Una técnica de Emergencias revela a la jueza de la dana que los barrancos se desbordaron dos horas antes de la alerta de la Generalitat

Una gestora de Emergencias del 112 –la centralita telefónica de la Generalitat que gestionó la crisis de la riada- ha revelado este viernes ante la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga penalmente la dana que dejó 228 muertos, Nuria Ruiz Tobarra, que el día de la tragedia, el pasado 29 de octubre, los barrancos se desbordaron a partir de las 18.00 horas, según indican a EL PAÍS fuentes presentes en su comparecencia.

La Generalitat, sin embargo, no envió la alerta masiva a móviles para avisar a la población de la magnitud de la tragedia hasta las 20.11 horas, cuando ya había decenas de fallecidos, desaparecidos y personas atrapadas en plantas bajas y garajes. Y, según la instructora, la misiva, que se ha convertido en la clave de las pesquisas, llegó tarde y mal. El mensaje no incluía la petición de subir a las primeras plantas.

Laura A., gestora del 112 Comunidad Valenciana, ha relatado a la magistrada que la aciaga jornada recibió a partir de las 18.00 horas llamadas de auxilio que advertían del desbordamiento del barranco del Poyo, génesis de la tragedia al causar la bíblica inundación. Las comunicaciones entraban desde los municipios de Picassent, Picanya, Massanassa y Quart de Poblet.

La técnica ha declarado en calidad de testigo, una condición que le obliga a decir la verdad y a contestar a todas las partes: jueza, fiscal, defensas y acusaciones populares y particulares.

Pasadas las 18.00 horas del 29 de octubre, el dispositivo de emergencias registró también mensajes de vecinos de Alfafar, Alginet o Godelleta que advertían de los desbordamientos, según la profesional. El día de la riada, el 112 recibió casi 20.000 comunicaciones.

Tras procesar las llamadas, la testigo derivó la emergencia a los agentes de la policía local y autonómica y a los bomberos. “No te puedo atender, me dijeron [la policía de Cheste] porque tengo que rescatar a cinco niños”, ha recordado.

En su relato, la gestora ha reconocido, además, que no hubo una reunión previa para preparar la crisis de la dana, pese a que organismos estatales habían avisado con más de una semana de antelación de la dimensión de la tromba, la mayor catástrofe natural del siglo. La Agencia Española de Meteorología (Aemet) reportó ocho días antes sobre los primeros síntomas de la riada. Y la misma jornada, a las 07.36 horas, emitió un aviso rojo, el máximo en la escala y que se aprueba ante una previsión de lluvias de más de 180 litros por metro cuadrado.

El 29 de octubre fue una jornada agónica en el 112, según la testigo. “Ya desde las 15.00 horas [cinco antes del envío de la alerta] estábamos desbordados. Y, desde las 17.00, el ritmo fue igual o más”, ha explicado. “Durante un incendio, nos desbordamos 15 minutos, pero ese día [el 29 de octubre] estábamos continuamente saturados”, ha precisado, según las mismas fuentes.

Ha abundado también la testigo en la tensión que planeó por el servicio de emergencias. “Al día siguiente volví [a la centralita del 112] y mis compañeros me dijeron que habían tenido una noche terrorífica”, ha detallado.

Vox tensa la cuerda con las víctimas

La Asociación de Damnificados Horta Sud (500 miembros), primera organización de víctimas en constituirse tras la tragedia, ha anunciado este viernes que prepara una querella por injurias contra el portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, José María Llanos. El movimiento se produce después de que el dirigente ultra no haya acudido al acto de conciliación con esta entidad en un juzgado de Valencia. El origen de la disputa radica en unas declaraciones de Llanos del pasado mayo. El político acusó entonces a las organizaciones de víctimas de estar integradas por “verdaderos interesados” y “controladas” por partidos políticos.

A las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia, el presidente de Damnificados Horta Sud, Christian Lesaec, ha lamentado el enfrentamiento con Vox. “No tenemos ningún interés político”, ha reiterado enfundado en una camiseta que recordaba los fallecidos y a la necesidad de depurar responsabilidades. El partido de extrema derecha es una de las 14 acusaciones populares en la causa de la riada que instruye el Juzgado número 3 de Catarroja (Valencia). La causa indaga los presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes. La jueza mantiene imputados desde marzo a dos exaltos cargos del Ejecutivo de Carlos Mazón: la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas y quien fuera su número dos durante la inundación, el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso. El president destituyó a ambos cuatro semanas después de la gota fría.