El Gobierno de Kast se enfrenta a un muro de dificultades para atajar la migración irregular

Ya cumplido el primer mes de Gobierno chileno de José Antonio Kast, el capítulo migratorio apenas puede exhibir como muestra de los avances prometidos durante la campaña electoral la excavación de zanjas de tres por tres metros en el norte del país. Es una de las tres prioridades de la Administración de derechas (junto a la seguridad y la economía), y hasta ahora no hay cifras de migrantes expulsados ni de la detención del flujo de extranjeros intentando ingresar al país en forma irregular. Y del obstáculo que cavan militares y operarios de la dirección de Vialidad, el avance está en torno al 30%, de los 30 kilómetros estimados en distintos puntos de los 1.030 kilómetros de frontera con Perú y Bolivia.

“Queremos usar las retroexcavadoras para construir un Chile soberano (…) que ha sido vulnerado por la inmigración ilegal, por el narcotráfico, por el crimen organizado”, dijo Kast cerca de la frontera peruana el 16 de marzo —apenas cinco días después de instalarse en el palacio de La Moneda— con el puntapié inicial de la construcción de la zanja que, con vallas, drones y mayor presencia policial y militar, busca poner en marcha lo que ha llamado el “Plan Escudo Fronterizo”. El fin de semana, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, destacaba en el Canal 13 de televisión que “en estos 30 días hemos hecho más en este tipo de cosas [las zanjas] que lo que se ha hecho en los últimos 10 años, en términos de avance, de metros cúbicos removidos, de kilómetros lineales avanzados”.

Kast se autoimpuso el plazo de seis meses para poner un cerrojo en la frontera e impedir el ingreso irregular de personas, que en los últimos años disparó inmigración en Chile: según las cifras oficiales, el número de extranjeros que vive en Chile supera los 1,9 millones de personas, casi el 10% de la población del país, y 336.000 se encuentran en situación irregular. La gran mayoría son venezolanos.

El plan original para el cierre de los límites fronterizos —elaborado por el general en retiro y actual senador republicano Cristián Vial— contemplaba zanjas, cercas, muros de hasta cinco metros de altura, sistemas de visión, como cámaras térmicas e infrarrojas, sensores, radares y drones con cámaras de reconocimiento facial. Sin embargo, Arrau descartó que por ahora se vayan a levantar muros y priorizó los esfuerzos en las zanjas, que ya llevan unos 10 kilómetros cavados. “Es una solución costo-eficiente salvaje. Es muy barato por metro, comparado con hacer un muro, por ejemplo, [como el] que hay en otros países”, dijo en radio Infinita. El ministro destacó que, tal como ha salido en redes sociales, en “algunos sectores más acotados” el viento vuelve a echar tierra a la zanja por lo que es necesario volver a trabajar en ellas.

Incluso aclaró que el objetivo de las barreras que se excavan no es la migración irregular: “La zanja (…) no está tan orientada al flujo migratorio, [aunque] puede ayudar a eso. Está más bien orientada a impedir el tráfico, el contrabando”. Pero explicó que, aunque la zanja es el punto más visible del “Plan Escudo Fronterizo”, es parte de un sistema: “El ejército duplicó la cantidad de personal que está operando en esa zona, [ha aumentado] la cantidad de puestos de observación, de tecnología, de visión nocturna, equipo que les está llegando”.

El ahora presidente chileno hizo campaña con la promesa de impedir el ingreso de más extranjeros sin papeles y con la amenaza, en forma de cuenta regresiva, de que apenas llegara al poder, buscaría a los irregulares, los sancionaría y expulsaría del país. Sin embargo, el 31 de marzo, en una entrevista radial, Kast reconoció que su Gobierno no había echado a ningún migrante irregular tras 20 días en el poder. “Expulsados por el Gobierno, ninguno, hasta ahora. Pero dentro de los próximos meses, ustedes van a ver un sistema continuo de expulsión de migrantes. Estamos analizando el cómo hacerlo vía aérea, cómo plantearlo vía terrestre y vamos a ir paso a paso abordando el tema”, dijo.

La semana pasada, durante un encuentro con vecinos de la localidad de Coltauco, en la región de O’Higgins, 120 kilómetros al sur de Santiago, volvió a invitar a los migrantes “ilegales” que dejen el país por propia iniciativa, y aseguró que presentará cifras de expulsados que sorprenderán. Eso sí, en 2027. “Vamos a ir poniendo reglas claras. Esto no es de un día para otro, pero les aseguro que, en la cuenta pública, no la de este año [del 1 de junio], la del próximo año [2027], vamos a terminar sorprendiéndolos con los números que van a ver”, dijo el mandatario.

Frank Sauerbaum, director del Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del ministerio del Interior, reconoció en entrevista con el medio Emol las dificultades que enfrentan para sacar del país a extranjeros en situación irregular. “Tenemos 44 mil personas listas para ser expulsadas”, afirmó Sauerbaum. De esa cifra, 65% son venezolanos. Pero explicó que no cuentan con recursos para hacer efectivos esos decretos de expulsión ya firmados, y que, al estar congeladas las relaciones consulares con Venezuela, se hace imposible coordinar algún tipo de gestión con Caracas.