Un tribunal de apelaciones tumba la prohibición de pedir asilo en la frontera decretada por Trump
El panel de tres jueces en Washington D. C. dictamina que el presidente no tiene poder para eliminar un derecho de los extranjeros que llegan al país
La Administración de Donald Trump ha recibido un nuevo revés judicial contra su campaña antiinmigración y las políticas restrictivas que ha implementado. El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia ha bloqueado este viernes la suspensión del asilo, que el presidente republicano aprobó por decreto y ha sido uno de los pilares que ha mantenido prácticamente cerrada la frontera con México. Los tres jueces del panel dictaminaron que las leyes de inmigración otorgan a las personas el derecho a solicitar asilo en la frontera, y que el presidente no puede eludir dicho derecho.
No queda claro cuándo se reanudaría el procesamiento de solicitudes de asilo, y es probable que la Administración Trump apele la decisión. El primer día de su segundo mandato, Trump, que calificó de “invasión” la llegada de migrantes a la frontera, prohibió la entrada a los solicitantes de asilo por razones de seguridad pública, salud y economía. Desde entonces, las detenciones de la Patrulla Fronteriza han caído a los niveles más bajos en décadas, después de que durante la Administración de Joe Biden se registraran récords de ingresos.
El panel de jueces concluyó que la Ley de Inmigración y Nacionalidad no autoriza al presidente a expulsar a los demandantes mediante “procedimientos de su propia creación”, ni le permite suspender el derecho de los demandantes a solicitar asilo o restringir los procedimientos para la adjudicación de sus solicitudes de protección contra la tortura.
“La facultad, ejercida mediante proclamación, de suspender temporalmente la entrada de determinados ciudadanos extranjeros a los Estados Unidos no conlleva la autoridad implícita para anular el proceso obligatorio establecido en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) para la expulsión sumaria de ciudadanos extranjeros”, escribió la jueza J. Michelle Childs, quien fue nominada al cargo por Biden.
El juez Justin Walker, nominado por Trump, redactó una disidencia parcial. Señaló que la ley otorga a los inmigrantes protecciones contra la expulsión a países donde serían perseguidos, pero que la Administración puede emitir denegaciones generalizadas de las solicitudes de asilo. Walker, sin embargo, coincidió con la mayoría en que el presidente no puede deportar a los migrantes a países donde serán perseguidos, ni privarlos de los procedimientos obligatorios que los protegen contra la expulsión.
El abogado de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU), Lee Gelernt, afirmó en un comunicado que el fallo de apelación es “esencial para aquellos que huyen del peligro y a quienes se les ha negado incluso una audiencia para presentar sus solicitudes de asilo, en virtud de la orden ejecutiva ilegal e inhumana de la Administración Trump”, informa AP.
El fallo del tribunal de apelaciones da la razón a la ACLU y las organizaciones que interpusieron una demanda contra la Administración por bloquear la vía del asilo. Un juez falló a su favor en julio al determinar que el presidente no tenía autoridad para hacerlo, y el Gobierno recurrió la decisión ante el tribunal que ahora confirma el primer fallo.
En sus primeros meses tras la vuelta a la Casa Blanca el republicano aprobó varias medidas en contra de los solicitantes de asilo. Además de paralizar los trámites de miles de solicitantes y cerrar la frontera, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lanzó a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés) a los tribunales para detener a los migrantes que acudían a sus citas para continuar sus procesos de solicitud de asilo.
El Gobierno también eliminó la posibilidad de que los migrantes solicitaran el asilo en la frontera. Según la ley federal, cualquier no ciudadano que se encuentre “físicamente presente en los Estados Unidos” o que “llegue a los Estados Unidos” puede solicitar asilo. Los migrantes que manifiestan su intención de hacerlo son entrevistados para determinar si tienen un temor creíble de persecución.
El Tribunal Supremo se mostró el mes pasado inclinado a aprobar la postura de Trump. La cuestión radica en determinar si los no ciudadanos deben cruzar la frontera por completo para adquirir el derecho a solicitar asilo, o si se les debe permitir presentar la solicitud con el simple hecho de presentarse en la frontera y solicitar la entrada. El Alto tribunal se pronunciará sobre ello probablemente a finales de junio o principios de julio, determinando qué significa exactamente “llegar” al país.
