Las residencias para personas con discapacidad física en Madrid piden más financiación al Gobierno regional

Las asociaciones sin ánimo de lucro, empresas y entidades que gestionan residencias y centros de día en la Comunidad de Madrid advierten en un comunicado conjunto de que están en una “gravísima situación” por falta de financiación autonómica. En enero de 2025 se aprobó una subida salarial del 10% para los trabajadores del sector, pero el acuerdo marco con el que operan no se ha actualizado. Aseguran que necesitan que se apruebe uno nuevo lo antes posible porque, en las condiciones actuales, está en “riesgo la continuidad de los servicios esenciales”.

José Félix Sanz, director de la Fundación Polibea, explica que el problema está en el sistema en sí con el que funcionan. Los acuerdos marco, que fijan desde los ratios que deben tener los centros hasta la financiación que recibirán, se establecen en un momento concreto, pero no se formalizan hasta dos años después. En ese tiempo los precios suben o se puede generar una situación inesperada, como fue en su día el estallido de la guerra de Ucrania, que disparó el IPC, y la reacción de la administración es lenta.

Sin embargo, el mayor varapalo para las cuentas de las entidades ha sido el convenio que se aprobó en enero de 2025 para subir un 10% el sueldo a los funcionarios del sector. “Era muy necesario, porque somos de los que menos cobran. Un fisioterapeuta que trabaja en una asociación gana mucho menos que el que lo hace en un hospital o en una clínica”, apunta Sanz. “El problema es que con la financiación actual no tenemos capacidad para hacer frente a la subida de precios. Tampoco podemos recortar personal porque el acuerdo macro no nos lo permite”, añade. En este momento, los centros de día de la Comunidad de Madrid están funcionando con las condiciones que se fijaron en marzo de 2024 y las residencias, con las de diciembre de 2023.

Las 23 entidades que se han unido para buscar una solución piden que se elabore un nuevo acuerdo con la administración lo más rápido que sea posible. Quieren que se realice con la participación de representantes de los centros y residencias para transmitir el problema que genera que los plazos para reaccionar se dilaten tanto. Y, lo más urgente para ellos, que se apruebe “algún tipo de medida” para contrarrestar los costes de la subida de salario.

Las empresas, que se han unido para hacer frente a la situación, han trasladado sus exigencias tanto a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a la consejera de Familia, Salud y Asuntos Sociales, Ana Dávila-Ponce de León, y a la directora general de Discapacidad. En todos los casos les han dicho que están haciendo todo lo que está en su mano, pero sin ninguna fecha concreta para un nuevo acuerdo.

“Sentimos tener que recurrir a usted”, escriben en la carta que le remitieron en marzo a Ayuso. “Pero la situación que estamos viviendo en la Red de Centros y Residencias de Atención a Personas con Discapacidad Física de la Comunidad de Madrid es tan grave que está en peligro su propia supervivencia”, añaden. “Conocedores de su sensibilidad ante los temas sociales, confiamos en que responderá a nuestro ruego y propiciará una solución en beneficio de las personas con discapacidad física grave y de sus familias“, concluyen.