ERC y Comuns comienzan en Europa su plan para tumbar la ampliación de El Prat
Los dos partidos esperan que su grupo europarlamentario, Los Verdes/Ale, asuma este miércoles la bandera de intentar frustrar la autorización ambiental

“La clave está en el papel de la Comisión Europea y allí será donde se le dará el golpe fatal al proyecto de ampliación de El Prat”. Con esta contundencia, el pasado 10 de junio, el portavoz parlamentario del grupo de Comuns, David Cid, señalaba el camino que tomarían para evitar que la iniciativa del Gobierno de Salvador Illa tirase adelante. Como Esquerra, que también se opone, los comunes forman parte del grupo europarlamentario de Los Verdes/Ale y ambas formaciones esperan que la ejecutiva de la bancada, este miércoles, haga suya la oposición al proyecto. Con ese aval, se actuará en dos frentes: exprimir el hecho de que aún no se ha cerrado el procedimiento de infracción generado por la pasada ampliación y denunciar los efectos sobre la que se está proyectando en la zona protegida de La Ricarda.
El plan europeo para boicotear la ampliación de El Prat de las dos formaciones de izquierda catalanas comienza este miércoles, con el debate en la Ejecutiva del grupo europarlamentario sobre el proyecto. Los Verdes/ALE tiene un total de 53 eurodiputados —son la sexta fuerza— y tanto ERC como Catalunya en Comú tienen una silla cada uno (Diana Riva y Jaume Asens, respectivamente). La bancada tiene como uno de sus principales objetivos “proteger el clima y el medio ambiente para las generaciones futuras” y de ahí que se dé por hecha la adopción por parte de todo el grupo de la bandera de defensa de la zona protegida de La Ricarda y el Remolar de las Filipines.
Una vez Los Verdes/ALE ponga la batalla contra la ampliación en su derrotero político se actuará en diferentes frentes, explican fuentes de ERC y los Comunes. Ya como bancada, las puertas se abrirán más fácilmente a la hora de intentar influir en las decisiones de la Comisión respecto al proyecto. También llevarán su malestar al plenario. Los republicanos, por ejemplo, registrarán ese mismo día una pregunta ante la Comisión Europea sobre la ampliación de El Prat.
En la mira de los técnicos hay dos carpetas que creen que tienen recorrido. Por un lado, desde 2021 hay un expediente abierto en la Comisión Europea por el impacto sobre el Delta del Llobregat de la anterior ampliación del aeropuerto de El Prat y la del puerto de Barcelona. Esa zona se encuentra bajo una protección especial —forma parte de la red Natura 2000— pues es un eslabón clave en las rutas migratorias de muchas especies de aves europeas y, según Europa, no se han llevado a cabo todas las medidas necesarias para paliar el impacto.
Según el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), los pinares de esa zona acogen buena parte de las orquídeas conocidas que crecen en Cataluña. Ahí también viven, entre otras, tortugas autóctonas y hasta 43 especies de aves incluidas en las directivas europeas de protección.
El pasado 2 de abril, la unidad de cumplimiento de la normativa medioambiental de la Comisión Europea advirtió a la Generalitat y a Aena de que no evaluará el impacto de la nueva ampliación y dará su visto bueno si antes no se cierra el expediente abierto. El Govern espera tener todo listo a finales de año, pero sus socios en el Parlament lo ponen en duda y creen que poner el dedo en el hecho de que las medidas llegan tarde puede jugar a favor de su causa.
El proyecto acordado por la Generalitat y el Gobierno central, con horizonte 2033, incluye la renaturalización de más de 270 hectáreas de la zona agrícola que hay en las inmediaciones del aeropuerto en compensación por el crecimiento de la pista, que en todo caso no tocaría el espejo de agua de la laguna de La Ricarda. Aena, el Gobierno y la Generalitat están convencidos que el proyecto es imprescindible para garantizar el crecimiento del aeropuerto, especialmente con rutas de largo radio y aviones que requieren una pista de despegue más larga que la actual. Las Administraciones intentan convencer al Ejecutivo europeo de que el plan tiene en cuenta la protección especial de la zona. La Directiva de Hábitats fija la obligación de pedir permiso a Bruselas en caso de que una Administración determine que un proyecto puede tener un “impacto negativo significativo” sobre un espacio Natura 2000.
Parte de la estrategia contra la ampliación de El Prat pasa por reivindicar también en Europa algunas de las propias directivas europeas. Los informes técnicos, apuntan fuentes europarlamentarias de Comuns, alertan de que la contaminación aumentaría un 33% en El Prat, con afectaciones a Barcelona, lo que iría en contra del pacto verde europeo al que se aspira en 2050. Las mismas fuentes, además, señalan la contradicción de una ampliación que, defienden, minimizaría la actividad del resto de aeropuertos, cuando Bruselas fomenta precisamente la descentralización aeroportuaria. La suspensión definitiva de los planes de crecimiento del aeropuerto Charles de Gaulle (París, Francia) en 2021 por motivos medioambientales también supone un punto de apoyo para la defensa.
El anuncio de Illa sobre la ampliación ha supuesto un punto de inflexión entre los socios de investidura, a las antípodas en materia aeroportuaria, a pesar de que todos sabían que el elefante seguía en la habitación. Con todo, el president cuenta con una mayoría alternativa (que suma a Junts y a PP) en el Parlament, que se ha visto en las votaciones de mociones sobre el tema. También en el Ayuntamiento de Barcelona suman clara mayoría los partidarios de la ampliación. Así, la vía europea de oposición, de momento, es el sucedáneo de un correctivo más duro en el Parlament. “Sabíamos que tarde o temprano esto pasaría”, admiten desde los comunes, que hace poco más de un año rechazaron los presupuestos de Pere Aragonès por el avance del proyecto del Hard Rock. La ampliación del aeropuerto no aparecía en su acuerdo de investidura con el PSC, y en el de ERC se planteaba un “nuevo impulso”.
La percepción en los pasillos del Parlament, sin embargo, es que el aeropuerto no tendrá de momento el mismo efecto de línea roja. Los comunes consideran que el contexto de ambos macroproyectos es diferente, especialmente por sus calendarios. El desarrollo del Hard Rock, entienden desde el grupo parlamentario, entraba en una fase definitiva si el Govern de Pere Aragonès no paralizaba el plan director urbanístico. El republicano no lo hizo ante el riesgo de indemnizaciones millonarias y, tras unos comicios en los que Comuns y ERC perdieron diputados, ambas formaciones fueron decisivas para que Cataluña eliminara los beneficios fiscales a los casinos. La oposición al aeropuerto, sin embargo, pasa por Europa.
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