Carlos Mur, ex alto cargo de Ayuso imputado en el ‘caso residencias’, cree que “muy probablemente” hubo negligencias

Carlos Mur, un ex alto cargo madrileño clave en el caso judicial de las residencias madrileñas, admitió recientemente que “muy probablemente” hubo negligencias en la gestión de la pandemia. Lo dijo en una entrevista en septiembre con la televisión pública de Andorra, país donde reside y ejerce como psiquiatra. No señaló el nombre de esos hipotéticos culpables pero dio pistas: Se refirió al hospital de campaña de Ifema, proyecto estrella de Isabel Díaz Ayuso, que se llevó a los sanitarios que iban a medicalizar las residencias.

Mur no ha dado entrevistas a la prensa española durante este largo período en que el caso residencias se ha convertido en un enredo para Ayuso. Por eso, esta aparición en la tele andorrana que pasó desapercibida en su momento es una ocasión extraordinaria para conocer la postura de Mur, que se encuentra en una situación judicial comprometida. Está siendo investigado por múltiples juzgados madrileños como autor de un supuesto delito de discriminación en el acceso a un servicio público.

“Sí, muy probablemente, sí (hubo negligencia)”, le respondió Mur en catalán al periodista Gabriel Fernàndez. “Fue precisamente por la falta de profesionales. Hay que entender la situación. Durante aquellos días llegamos a tener, por parte de atención primaria, 1.076 médicos de baja - contagiados- por la Covid y 973 enfermeras. Si, además, añadimos que se van a cerrar 37 SUAP (urgencias de barrio) en Madrid, que son los que daban cobertura a las residencias, y que llevaron a los 800 enfermeros y enfermeras y los 623 médicos de dichos servicios de atención primaria para montar el hospital del Ifema, son todos estos profesionales que no pudieron acudir a las residencias a prestar atención directa”.

Mur también fue preguntado por su relación con Ayuso. “Habría que preguntarle a ella, no sé si está enfadada, pero puede que sí”, respondió. También aclaró que no ha tenido ningún tipo de “relación con ninguna autoridad política desde hace años”.

Mur fue el hombre de los protocolos, quien firmó aquellas directrices que cerraron las puertas del hospital a miles de personas que vivían en las residencias. También fue quien alertó de que el reverso de esa política, la medicalización de esos centros, no estaba funcionando, como ha revelado EL PAÍS con la publicación de un correo suyo en los inicios de la crisis. “No deseo que ninguna autoridad tenga en su conciencia un número importante de fallecimientos evitables”, advirtió.

Cuando estalló la pandemia, Mur ocupaba el puesto de director general de la Consejería de Sanidad, encargado de conectar la red sanitaria pública con las 475 residencias de mayores de la región. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, le ordenó reunir a un grupo de geriatras de hospital para establecer un filtro exigente a las llamadas desde las residencias que solicitaban derivaciones. Tras reunirse el 13 de marzo de 2020, decidieron elaborar unos protocolos que recomendaban el descarte de las personas con dependencias físicas o cognitivas. Como contrapartida, las residencias iban a recibir un refuerzo médico con el personal de Atención Primaria.

Sin embargo, esos sanitarios fueron destinados al recinto ferial de Ifema, que fue reconvertido en hospital de campaña a partir del 20 de marzo. Más de 1.000 profesionales de Atención Primaria formaron la plantilla. Mur ha revelado que el 19 de marzo le había preguntado a Escudero si los mayores de residencias irían a Ifema, pero este le respondió que no porque no tenían camas articuladas ni gerocultores.

El lunes, Mur declaró por primera vez como imputado en una vista cerrada a la prensa. Lo hizo en una videoconferencia desde Andorra. Declinó una entrevista con EL PAÍS para que explicara su declaración, pero la abogada de la acusación, Alejandra Jacinto, reveló que Mur había contado ante la jueza que no se medicalizó la residencia donde murió un hombre enfermo rechazado por el Hospital Gregorio Marañón.

Dos asociaciones de familiares, Marea de Residencias y 7.291 Verdad y Justicia, han pedido a Mur que “tire de la manta”. Ocho jueces han imputado a Mur y se espera aún conocer la fecha de nuevas citaciones.

Fue destituido en mayo de 2020. En un tuit, Ayuso atribuyó su salida a que estaba renovando la Consejería. “Cuento con él”, dijo. Sin embargo, Mur no volvió. Trabajó en su especialidad, la psiquiatría, en una clínica de Barcelona, y en enero de 2022 fue contratado por la sanidad pública andorrana como jefe de psiquiatría, un puesto que desempeñó hasta febrero de este año. Ahora tiene una consulta privada en el Principado.

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