Más de 130.000 inmigrantes solicitan la regularización en la primera semana en vigor del real decreto

El real decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes entró en vigor este lunes y, desde entonces, ya se han producido 130.000 solicitudes y se han asignado 55.000 citas hasta el 30 de abril, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Las solicitudes ya presentadas suponen algo más de un cuarto (un 26%) del medio millón de regularizaciones que el Gobierno espera conseguir gracias a esta medida extraordinaria.

El gran reto para la Administración va a ser procesar esa ingente cantidad de solicitudes. El lunes, primer día en vigor del texto legal, se produjeron largas colas y caos en las más de 400 oficinas que abrieron sus puertas para recibir a aquellos que tenían cita previa. En estos días, la confusión ha llevado a muchos inmigrantes irregulares a acudir a estas oficinas sin cita, para solicitar más información o, directamente, la regularización. Así ha sido al menos en Cataluña, donde miembros de los servicios sociales afirman estar “desbordados” por el aluvión de peticiones de certificados de vulnerabilidad.

Este papel supone uno de los principales cuellos de botella del proceso. Los primeros borradores del real decreto de regularización no contemplaban su exigencia, al partir de la premisa de que toda persona en situación irregular es vulnerable. Sin embargo, en el último momento —y en línea con lo aconsejado por el Consejo de Estado— el Gobierno incorporó este requisito para algunos casos.

La reticencia de los consistorios a facilitar la regularización extraordinaria es otro de los puntos de fricción. Este martes, un día después de la entrada en vigor del real decreto, el Gobierno señaló que algunos ayuntamientos en manos del PP estaban “boicoteando” el proceso por las “instrucciones racistas y xenófobas” de la dirección de este partido, esto es, de Alberto Núñez Feijóo, que, en un raro desencuentro, se opone de forma radical a una regulación que apoya la patronal. La Comunidad de Madrid de la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo contra el real decreto.

Frente a posibles obstáculos locales, la Secretaría de Estado de Migraciones, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se han reunido ese viernes. En una nota de prensa, desde el ministerio que dirige Elma Saiz afirman que han “requerido” a la Federación “la máxima colaboración, teniendo en cuenta que este procedimiento beneficia a todas las administraciones, desde la local hasta la general del Estado”.