El ministerio de Vivienda busca soluciones para la madre de tres hijos desahuciada por el Gobierno de Ayuso

El director general de vivienda y suelo del ministerio de Vivienda, Javier Martín, ha dirigido este viernes un correo a María José Piccio-Marchetti, directora general de vivienda de la Comunidad de Madrid, para instarla a buscar soluciones para Sheila C. L., una mujer de 39 años con tres hijos y víctima de violencia de género desahuciada por la Comunidad de Madrid de una promoción de viviendas públicas de Torrejón de Ardoz. Tras conocer por EL PAÍS el caso, originado porque la familia estuviera residiendo en un piso originalmente adjudicado a la expareja de su expareja, sin conseguir regularizar su situación durante los nueve años de estancia, el gobierno central pide al regional aclarar si la mujer cumple con los requisitos para recibir las ayudas destinadas a la población especialmente vulnerable.

“Algunos datos de la información parecen sugerir que nos encontremos ante una situación de vulnerabilidad, aspecto sobre el que seguramente tú tendrás más conocimiento”, se lee en la misiva de Martín, a la que accedió este diario. “Soy consciente de que la Agencia para la Vivienda Social no es de tu responsabilidad, pero me dirijo a ti en tanto que sí lo es (al igual que de este Ministerio) el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda vigente, ya que en caso de que se tratara de un perfil de vulnerabilidad, podría tener derecho a alguna ayuda, especialmente las dirigidas a personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, las personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables”, sigue. “En tanto que se trata este de un programa de financiación prioritaria, con prevalencia sobre las ayudas de cualquier otro programa, te ruego me pudieras informar si la familia afectada ha solicitado ayuda en alguno de esos programas, o si hasta donde tú conoces la Agencia para la Vivienda Social le ha facilitado información sobre estas ayudas”.

Sheila fue obligada a abandonar su hogar, radicado en una promoción fracasada donde hay decenas de casas ocupadas y tapiadas, el 8 de julio. Desde entonces ha estado viviendo en un hostal pagado por el Ayuntamiento de Torrejón, y luego en casa de una amiga. Además, ha enviado a sus tres hijos de 16, 14 y 11 años a Toledo, donde pasarán las vacaciones de verano con su padre, que se ha declarado insolvente, según una fuente conocedora del caso, y por eso no le pasa pensión alguna.

“[Los niños] Están pensando en que el día 1 vuelven [de Toledo], y en qué va a pasar con ellos. ¿Otra vez en la calle? Es muy duro", relató en una entrevista con este diario.

Ocurre que el Ayuntamiento de Torrejón le ha ofrecido, además del pago del hostal, afrontar la entrada y los primeros seis meses de alquiler de un piso. Sin embargo, la afectada asegura que le es imposible encontrar una casa porque no tiene trabajo. Sí es beneficiaria del ingreso mínimo vital, por el que cobra, dice, 1.500 euros.

"He visto más de 100 pisos“, cuenta Sheila. ”Y no solo en Torrejón, porque veo que es complicado. He mirado en Loeches, en Alcalá, Coslada, San Fernando, Parla, Vallecas... todo", añade. “Hasta pueblecitos pequeños: Carabañas, Tielmes... y ahí tampoco”, sigue. “En uno que valía 820 euros al mes me dijeron que tenía que tener una nómina de 2.600 euros”, continúa. Y plantea: “¿Quién tiene esa nómina? La trabajadora social me dice que busque un contrato, y yo la contesto que me diga que dónde está, que yo lo pago. ¡Que yo no me niego a pagar! ¡Que puedo pagarlo!“.

Así, la solución que busca la afectada tiene nombres y apellidos: contrato de trabajo. Algo imprescindible para poder alquilar.

Un portavoz de la consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid asegura que el ejecutivo regional está haciendo “seguimiento de la situación”, aunque la ayuda la esté prestando el gobierno municipal de Torrejón, también del PP, que le habría dado una ayuda de más de 1.500 euros para encontrar una solución habitacional.

“Nos consta que el caso está siendo atendido por los servicios sociales municipales, tal y como establece la Ley 12/2022, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid”, afirma este interlocutor del gobierno regional.

La iniciativa del desahucio partió de la Comunidad de Madrid. Más de diez días después, Sheila aún busca dónde vivir con sus tres hijos.