que los perceptores del nuevo suelo retributivo sigan sin tributar. El Ministerio de Hacienda barajaba ampliar la actual deducción del IRPF para adecuarla al nuevo SMI, tal y como adelantó este periódico en diciembre. Según fuentes del departamento, la decisión ya está confirmada y se aprobará próximamente mediante una ley.

El objetivo de la medida es compensar íntegramente el impacto fiscal de la subida del nuevo mínimo salarial, como ya sucedió el pasado ejercicio. La deducción actual, que es de 340 euros al año, se queda corta y no basta para diluir el efecto del IRPF tras el alza, por lo que se incrementará hasta una cuantía algo menor a los 600 euros, según confirman fuentes de Hacienda. El esquema será similar al vigente. Los trabajadores tributarán en 2026 a través de las retenciones practicadas por los empleadores y un año después, al presentar la declaración de la renta, recibirán una devolución por el mismo importe.

La fórmula elegida por el Gobierno permite cumplir el compromiso de que el salario mínimo alcance el 60% del salario medio, como establece la Carta Social Europea, sin necesidad de forzar una subida mayor del salario bruto. El foco, en este caso, está puesto en la parte neta, en lo que realmente acaba en los bolsillos del empleado.

La razón es sencilla. Una subida del SMI que empezara a tributar habría reducido parte de la mejora salarial. De esa manera, para compensar ese efecto y alcanzar de manera efectiva el umbral del 60% en términos netos, el salario mínimo tendría que haber subido más. La ampliación de la deducción permite evitar ese escenario.

En la práctica, el ajuste se reparte entre los empleadores y el fisco. Las empresas asumen una subida más contenida del salario bruto, mientras que la Administración absorbe parte del coste a través de una menor recaudación fiscal, con un impacto que se estima en unos 200 millones de euros por año. El trabajador, por su parte, recibe íntegra la mejora del salario. Para el Gobierno era importante este matiz, ya que con él pretendía atraer a la patronal y recibir su aval simbólico. Finalmente, los empresarios se han caído del acuerdo por la falta de indexación de los contratos públicos y el Ejecutivo solo ha logrado el beneplácito de los sindicatos.

Un viejo debate

La adaptación del IRPF sirve también para no reabrir el conflicto que estalló hace un año entre los dos socios de coalición a cuenta de la tributación del salario mínimo. Tras la anterior subida, por primera vez, una parte de los perceptores del SMI ―principalmente solteros sin hijos que no podían beneficiarse de los descuentos familiares del impuesto― empezó a pagar mes a mes IRPF, con una factura cercana a los 340 euros anuales entre cuota y retenciones.

La decisión de no adaptar el impuesto a la subida provocó una de las mayores tensiones de la legislatura a nivel interno que se recuerdan. Desde el área económica del Gobierno, dirigida por el PSOE, se defendía que, tras los incrementos acumulados de los últimos ejercicios, el salario mínimo debía empezar a contribuir con la recaudación pública. En cambio, el Ministerio de Trabajo, en manos de Sumar, consideraba incoherente gravar a quienes se situaban en los niveles salariales más bajos.

El choque se resolvió con una solución salomónica y, en teoría, provisional: Hacienda devolvería al año siguiente el importe pagado, de modo que la tributación no tendría efectos reales sobre el salario neto.

Ahora, con la subida ya confirmada para 2026, el Gobierno ha decidido evitar el ruido y replicar la misma fórmula. La comisión de expertos reunida por Trabajo había planteado dos escenarios. Uno de subida moderada, hasta los 17.094 euros brutos anuales, y otro más ambicioso, hasta los 17.360 euros, asumiendo que el SMI empezara a tributar.

La elección del primer umbral, acompañada de una deducción de cuantía similar, permite neutralizar el impacto fiscal y cumplir el objetivo salarial sin necesidad de una subida mayor del salario bruto.