La jueza de la dana indaga las llamadas del técnico que envió la alerta con los dirigentes de la Generalitat Valenciana

Un día después de la declaración judicial de Miguel M., el jefe de Emergencias que validó el mensaje masivo a móviles con el que la Generalitat Valenciana avisó a la población de la magnitud de la dana, la jueza que instruye la causa, Nuria Ruiz Tobarra, quiere indagar con qué altos cargos mantuvo comunicaciones este empleado que, el día de la inundación, validó el mensaje desde su casa porque teletrabajó.

La instructora ha solicitado a Miguel M., responsable de Tecnología del 112, que entregue voluntariamente los pantallazos de su teléfono. Pretende averiguar así las comunicaciones que tuvo con otros altos cargos del área que gestionó la crisis durante la jornada que dejó 228 muertos y un reguero de destrucción en la provincia de Valencia, según una providencia notificada este viernes.

En su declaración como testigo, lo que le obligó a decir la verdad, Miguel M., el responsable de validar el aviso, afirmó que el subdirector de esta área, Jorge Suárez, le propuso por primera vez remitir el día de la riada un Es Alert a las 18.36 horas, una hora y media antes de que llegara la notificación final, que se coló en los teléfonos a las 20.11. Entonces, se amontonaban fallecidos, desaparecidos y personas atrapadas en plantas bajas y garajes en municipios como Paiporta o Catarroja. La instructora, que ha transformado esta misiva en la piedra angular de sus pesquisas, sostiene que la demora en esta notificación disparó el número de muertos.

La comprobación de la hora en la que la Generalitat puso por primera vez la idea de remitir una alerta a móviles sobre la mesa del Cecopi –el órgano de la Generalitat que coordinó la crisis- es crucial. La exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas sostuvo el pasado mes durante su declaración judicial que la propuesta se formalizó “a partir de las 19.00 horas”. La exdirigente compareció como imputada y, por tanto, sin la obligación de decir la verdad.

Además, cuando el jefe de Emergencias que validó el mensaje recibió la primera llamada sobre la posibilidad de mandar un Es Alert, el Cecopi registraba una desconexión. El apagón duró entre las 18.00 y las 19.00 horas e impidió a instituciones como la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, que estaban conectadas por videoconferencia en la reunión, seguir el debate sobre la idoneidad y términos de la notificación. Junto a la tardanza, el contenido de la misiva también ha sido duramente criticado por la instructora. El texto no recomendaba a la población subir a las primeras plantas.

La jueza también ha citado este viernes como testigo al director general de Medio Ambiente de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat, Luis Gomis.

Gomis remitió el pasado abril un escrito a la jueza que instruye la dana en el que reconocía que la Generalitat tenía competencias para vigilar los barrancos, entre ellos el que desató la catástrofe, el del Poyo. “El seguimiento de caudales en ríos, barrancos, sistemas de regulación y zonas inundables ha de ser realizado por el 112 Comunidad Valenciana a través de la Dirección General”, apuntaba el documento. La jornada de la riada, este alto cargo mandó una nota interna a los Servicios Territoriales de Medio en la que daba instrucciones en la zonas marcadas por la preemergencia naranja o superior.

La idea de que la Generalitat tiene competencias en la gestión de los barrancos ha sido negada por el Ejecutivo de Mazón. Su vicepresidenta Susana Camarero llegó a defender que este cometido es responsabilidad del Gobierno central a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que depende del Ministerio para la Transición Ecológica.

La instructora también cita como testigo a una operadora del Servicio Automático de Información Hidrológica (SAIH) -el sistema que mide el caudal de los barrancos- de la CHJ. A través del SAIH, la CHJ remitió información entre las 16.13 horas y las 18.43 sobre el barranco del Poyo, detonante de la tragedia. Y esta aplicación, que detalla el metro cúbico por segundo, pudo ser consultada por la Generalitat. La jueza que investiga la catástrofe esgrime este detalle para aseverar que el organismo gubernamental remitió datos suficientes a las autoridades y descartar, así, la imputación del presidente de la CHJ, Miguel Polo.