El Gobierno de Mazón conoció el riesgo real de la dana cinco días antes

El Ejecutivo que pilota Carlos Mazón, del PP, conoció la dimensión real de la dana cinco días antes de la catástrofe que dejó 228 muertos el pasado 29 de octubre. La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) -un organismo que depende de la Generalitat- manejaba en sus previsiones desde el pasado 24 de octubre la magnitud letal de la gota fría. Así lo recoge la declaración íntegra ante la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye penalmente la inundación, Nuria Ruiz Tobarra, de un profesional que participó en la coordinación de la crisis.

El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, confirma que el técnico de emergencias Eduardo V. sostuvo ante la magistrada que el pasado 24 de octubre la AVSRE registró la existencia de un “fenómeno atmosférico adverso” en alusión a la dana. “Era un fenómeno que tuvo continuidad y su culminación máxima fue el día 29”, indicó el experto. Un técnico que, al declarar como testigo, tuvo la obligación de decir la verdad y contestar a todas las partes: jueza, fiscal, defensas y acusaciones populares y particulares.

“Se genera un caso con el aviso dana el día 24 de octubre y las distintas anotaciones que se van haciendo, se hacen en el caso generado el 24”, relató el profesional a la instructora.

La comparecencia de este experto desmonta la versión que ha defendido el president, Carlos Mazón. Desde que se prendió la mecha de la polémica, el jefe del Consell ha aireado la tesis de que si su administración no actuó con diligencia antes fue porque no fue informada con antelación por organismos gubernamentales como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) o la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). La instrucción judicial ha esclarecido que la primera vislumbró nueve días antes la evolución de la dana. Y, la segunda, reportó en tiempo real los incrementos de caudal del barranco del Poyo, génesis de la inundación al desbordarse en poblaciones como Catarroja o Paiporta, donde las aguas se llevaron 25 y 45 vidas, respectivamente.

Pese a que su propia administración conocía el riesgo de la dana cinco días antes, Mazón minimizó hasta la misma mañana de la tragedia sus efectos. En un encuentro oficial con empresarios el pasado 29 de octubre, el dirigente calificó de “exagerada” la decisión de la Universitat de València de suspender las clases y pronosticó que, sobre las 18.00 horas de esa jornada, el temporal iba a evolucionar hacia la Serranía de Cuenca. A través de su cuenta institucional de X (antes Twitter), el barón popular divulgó esta idea en un mensaje que después borró. Cuando Mazón publicaba su predicción en la red social, la Aemet ya había emitido un aviso rojo, el máximo de la escala y que se aprueba ante una previsión de lluvias de más de 180 litros por metro cuadrado.

El testigo que ha revelado que la Generalitat manejaba esta valiosa información también reconoció que el departamento autonómico que gestionó la crisis de la dana celebró “llamadas de seguimiento” con la CHJ y la Aemet para analizar la evolución de la catástrofe. Y apuntó -en la línea de investigación que ha defendido la jueza- que si la alerta masiva a móviles se hubiera enviado antes, se habrían salvado vidas. “Si se hubiera enviado el Es Alert [nombre técnico del aviso] media hora antes, a lo mejor se podía haber hecho algo”, auguró Eduardo V. La notificación llegó a los teléfonos a las 20.11 horas, cuando se acumulaban los muertos, fallecidos y personas atrapadas en plantas bajas y garajes.

Junto a la propia previsión del organismo de emergencias de la Generalitat, la Aemet envió una información específica al departamento autonómico la víspera de la tromba, según el testigo. “El día anterior, el 28 de octubre, nos llegó un aviso especial de la Aamet poniéndonos al corriente de todo lo que podía venir. Se organizó una reunión esa misma mañana en la que participaron todos los integrantes del servicio”, precisó el profesional, que acumula dos décadas de experiencia en el 112, la centralita telefónica autonómica.

Relató también que el dispositivo telefónico de la Generalitat registró su pico de llamadas a partir de las 17.00 horas del 29 de octubre tras el desbordamiento del barranco del Poyo a la altura de poblaciones como Cheste o Chiva. “Siempre había carga de trabajo, pero llego un momento que la magnitud de la catástrofe supero por completo el músculo operativo de la sala. Tenías entre 200 y 300 casos. No recuerdo el numero, pero era una barbaridad”, recordó en alusión al tráfico del 112, que la aciaga jornada registró casi 20.000 comunicaciones desesperadas.

Destacó también el profesional que el día previo a la dana se emitió una comunicación a los municipios para que analizaran la evolución de los caudales de sus barrancos. Y recordó cómo el día de la tragedia vio en el dispositivo de emergencias a la entonces consejera de Justicia e Interior de Mazón, Salomé Pradas, que está imputada en la causa por los presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes junto al que fuera su segundo, Emilio Argüeso. Pradas ha tratado sin éxito de descargar su responsabilidad en la gestión de la tragedia en los técnicos. Y, cuando declaró como investigada en el juzgado, exculpó a Mazón. El barón popular destituyó a ambos cuatro semanas después de la riada.

El testigo admitió ante la magistrada que “se podría haber convocado un Cecopi [órgano de la Generalitat que gestionó la crisis] con carácter preventivo”. El del día de la letal gota fría arrancó a las 17.00 horas, cuando el desbordamiento del barranco del Poyo era una realidad. Y la centralita telefónica autonómica recibía llamadas de auxilio de poblaciones como Cheste con mensajes como “el agua sale por los enchufes”.