La Administración Trump denegará casos de asilo a inmigrantes que consideren un riesgo para la salud pública de Estados Unidos

El Gobierno de Donald Trump despide el 2025 con un último golpe en materia migratoria. Este 31 de diciembre entró en vigor la norma Restricciones de seguridad y tramitación (Security Bars and Processing), que permite a las autoridades rechazar las solicitudes de asilo de los inmigrantes que crucen la frontera basándose en “problemas de salud pública generados por una enfermedad contagiosa”, indica la notificación presentada en el Registro Federal. Esta regulación retoma las medidas que Washington puso en práctica durante los primeros meses de la pandemia de covid-19 en 2020, cuando se invocó el Título 42 para expulsar de manera acelerada a inmigrantes, alegando la necesidad de limitar la transmisión del coronavirus.

En aquel momento, se prohibió la entrada de inmigrantes que tuvieran como origen o hubieran transitado países en los que estaba activa una enfermedad contagiosa. Estas personas no tuvieron derecho a una evaluación de su caso (no se les hizo la entrevista de miedo creíble) ni pudieron recurrir ante un juez de inmigración. Sus expulsiones tampoco fueron tratadas como deportaciones por motivos de salud pública. Ahora el Gobierno podría designar a un grupo de países o regiones que registran brotes de enfermedades transmisibles consideradas un riesgo para la salud de Estados Unidos y aplicarlo a la hora de decidir sobre el asilo de inmigrantes provenientes de estas zonas geográficas.

Por su parte, la Administración Biden pospuso reiteradamente su aplicación, pero no llegó a revocarla. El Gobierno de Trump la desempolvó y le hizo algunas modificaciones técnicas con respecto a los estatutos de hace cinco años, pero mantuvo intactas sus principales disposiciones en materia de salud pública.

Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes fueron muy críticas del Título 42 e instaron al expresidente Biden retirarla en 2022. Más de 2,2 millones de extranjeros fueron expulsados de forma expedita en aquel momento, un hecho que condujo a miles de extranjeros a situaciones de mayor peligro cuando en muchos casos tenían una razón válida para pedir asilo en Estados Unidos. Los activistas firmaron una declaración conjunta en la que denunciaban que detrás de la normativa se escondían directrices “xenófobas para describir falsamente a los migrantes como propagadores de enfermedades”, publicó la organización Human Rights First.

El fin del Título 42 abrió el debate sobre si las normas de asilo vigentes abordan adecuadamente las emergencias de salud pública, sobre todo en contextos sociales que suponen olas migratorias a gran escala durante brotes de enfermedades contagiosas. La medida que rescató la Administración Trump preserva la potestad de las autoridades migratorias para denegar el asilo por motivos de salud pública en futuras emergencias, incluso en ausencia de un programa como el Título 42.

Esta nueva disposición se produce en medio de un mayor escrutinio del Gobierno a las solicitudes de asilo ―cuyas resoluciones se encuentran suspendidas en este momento― y sus reiterados esfuerzos por reducir este beneficio a su mínima expresión a pesar de que Estados Unidos está obligado por el derecho internacional a proporcionar vías de reasentamiento o asilo a quienes huyen de la persecución.