Una jefa de la Emergencias defiende ante la jueza que la exconsejera de Mazón le dictó la alerta de la dana que llegó tarde
La testigo asegura que Salomé Pradas supervisó la notificación que se envió cuando se acumulaban los fallecidos y desaparecidos de la riada que dejó 228 muertos


Una jefa de Emergencias de la Generalitat que participó en el proceso de envío de la alerta masiva a móviles para avisar a la población del riesgo de la dana —que el pasado 29 de octubre dejó 228 muertos en la provincia de Valencia— ha reconocido en el juzgado de Catarroja (Valencia) que investiga penalmente la riada que la exconsejera de Justicia e Interior del Gobierno de Carlos Mazón, Salomé Pradas, le dictó el mensaje.
Pradas es uno de los dos exaltos cargos del Ejecutivo valenciano imputados en las pesquisas junto a quien fuera su número dos, el exsecretario autonómico de Emergencias durante la inundación, Emilio Argüeso.
Antonia B., coordinadora de Protección Civil del Cecopi, el órgano de la Generalitat que gestionó la crisis de la gota fría, ha relatado ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra cómo se gestó la notificación. “Yo no participé en la redacción del Es Alert [mensaje masivo a los teléfonos], pero estaba al lado justo del puesto en el que estaba la exconsellera”, ha indicado, según confirman a EL PAÍS fuentes conocedoras de su comparecencia. Mazón destituyó a Pradas y a Argüeso cuatro semanas después de la dana.
La responsable de Emergencias ha comparecido este miércoles en el juzgado como testigo, una condición que le obliga a decir la verdad y a contestar a todas las partes. Y en este contexto, ha destacado que la exconsejera “le dictó” la misiva. “En un momento dado, [Pradas] me dijo que debía supervisar el texto y el envío del mensaje”, ha rememorado.
La misiva se ha transfigurado en el corazón de la investigación. Y es que la notificación llegó a los móviles las 20.11 horas del 29 de octubre, cuando ya había decenas de personas fallecidas, desaparecidas o atrapadas en plantas bajas y garajes. Y Pradas llegó a admitir que no conocía la existencia del sistema ES-Alert hasta última hora del día de la catástrofe. Según la instructora, el mensaje llegó tarde y su contenido fue erróneo, ya que no pedía a la población subir a los primeros pisos. Y el 70% de las víctimas murieron en plantas bajas.
Además, el relato de la testigo choca con la comparecencia de la exconsejera. En su declaración como imputada del pasado abril –en la que la que no tuvo la obligación de decir la verdad- Pradas descargó la responsabilidad del envío de la alerta en los técnicos. “Había muchos y se tenían que coordinar entre ellos”, dijo.
Antonia B. ha relatado también que a las 18.45 horas del 29 de octubre, en el marco de la gestión de la riada, vio un mensaje de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) -Ministerio para la Transición Ecológica- sobre el aumento del caudal del barranco del Poyo, la infraestructura que desató la monumental inundación tras desbordarse a partir de las 16.40 horas a la altura de las poblaciones valencianas de Chiva y Cheste. “Cuando recibí el mensaje, lo comuniqué y lo leí en voz alta para que los compañeros en la sala conocieran su contenido”, ha declarado.
La exconsejera, en un mensaje enviado a este diario, ofrece una versión diferente. “La testifical avala que Pradas no tuvo información sobre el barranco del Poyo con tiempo suficiente para adoptar otras medidas. [...] Que no se interrumpió el Cecopi por ese correo”, defiende la exalto cargo.
Una jueza contra los bulos
Un día después de que el pseudosindictato ultra Manos Limpias azuzara la teoría de la conspiración de que el Gobierno oculta la cifra real de fallecidos por la dana, la jueza que instruye la causa ha cargado contra las intoxicaciones que apuntan a que la riada dejó más de 228 muertos. “No se puede considerar como peticiones formales los bulos que se hacen circular respecto a decenas de fallecidos”, recoge en un auto. A juicio de la instructora, estas informaciones sin contrastar “suponen un auténtico desprecio a los familiares de las víctimas de los fallecidos y minimizan el abrumador número de muertes”.
Durante la presentación de una denuncia por prevaricación contra Ruiz Tobarra, el líder de Manos Limpias, Miguel Bernard, llegó a insinuar este martes que había una veintena de muertos sin contabilizar. Y enmarcó la cifra en una “intuición”.
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