La Abogacía del Estado pide casi cuatro años de cárcel y una multa de 448.000 euros para el novio de Ayuso por su presunto fraude

La Abogacía del Estado —órgano que defiende en el juicio el interés de Hacienda— ha pedido este lunes una multa de 448.000 euros y prisión de tres años, nueve meses y un día para el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el caso de fraude fiscal de 350.910 euros, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso EL PAÍS. La solicitud de cárcel es idéntica a la que hizo la Fiscalía el 16 de julio, pero el Ministerio Público pedía una multa mayor, de 623.000 euros.

Estas peticiones de pena son las preceptivas que las partes acusadoras deben enviar a la jueza de instrucción, Inmaculada Iglesias, antes de que esta dicte el auto de apertura de juicio oral, su última intervención en el caso, que sería juzgado por la Audiencia Provincial. Aún falta el escrito de las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid.

Todas estas solicitudes no excluyen la posibilidad de que la pareja de Ayuso pacte una pena menor, siempre y cuando reconozca su culpa, un acuerdo que será posible siempre que se firme antes del inicio del juicio. En paralelo, Amador se enfrenta a otro procedimiento penal por un presunto soborno a un ejecutivo de la empresa sanitaria Quirónsalud.

El caso de fraude fiscal ha examinado el uso de facturas supuestamente falsas por parte de la consultora sanitaria Maxwell, de Amador, en los ejercicios fiscales 2020 y 2021, con el objetivo de usarlas para deducirlas y así pagar menos impuestos.

Amador ha alegado que es inocente porque no tenía voluntad de delinquir cuando incluyó esas facturas en sus declaraciones fiscales, pero la Abogacía considera todo lo contrario. “Era plenamente consciente”, se lee en este escrito de 41 páginas, “de la falta de realidad de las facturas contabilizadas y de los consiguientes gastos indebidamente deducidos en el Impuesto sobre Sociedades, ejecutando la conducta descrita con el ánimo de escapar la tributación correspondiente”.

La Abogacía del Estado también pide penas para los empresarios que emitieron las facturas falsas que permitieron a Amador pagar menos en el impuesto de sociedades. Para el mexicano Maximiliano Niéderer solicita dos años y para los tres sevillanos, David Herrera y los hermanos José Miguel y Agustín Carrillo, un año para cada uno, ya que la cuantía de las facturas de estos era menor.

Amador ha sido procesado por dos delitos de fraude fiscal (por los ejercicios fiscales 2020 y 2021) en concurso con un delito de falsificación de documento mercantil. El Código Penal castiga el fraude fiscal con penas de uno a cinco años y multas que oscilan entre una suma igual a la cuantía defraudad y seis veces más. Además, el fraude documental se castiga con penas de entre seis meses y tres años de cárcel.

La petición de multa que solicita la Abogacía es de 448.000 euros. Esta cantidad se sumaría a otra ya pagada por Amador a Hacienda como reparación del daño, según fuentes del caso. Es decir, el empresario abonó el 17 de mayo la cuantía defraudada de 350.910 euros más los intereses de demora. Ese pago no había sido noticia hasta ahora.

Durante el proceso ha habido cierta confusión con la cuantía pagada por Amador. Esto se debe a que cuando estalló el caso, en marzo del año pasado, Ayuso dijo que Hacienda le debía dinero a su pareja. La realidad era, según se supo más tarde, que mientras era investigado por la Agencia Tributaria, Amador hizo un pago irregular con la esperanza vana de que el caso nunca llegara a los tribunales. Esa devolución, de 552.00 euros, se produjo en abril del año pasado. La Ley impide expresamente una regularización fiscal cuando el contribuyente ya conoce que le están investigando por fraude.

El pago del 17 de mayo de 2024 es habitual en casos en que los contribuyentes se enfrentan a procesos penales por fraude fiscal, según expertos consultados. Explican que de esa forma el encausado puede aminorar su posible condena porque la reparación del daño causado a la Hacienda pública se considera un atenuante.

Relevo en el juzgado

El caso se judicializó en marzo del año pasado, cuando la Fiscalía denunció a Amador por defraudar 350.910 euros en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021. Para ello, usó 15 facturas consideradas falsas por Hacienda y confeccionadas por cuatro supuestos cómplices. El valor de esas facturas ascendía a 1,7 millones de euros y las incluyó para deducir indebidamente esos ingresos, según la inspección que le había hecho antes la Agencia Tributaria.

La jueza Iglesias está a punto de jubilarse voluntariamente al cumplir 65 años. Según fuentes judiciales abandonará el juzgado 19 de instrucción de Madrid a mitad de agosto. Eldiario.es ha adelantado que su sustituto será, en principio, Antonio Viejo, ganador del concurso de traslado convocado por el Consejo General del Poder Judicial. Este tipo de nombramientos se decide únicamente por el criterio de antigüedad en la carrera judicial, pero puede ser recurrido por los perdedores, aunque no suele verse alterado.

Viejo, de 65 años, está afiliado a la asociación conservadora Francisco de Vitoria y fue secretario general de la administración de Justicia durante el primer Gobierno de Pedro Sánchez.

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