El cuello de botella de la regularización: el certificado de vulnerabilidad bloquea a miles de personas

Dos funcionarias de uno de los centros de Servicios Sociales de Madrid atienden a un joven que ha llegado a primera hora de la mañana este jueves a solicitar el certificado de vulnerabilidad. “¿Hablas inglés?”, le pregunta la trabajadora. El joven asiente. “Cuéntame, please”, le dice la mujer que coge todos sus datos, le hace rellenar un formulario y le acaba derivando a una de las oficinas de Asistencia en Materia de Registro de la capital. No le pueden dar cita hasta que no pase por uno de estos centros ya que ahí registran su petición. “A las personas que ya tienen un expediente abierto con los servicios sociales se les expedirá el documento de manera automática, mientras que quienes no lo tengan deberán esperar más tiempo”, dice la trabajadora desde el mostrador, y añade que la regularización “les ha pillado de sopetón”. La mujer despide al joven con un “tienes que hacer este proceso deprisa”.

Los primeros borradores del real decreto de regularización no contemplaban la exigencia de este certificado, al partir de la premisa de que toda persona en situación irregular es vulnerable. Sin embargo, en el último momento —y en línea con lo aconsejado por el Consejo de Estado— el Gobierno incorporó este requisito para algunos casos. No lo necesitan las personas que han sido o son solicitantes de protección internacional, las que han trabajado en España o tienen intención de hacerlo por cuenta ajena y las que tienen hijos menores a cargo o mayores con discapacidad. A pesar de estas excepciones, las asociaciones que asisten a personas inmigrantes señalan que la mayoría de quienes soliciten la regularización lo harán alegando una situación de vulnerabilidad, por lo que el único obstáculo que les separa de un cambio en su estatus migratorio es la presentación del documento que deben adjuntar en el momento de la solicitud para acogerse a este proceso.

El primer paso para cualquier persona que necesite el informe es acudir al registro. Uno de los más concurridos esta semana ha sido la oficina de Asistencia en Materia de Registro que está en pleno centro de la capital. La cola ocupa toda la calle, por lo que muchos de los que esperan se marchan con las manos vacías cuando las oficinas cierran a la hora de comer. A falta de media hora para ese momento, Christian y Andrés se resguardan del sol como pueden, usando la carpeta que contiene sus documentos de regularización. “No ponen más personal en las oficinas, ni alargan los plazos. Nadie sabe nada, nadie te responde y hay muy poca información”, se lamenta Andrés, cansado tras una espera de cinco horas.

Fuentes del Ayuntamiento de Madrid explican que su sistema colapsó la semana pasada porque, antes del decreto, gestionaban unas 1.500 citas diarias, pero al día siguiente de su aprobación en el Consejo de Ministros recibieron 4.000 solicitudes para este informe, y el jueves la cifra ascendió a 5.500. Los números han ido aumentando cada día, lo que no les permite asegurar con certeza cuándo podrán enviar a los solicitantes su informe. Además, confirman que el trámite “va a ser mucho más ágil para aquellas personas que tienen un historial en el sistema del Ayuntamiento, que para los que no hayan tenido esa atención previa ya que ellos tendrán que acreditar que están en situación de vulnerabilidad”. El criterio para determinar si se cumplen estos requisitos queda en manos de los trabajadores de los servicios sociales.

Micaela, de Ecuador, e Ingrid, de Venezuela, se encuentran al final de la cola de una oficina de registro en Madrid. Antes de llegar aquí han recorrido otras dos, pero ambas estaban colapsadas. “Nos dicen que hay cupos de 100 o de 50 personas cada día y después ya no atienden a nadie. Lo que queremos es que nos den el certificado en el momento, pero nos comentan que aquí solo presentas la solicitud y ya te avisarán cuando esté listo”, cuenta Micaela. Ingrid asiente y sostiene que nadie les ha avisado del tiempo que pueden tardar en expedir el informe, por lo que le da miedo que no llegue a tiempo antes del 30 de junio, cuando finaliza el plazo para presentar la regularización.

Fuentes del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones señalan que los servicios sociales de los ayuntamientos tienen “una dilatadísima experiencia en este tipo de informes” y ven como muchos “están dando todo de sí mismos para facilitar el trámite”. Aseguran que el certificado “es un documento sencillo que debería poder tramitarse en el mismo día”. Este martes, su titular, Elma Saiz, lamentó las trabas que están poniendo “algunos ayuntamientos gobernados por el PP” en la tramitación de la regularización, principalmente en las dificultades o la no elaboración de certificados de vulnerabilidad.

Desde el área de políticas sociales, familia e igualdad del Ayuntamiento de Madrid se defienden y cargan contra el ministerio por hacer público el certificado de vulnerabilidad que pueden emitir los servicios sociales a última hora “cuando ya tenían el sistema colapsado de peticiones”. Fuentes del departamento critican que el Gobierno les “haya mantenido completamente al margen del proceso de regularización y que tampoco les han dotado de medios humanos ni de financiación”.

En medio del cruce de reproches, los migrantes ven cómo su sueño queda en suspenso. Entre los requisitos del proceso de regularización se incluye un documento que acredite una estancia de cinco meses en España, uno que acredite que no tienen antecedentes penales y una copia completa del pasaporte en vigor o caducado. A esto se suma en algunos casos el informe de vulnerabilidad. Para conseguirlo, muchos han decidido recurrir a una de las 244 entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería que también pueden expedir el informe.

La oficina en Madrid de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) atiende desde el pasado miércoles a cientos de personas cada día y las interminables filas en su puerta se han hecho virales en las redes sociales. La asociación también distingue entre las personas que ya contaban con un expediente abierto tras haber solicitado ayuda en otros procesos y aquellas que acuden por primera vez. “Viene un gran número de personas y no podemos atenderlas a todas en un solo día”, explica Francisco Garrido, coordinador de CEAR Madrid. “Les trasladamos que avanzamos sin pausa, pero sin prisa, porque es necesario revisar bien la documentación”, añade.

A los que acuden por primera vez se les asigna una cita para participar en un taller. “En ese espacio analizamos cada caso de forma individual y desgranamos punto por punto lo que establece el real decreto; además, revisamos toda la documentación que aportan y, si cumplen los requisitos, emitimos el certificado ese mismo día”, detalla el coordinador. El curso tan solo dura una hora, pero es un requisito obligatorio. “En ningún caso expedimos certificados sin que se haya seguido este proceso previo. Queremos evitar que, al presentar la documentación ante la administración, sus solicitudes puedan ser denegadas”, concluye Garrido.

El Gobierno ha recibido ya más de 80.000 solicitudes de regularización, tanto por vía presencial como telemática. Además, se han asignado 41.000 citas hasta el 30 de abril y, según subrayan, “todo ello sin incidentes”. Desde el Ministerio de Migraciones insisten en que el proceso acaba de comenzar, por lo que por ahora descartan ampliar el plazo de presentación: “Hay tiempo suficiente”.