La UCO apunta a que gran parte de las supuestas mordidas que llegaban al despacho de Montoro iban a sus socios por “transferencias directas”

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye que “gran parte” del dinero que las empresas gasistas abonaron a Equipo Económico, el despacho fundado por Cristóbal Montero, por sus supuestas gestiones ante el Gobierno de Mariano Rajoy para conseguir una rebaja fiscal fue posteriormente traspasado al patrimonio personal de sus socios “a través de transferencias directas”. El documento policial ―fechado el pasado febrero pero conocido este lunes― añade que estos dieron a estos fondos “un destino personal”, algo que, admiten los investigadores, era la operativa “realizada de forma habitual” con los ingresos que Equipo Económico recibía de otros sectores empresariales que contrataban sus servicios.

A la vista del resultado de este documento policial, la Fiscalía Anticorrupción planteó el pasado mes de abril al juez de Tarragona, Rubén Rus, que instruye la causa, que haga un nuevo requerimiento de información a las entidades bancarias para conocer, entre otros aspectos, los movimientos de dinero de las cuentas de Equipo Económico “a” o “desde” el extranjero. El ministerio público pidió también que los bancos identificaran a todas las personas que realizan cargos o abonos en esas cuentas y todas las cuentas en el extranjero desde las que se hagan abonos o cargos a las de Equipo Económico.

El magistrado, en un auto fechado el 12 de junio, rechazó hacer esta nueva petición de momento, al entender que esos datos ya fueron reclamados y están incorporados en los anexos del informe de la UCO. No obstante, el juez ha acordado preguntar a los Mossos d’Esquadra y a la Guardia Civil si consideran necesario reclamar más información a los bancos para completar sus informes.

En su informe ―en el que se han analizado 516 productos bancarias de ocho socios del despacho y 18 sociedades ligadas a ellos―, la UCO reduce a 673.500 euros el importe final de los pagos que siete compañías gasistas y la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM, organización que las aglutina) hicieron al despacho fundado por Montoro a partir de enero de 2014 ―un documento anterior cifraba el total de los pagos en cerca de 780.000 euros―, fecha que coincide con las supuestas gestiones que presuntamente este hizo para que el Gobierno de Mariano Rajoy, en el que Montoro era ministro de Hacienda, hiciera determinadas reformas legislativas que les supusieron una importante rebaja fiscal. El exministro y otras 27 personas han sido imputadas formalmente recientemente por estos hechos por el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona, Rubén Rus, acusados de los delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad.

La UCO detalla que los pagos de las gasistas se realizaron mediante 29 “operativas” y tuvieron como fecha de inicio enero de 2014, coincidiendo “con el periodo de los hechos que se investiga, teniendo estos su génesis a finales del año 2013″, señalan los agentes. Un informe anterior de la Guardia Civil destacaba que precisamente en diciembre de este último año el directivo de una empresa gasística envió a otro alto cargo de su compañía un correo electrónico en el que afirmaba la necesidad de contratar el despacho ya que “la vía más directa, como siempre, es pagar a este Equipo Económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro”. Los agentes ponían entonces el foco en la expresión “como siempre” ya que, en su opinión, denotaba “que el hecho de pagar a EE [el despacho fundado por Montoro] como vía más directa, podría haber sido algo habitual y conocido”. en estos meses

En el informe ahora conocido, la UCO detalla que los pagos de las gasísticas investigados “se corresponden con transferencias recurrente y de montos significativos hacia las cuentas de EE/GA [Equipo Económico y su posterior denominación, Global Afteli] pareciendo ser pagos incrementados en el IVA”. El informe señala que los abonos realizados por las empresas al despacho fundado por Montoro por una segunda contratación de sus servicios en el periodo 2017-2019 fueron realizados por la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), organización también salpicada por la investigación.

Equipo Económico ha estado casi desde su fundación, en 2006, salpicado por sombras de sospechas por intermediar supuestamente con Hacienda y la Agencia Tributaria para favorecer a algunas empresas. Por ello, ha sufrido varias investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, pero hasta ahora nunca se había sustanciado nada. El despacho siempre ha rechazado todas las acusaciones y ha justificado su actividad legal.

Sin embargo, la investigación del juez Rus, que ha contado tanto con la Guardia Civil como con los Mossos d’Esquadra, apuntala las sospechas de que Equipo Económico era contratado por empresas con el objetivo de que, echando mano de sus contactos en las altas instituciones del Estado gracias a los puestos ocupados por sus miembros en diferentes Gobiernos del PP, influyese en decisiones del Ejecutivo de Rajoy.