El Supremo admite a trámite el recurso de Ayuso para boicotear la regularización de inmigrantes de Pedro Sánchez

Isabel Díaz Ayuso va a hacer todo lo posible para impedir que más de 500.000 inmigrantes que viven en España sean regularizados. El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso que ha interpuesto su Gobierno para frenar el real decreto, según han anunciado en Sol. La presidenta de Madrid considera que se trata incluso de un problema de seguridad nacional, un término que se suele utilizar para describir la defensa de un país frente a ataques militares o terroristas.

El discurso de Ayuso resulta ambiguo. Por un lado, defiende el Madrid de todos los acentos del español en un claro apoyo a la comunidad latinoamericana que vive aquí. Su popularidad entre la colonia venezolana es muy grande. Sin embargo, se opone a esta medida extraordinaria de Pedro Sánchez que afecta a miles de latinoamericanos, ya que se espera que dos de cada tres personas que quieren regularizar su situación en España lo sean.

Por lo pronto, desde Sol quieren suspenderlo. La Abogacía General de la Comunidad de Madrid interpuso ese recurso a finales de la semana pasada y ahora ha sido admitido. Esto significa que el escrito ha sido aceptado después de verificar que cumple con los requisitos legales, por lo que se encuentra en proceso de revisión. El anuncio de que así ha sido ha corrido a cargo del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín, que lo ha revelado durante la rueda de prensa posterior a la reunión de Consejo de Gobierno.

El equipo de Ayuso se opone a la regularización porque, siempre según su visión, afecta gravemente a la prestación de los servicios públicos madrileños sin articular mecanismos de financiación y de provisión de medios. Además, contraviene la normativa europea. Por último, también creen que afecta a “la seguridad nacional”. No hay ningún estudio que sostenga esto. En el pasado se decretaron regularizaciones masivas durante los gobiernos de Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero sin que hayan producido ningún problema de Estado.

Ayuso ha endurecido su discurso en migración a medida que Vox, la ultraderecha, le ha ido ganando terreno a su partido. No quiere vivir una situación como la de Extremadura. Ya gobernó en su primera legislatura con Ciudadanos y aquella fue una experiencia traumática. Existe el temor de que el PP pueda perder la mayoría absoluta en un verdadero bastión para la derecha. El término seguridad nacional también resulta difuso en este contexto. Estados Unidos, por ejemplo, ha defendido que estaba en su derecho de detener ilegalmente a Nicolás Maduro en Caracas al entender que se trataba de un peligro para su “seguridad nacional”. También se usó para combatir el ISIS.

En ese alambre se mueve Ayuso, que considera además un caos los trámites administrativos que conlleva el decreto. Más de 400 oficinas en toda España abrieron el lunes sus puertas para recibir las solicitudes. La confusión por la falta de información sobre aspectos como la petición de cita o los horarios de apertura de las oficinas, así como la recopilación previa de la documentación necesaria y alguna caída en los sistemas informáticos, marcaron esa primera jornada.

Los asesores de Ayuso han movido una noticia de Europa Press en la que se cuenta que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones remitirá los criterios de interpretación sobre los certificados de vulnerabilidad, que no queda claro quién debe expedirlos. Ayuso se carga de razones para atacar por su cuenta la regularización, un asunto en el que ha tomado la iniciativa por delante del jefe de su partido, Alberto Núñez Feijóo, y el resto de presidentes autonómicos.