Barcelona aparca regular las compras especulativas de vivienda por los vetos cruzados de comunes y ERC

Último viernes de mes, pleno en el Ayuntamiento de Barcelona. A poco más de un año de las elecciones, el triple de tiempo destinado a debates políticos que a cuestiones ejecutivas, y rifirrafes sobre las cuestiones que están marcando la agenda pública: como el endurecimiento del Código Penal para atacar la multirreincidencia (apoyado en dos declaraciones institucionales), la prohibición del uso del burka (a propuesta del PP y rechazada por amplia mayoría), o rechazo a la regularización de migrantes (solo aplaudido por Vox). Bajando a la ciudad, la vivienda ha vuelto a marcar el pleno en un áspero enfrentamiento entre el PSC, ERC y los comunes.

Ha sido a propósito de la posibilidad de que la ciudad, con sus competencias urbanísticas, regule o prohíba el alquiler de temporada y las compras especulativas de vivienda. Los vetos cruzados entre Barcelona en comú (que pedía acabar de tramitar la regulación urbanística que llegó a aprobarse inicialmente en 2024) y ERC (que propone estudiarlo en una comisión municipal que el PSC ha llevado a votación) suponen que, de facto, la ciudad aparca por ahora esta regulación. Entre duros reproches cruzados, ninguna de las dos ideas ha conseguido los votos que necesitaba. Lo que no deja de ser una paradoja, porque socialistas, republicanos y comunes apoyan regular unos alquileres y unas compras de vivienda que rompen el mercado. Y porque la idea surgió en la política municipal, pero donde se ha acabado llegando a un acuerdo ha sido en el Parlament, entre Comuns y el president Salvador Illa.

La cuestión se remonta a una fórmula que dejó lista Janet Sanz, la líder del grupo municipal de Barcelona en comú tras la salida de la ex alcaldesa Ada Colau, para prohibir los alquileres de temporada y que daría paraguas también a prohibir las compras especulativas. Se trata, primero, de una modificación del PGM para declarar que toda la vivienda de la ciudad tiene uso residencial. Y a posteriori aprobar planes especiales para decidir dónde o cómo premite otros usos. La misma regulación daría cabida a autorizar solo compras si son para vivir.

En el debate, por el ejecutivo Laia Bonet ha recordado que hay acuerdo en el Parlament y que “habrá que ver qué implica para los Ayuntamientos”. Mientras, ha defendido la creación de una comisión de estudio para hacer “un debate riguroso y sereno”. Una idea apoyada por ERC, impulsor en primera instancia de la comisión, para la que proponían la presidencia de su jefa de filas, Elisenda Alamany. La concejal republicana Eva Baró ha defendido estudiar a fondo un “tema complicado” sobre el que cuando se legisla hay “dudas, agujeros o grietas”. Con vehemencia, la concejal Lucía Martín, de los comunes, ha recordado que el de este viernes era el tercer debate sobre la cuestión, que hay informes que lo avalan, y ha reprochado al ejecutivo que siga en un cajón una cuestión que fue condición para aprobar las ordenanzas del alcalde Jaume Collboni en 2024. También ha acusado a la teniente de alcalde de “mentir”.

Bonet ha cerrado el debate dirigiéndose a sus ex socios: “Mientras deciden si siguen instalados en la confrontación o apostar pos los consensos que permiten soluciones sólidas, nostoros seguiremos trabajando”. En el tramo final del pleno, los comunes han insistido en la cuestión en un ruego al que Collboni ha respondido que aunque lleven a votación la modificación urbanística, los comunes no tienen apoyo para sacarla adelante.

Apoyo a la regulación en materia de multireincidencia

Durante el pleno también se han aprobado dos Declaraciones Institucionales de apoyo a la futura ley sobre la multirreincidencia impulsada por Junts en el Congreso. Impulsadas por Junts y PSC, las dos han sido aprobadas con los votos del Gobierno municipal, Junts, PP y VOX. La declaración de Junts, con aportaciones de PP y defendida por Jordi Martí, pide un “aterrizaje real en la ciudad de la norma de rango estatal para acabar con la impunidad, la ampliación de medios personales y económicos de la planta judicial, y hacer posible la justicia de proximidad en Barcelona a través de la carta municipal”. El texto del PSC, transaccionado con Junts y argumentado por el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, apoya “explícitamente la aprobación de la reforma del Código Penal que se está tramitando en materia de multirreincidencia” y pide al Gobierno “asegurar la dotación presupuestaria suficiente y estable para consolidar los refuerzos judiciales” que se han puesto en marcha en la ciudad. “Pedimos apoyo y responsabilidad de todos los grupos, para mejorar los recursos y para garantizar la correcta y efectiva aplicación de la norma”, ha dicho Batlle.

Por el PP, Daniel Sirera, ha apoyado sin matices una norma “del todo necesaria” en Barcelona, “donde 470 personas acumulan casi 10.000 hechos delictivos y tienen un nombre: impunidad”. Y ha pedido “más presencia policial operativa, más presión sobre los que han convertido el delito en su forma de vida”. Por Vox, ha intervenido Gonzalo de Oro, que pese a su apoyo a los textos ha reprochado al ejecutivo de la ciudad: “La multirreincidencia no es un fenómeno nuevo, y no es de extrañar que se cebe en Barcelona, porque son años de negar el problema y no hacer nada”.

Los comunes han votado en contra y el concejal Marc Serra ha mostrado su “discrepancia en que el endurecimiento del Código Penal tenga que ser la solución a la multirreincidencia”. Serra ha pedido estudiar buenas prácticas y ha alertado de que “la reforma del código penal impactará en un sistema judicial ya colapsado: no sabemos ni cómo se ha aplicado la reforma de 2022”. ERC se ha abstenido y el concejal Jordi Coronas ha tachado la reforma de “inútil” si no se refuerzan los medios para los juzgados.

Bonificar la mitad del coste de los comedores escolares

Durante el pleno también se ha aprobado, con los votos de ERC, Junts, PP y VOX una proposición que para impulsar la bonificación de la mitad del coste de los comedores escolares en la escuela pública y concertada. El partido del Gobierno de la ciudad, PSC, y los comunes se han abstenido, lo que deja en el aire su aplicación. La medida se pondría en marcha a partir de 2027 y se financiaría con un euro de cada tasa turística que pagan los visitantes. “20 millones de euros para las arcas del Ayuntamiento y la infancia que saldrán de los bolsillos de los turistas para ir a las familias de Barcelona”, ha defendido la líder de ERC, Elisenda Alamany. “En una ciudad donde cada vez hay una mayoría más grande silenciada, las familias que son ricas para que les ayuden pero pobres para salir adelante solas”.

El gobierno de la ciudad, con todo, se ha abstenido, con el argumento de que las escuelas de Barcelona tienen también otras necesidades de inversión y de que las ayudas universales “rompen el principio de progresividad social”. “¿Tiene sentido bonificar el 100% a una familia que tiene capacidad para pagar?”, ha preguntado el teniente de alcaldía de economía, Jordi Valls, que ha recordado que en barrios con rentas bajas donde el 80% de los alumnos ya recibe beca comedor del 100%. Valls, con todos, se ha mostrado abierto a hablar de la propuesta. Los comunes han argumentado que las familias vulnerables ya tienen ayudas.