La UE reclama a España las medidas compensatorias pendientes antes de abordar la nueva ampliación de El Prat

La ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat tendrá que ganarse el visto bueno de la Comisión Europea. Por lo pronto, la institución que preside Ursula von der Leyen reclama a España que, antes de plantearse abordar la obra, aplique las medidas necesarias para cerrar el expediente que está en curso por el deterioro mediombiental que causó en el delta del Llobregat una anterior remodelación de la infraestructura aeroportuaria, hace más de veinte años. En concreto, el caso se remonta a 2004, cuando se inauguró la pista que ahora se pretende alargar, y Bruselas recuerda que mantiene desde 2021 un procedimiento abierto —relativo a esa anterior extensión del aeródromo— por la degradación del ecosistema, y exige una serie de compensaciones como condición indispensable para poder dar luz verde al plan de la nueva ampliación, presentado este martes por el president de la Generalitat, Salvador Illa.

Fuentes comunitarias, tras ser preguntadas por el caso, señalan que representantes del Gobierno catalán, Aena y la Comisión Europea se reunieron en Bruselas el pasado 2 de abril. El Ejecutivo comunitario “recordó durante el encuentro que, antes de seguir adelante con cualquier nuevo proyecto de ampliación del aeropuerto, las autoridades españolas deben aplicar plenamente las medidas necesarias para poner fin al procedimiento de infracción en curso”, según las citadas fuentes.

Casi dos decenios después de la ampliación del aeropuerto de Barcelona de 2004, la Comisión abrió un expediente a España en el que exigía a las autoridades competentes “tomar las medidas necesarias para evitar un mayor deterioro del delta del Llobregat”, que la Comisión considera un espacio de “una excepcional biodiversidad que desempeña un papel crucial en las rutas migratorias de muchas especies de aves europeas”. La Generalitat, que tiene las competencias en materia de medio ambiente, se comprometió a implementar unas medidas compensatorias que aún exige el Ejecutivo comunitario.

El Govern asume que sigue habiendo actuaciones pendientes para cumplir con las exigencias comunitarias, pero se descarta que ese vaya a ser un asunto que pueda empañar las expectativas que crea el proyecto de ampliación presentado esta semana. La Generalitat defiende que ya se han aprobado las zonas de especial protección para las aves y se están renaturalizando espacios que, en su momento, se pavimentaron de forma indebida, como fue el caso de dos zonas habilitadas como aparcamientos para vehículos, dentro de un espacio catalogado como Red Natura 2000.

En este sentido, el Govern mantiene que no pedirá la autorización de la Comisión Europea hasta que las compensaciones se den por completadas y el expediente comunitario haya quedado cerrado.

 La reunión de abril en la capital comunitaria contó con la presencia del jefe de la unidad de cumplimiento de la normativa medioambiental de la Comisión Europea, Nicola Notaro. Según las actas públicas, Notaro instó a la Generalitat y a Aena a “garantizar la total implementación de las medidas necesarias” para corregir los efectos negativos de la anterior ampliación, sobre todo en relación a las aves migratorias.

La Comisión Europea tendrá la última palabra sobre la inversión de 3.200 millones de euros anunciada por Illa este martes. La nueva ampliación, cuyo plan fija 2033 como fecha de ejecución, tendría un nuevo impacto medioambiental sobre unas 28 hectáreas de una zona de especial interés ecológico, que cuenta con protección europea al pertenecer a la Red Natura 2000. El proyecto consensuado por el Ministerio de Transportes, la Generalitat y Aena prevé compensar esa afectación con la renaturalización de más de 270 hectáreas, básicamente de terrenos agrícolas, que están en las inmediaciones del aeropuerto.

En la reunión de abril, Notaro subrayó que los requisitos medioambientales de la UE deben cumplirse antes de poner en marcha cualquier proyecto. La Directiva sobre Hábitats no prohíbe cualquier construcción que tenga un “impacto negativo significativo” sobre un espacio de la Red Natura 2000, pero sí exige que, en ese caso, deberá ser justificada por “razones imperiosas de interés público” y requerirá la autorización previa de la Comisión Europea, además de la adopción por parte del Estado miembro de “cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar” la protección.

Durante la presentación el martes del proyecto de la nueva ampliación del aeropuerto, Illa reconoció que la Generalitat tiene varios asuntos pendientes relativos al expediente de 2021, y mostró su compromiso con solucionarlos. Uno de ellos se resolvió el año pasado con la ampliación de la Zona Especial de Protección de Aves en el delta del Llobregat, que pasó de tener una extensión de 1.470 hectáreas a 2.407.

Aena aprobará en 2026 su plan quinquenal de inversiones y cuenta con aprobar el Plan Director de El Prat en 2028, pero para ello requerirá que la Comisión haya dado antes el visto bueno a la nueva ampliación.