El colapso de los examinadores retrasa en meses la obtención del carné de conducir en Cataluña
La lista de espera llega a más de 70.000 personas y obliga a muchos jóvenes a desplazarse a otras comunidades para obtener la licencia

Inés B., una joven de Barcelona, aprovechó este año sus vacaciones de agosto para trasladarse a Cuenca y en apenas una semana acelerar el proceso, a 500 kilómetros de su casa, para obtener el carnet de conducir. “Cuando di mi código postal en la autoescuela, supieron de qué barrio venía”, explica ahora revelando que decidió seguir el ejemplo de amigos que, como ella, no quisieron esperar los meses de demora –la media es de medio año y en Barcelona o Girona puede ser de ocho meses– para tener cita con un examinador. El Govern admite que más de 70.000 personas –78.000 ya, según datos de la Federació de Autoescoles de Catalunya–, con la teórica en el bolsillo, están en la lista de espera para hacer las prácticas. El Ejecutivo ha pactado la llegada de más examinadores (25) y plantea posibles encargos de gestión ahora en estudio para aliviar el problema.
El caso de Inés no es aislado porque son muchos los jóvenes que toman ese camino. Ella necesitaba el coche por logística y no podía esperar. Viajó sola –es habitual que alumnos acaben compartiendo piso– y se gastó 1.600 euros entre el hospedaje, comida y desplazamiento. “Tampoco podía cambiar de autoescuela porque ya había empezado las clases y hubiera tenido que entrar de nuevo en una nueva lista de espera por profesores y me hubiera supuesto cinco meses más”, dice.
Rafael Lozano, director y profesor de la autoescuela San Cristóbal de Cuenca, comenta entre risas que en la cafetería del centro muchas veces se escucha hablar solo catalán. “Parece Las Ramblas”, bromea. Lozano dice que el sistema para obtener el carnet está “colapsado” y que cada vez reciben más alumnos de otras comunidades. Y entre ellos figuran famosos como el Mago Pop. En su autoescuela, con cinco examinadores, se han matriculado 500 catalanes en cuatro meses. “A veces vienen siete u ocho amigos, cogen dos apartamentos y se quedan dos semanas”, explica.
El problema para la obtención del carnet es especialmente crónico en Cataluña por la suma de factores como es el de la resistencia de estos funcionarios a trasladarse a esta comunidad y se ha agravado porque tienen un tope de exámenes al día. El Parlament aprobó en 2019, en 2023 y en 2025 resoluciones a favor de la transferencia de la competencia que ostenta la Dirección General de Tráfico. El debate resurgió en julio a través de una interpelación del diputado Josep Rius, de Junts, que quiso trasladar el malestar social apuntando que no es un “capricho” de su partido y que es una cuestión sin color político. “Con suerte, si empiezas hoy, te sacas el carnet el año que viene”, dijo señalando que genera un sobrecoste para los alumnos, pérdida de oportunidades laborales y pone trabas a la economía. La Cámara aprobó pedir la transferencia “inmediata y completa” con el voto soberanista. El PSC se abstuvo pero sí apoyó negociar un régimen transitorio mientras no llega la competencia. La delegación o ese encargo está en estudio. “Me temo que no harán ni eso. El mandato del Parlament es el traspaso”, dijo el viernes a este diario Rius. “El PSC lo había votado tiempo atrás. La solución –recalcó– es muy sencilla. Es habilitar ya a funcionarios de la Generalitat para que hagan los exámenes mientras no llega la transferencia. ¿Tenemos competencias en Tráfico y prisiones y no podemos hacer?”.
“Son 75.000 personas. No puedo negar que tenemos un problema”, admitió en ese debate Núria Parlon, consejera de Interior, que rescató la tesis recurrente del Govern: que esta ya no es la Cataluña de los seis millones sino de ocho y que el sistema está tensionado. La consejera avisó que la cuestión no se resuelve solo “plantando cara” y que lo más rápido es negociar más examinadores más un encargo de gestión. Junto a Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, Parlon se reunió el día 16 con Pere Navarro, director general de Tráfico y plantearon posibles encargos de gestión y la necesidad de más examinadores. Pactaron 25 que se suman a los 140 existentes. Tráfico asegura que su plan es reforzar Cataluña con la próxima hornada —el Govern aguarda más en 2026— y este año han descentralizado las oposiciones conscientes de que en determinadas zonas es difícil cubrir las plazas y así dar continuidad al personal.
Refuerzos
Con todo, Trànsit espera que les concreten la llegada de esos 25 y Tráfico asegura que 18 ya se han incorporado (11 en Barcelona, 5 en Girona y 2 en Lleida). Los posibles encargos están en estudio y Lamiel apunta un precedente que ya funcionó “con un acuerdo a tres bandas” para que los alumnos de Ripoll y Olot no tuvieran que desplazarse a Girona para examinarse de teórica. “Las autoescuelas pusieron los locales, el Govern los ordenadores y Tráfico los examinadores”, expone.
“Lo de los 25 no solucionará nada. Es un parche. Muchas veces las plazas se quedan vacantes piden traslados o se piden la baja”, insiste Rius que asegura que un alumno de Lleida no puede examinarse en La Seu, por ejemplo, porque se le pide el censo o un certificado de estudios o de trabajo. “Es inaudito. Puedes examinarte en Cuenca y no La Seu”, dice. En las antípodas de esta lectura, Teresa Coll, presidenta de la Federación de Autoescuelas de Barcelona, garantiza que “nunca en la historia” habían llegado a Cataluña 64 nuevos examinadores como ha pasado este año: “Será un reequilibrio de examinadores en las cuatro provincias. Y la mayoría son de aquí”. Ninguna de las partes dice cuántos realmente se necesitarían.
No todas las autoescuelas aplican la misma estrategia: algunas dicen que los exámenes serán inmediatos y otras que van para largo. No es raro que un joven que haya aprobado la teórica en junio no le hayan llamado para las prácticas. Lo que sí que aseguran la Federació d’Autoescoles es que el 65% de los afectados son menores de 30 años. “En Barcelona faltan también profesores”, añade Inés. “En Cuenca pude elegir un curso intensivo por la mañana y otro por la tarde”. Y Lamiel apunta otro problema que no existía antes: los alumnos tienen la presión añadida de que si suspenden deben esperarse tres meses y vuelta a empezar.
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