El director de PDI se alinea con la versión del Gobierno de Kast por la salida de la jefa de inteligencia, pero no despeja el papel de la ministra Steinert

El director nacional de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, justificó este lunes en base a una serie de artículos, reglamentos y estatutos internos, los que leyó ante la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, que estaba dentro de sus atribuciones llamar a retiro a la subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la Policía de Investigaciones (PDI), la prefecta general Consuelo Peña San Miguel, cuya abrupta salida se hizo pública el 22 de marzo, apenas 11 días después de que asumió Trinidad Steinert, la ministra de Seguridad del Gobierno de derechas de José Antonio Kast. Cerna dio sus respuestas ante la instancia parlamentaria, que lo citó para explicar las razones de la determinación -que administrativamente debe cursar él- y si estuvo involucrada Steinert, algo que no quedó despejado.

“Quien toma las decisiones en la PDI es este director general”, dijo a los diputados, y argumentó que las reglas se basaron en leyes propias de su institución. El jefe de la PDI, nombrado por la Administración del izquierdista de Gabriel Boric en 2022, llegó a la comisión parlamentaria en una muy compleja posición. Hace una semana, Steinert, quien es su superior civil, dijo que el llamado a retiro de Peña fue “una decisión de la Policía de Investigaciones” y, el 31 de marzo, durante una entrevista que el presidente Kast otorgó a un grupo de periodistas de radios chilenas en La Moneda, entregó la misma versión: “El director general de la PDI le solicitó la renuncia (...) y en esa línea nosotros seguimos actuando en conformidad a lo que es la reestructuración” de la institución.

Cerna se responsabilizó de la decisión, pero no explicó las razones -solo detalló aspectos administrativos- que lo habrían llevado a cursar el retiro de la detective, con la que eran muy cercanos, pues él mismo la integró a su alto mando. No despejó tampoco si Steinert cumplió algún papel, pese a las insistentes preguntas de algunos diputados de oposición. Fue el caso de Jaime Araya, independiente-PPD, de la izquierda moderada, que lo inquirió si en una reunión previa al retiro de la prefecta general recibió alguna recomendación, exigencia o requerimiento de la secretaria de Estado. El jefe policial insistió en que tenía facultades, y dijo que “las conversaciones con la ministra, los ministros, diputados y el alto mando, siempre son estrictamente institucionales”, por lo que “están sujetas a reserva. Lo que tiene que ver con institucionalidad, gestión e intigeligencia -reiteró- están sometidas a reserva y no son debatibles en el espacio público”.

Horas antes de su comparecencia en la comisión, Kast apoyó por segunda vez, en seis días, a Steinert. “En esto personalmente he fijado una posición en la que respaldo plenamente a nuestra ministra de Seguridad, y estoy muy agradecido del trabajo permanente que está haciendo ella con su equipo”. Y agregó que está “convencido” de que el director de la PDI “ejerció las atribuciones que le correspondían”, y también destacó la labor que están realizando las policías en seguridad. El mandatario hizo estas declaraciones desde Argentina, donde viajó con una comitiva, de la que es parte Steinert, a una visita oficial para reunirse con Javier Milei.

“Obediente, no deliberante”

Al arrancar la sesión, a manera de introducción el jefe policial dijo que su exposición no estaba dentro de “apreciaciones e intereses personales”, sino bajo un enfoque “absolutamente institucional”. Y señaló a los diputados algo que es sabido en el Congreso: que la PDI es una “institución permanente de la República, integrante de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y todos los que la conformamos, estamos sometidos a un régimen jerárquico, disciplinado, estricto, obediente, no deliberante y garante del Estado de derecho”. Incluso, les recordó que en el debate parlamentario de la ley que modernizó a las policías, se dijo que “las instituciones policiales tienen una nítida relación de dependencia y subordinación respecto del poder civil”. Luego, detalló la norma referida a que quien toma las decisiones en la PDI es el director general. “Lo he hecho durante más de dos años que estoy a cargo de la institución”, dijo.

Trinindad Steinert fue fiscal regional de Tarapacá, en el extremo norte, hasta el 20 de enero, cuando renunció para sumarse al Gabinete. En ese puesto lideró una investigación para desarticular al clan Chen, una organización china acusada de estafas internacionales y lavado de dinero. Dentro de su equipo había cuatro detectives que eran muy cercanos a ella, y a quienes Consuelo Peña, por su trabajo en inteligencia, decidió trasladar a otras zonas del país. Ese fue el origen de la controversia, pues a los dos días de entrar al Gobierno, la ministra de Kast envió un oficio reservado a Cerna para averiguar las razones de esa determinación. El documento lo contestó la propia Peña el 19 de marzo y al día siguiente Steinert citó a una reunión al jefe de la PDI. Luego la prefecta general fue llamada a retiro por su superior.

Cuando se cursó su retiro, Consuelo Peña llevaba 36 años en la PDI y desde 2022 era parte del alto mando que conformó precisamente Cerna, por lo que la detective era de su máxima confianza. La prefecta general, además, al momento de su salida tenía un puesto estratégico en Chile, pues estaba a cargo del área más sensible de la Administración de derechas, cuya promesa de campaña fue el combate al crimen organizado y el control de la migración irregular.

Un “aprecio personal y profesional”

Dentro de los argumentos que Cerna dio este lunes a los diputados es que se trató de una decisión “institucional”, es decir, la misma línea de lo dicho por Steinert y por el presidente de la República. También señaló que este tipo de decisiones están dentro de las atribuciones de su cargo.

El policía, que cuenta con 37 años de servicio, apenas uno más de los que tenía Consuelo Peña, dijo que si bien los cambios del alto mando en la PDI se realizan anualmente (a finales de año), que ello no implica que puedan hacerse también en otras fechas. Puso como ejemplo, en un intento de explicar la salida de la exprefecta general, que desde 2022 a la actualidad se ha cursado el retiro de 48 oficiales generales, y que en 16 de esos casos -de subdirectores- el proceso se ha efectuado en diversos periodos. “Eso evidencia que este cambio de fecha no es atípico ni irregular”, señaló.

Siempre leyendo un documento, pues preparó sus respuestas con antelación, Cerna explicó que si un funcionario cumple más de 30 años de servicio tiene el deber de presentar por escrito una solicitud de retiro, algo que Peña hizo hace dos años. Y agregó que el director de la PDI “está facultado, cuando lo estime pertinente, de cursar [el retiro] sin estar obligado a cursar causa para ello”. Y añadió que Consuelo Peña contaba con más de 36 años de servicio en la PDI y que la normativa institucional “establece que la carrera de los oficiales policiales podrá prolongarse como máximo hasta los 38 años de servicio y después de ello procede el retiro absoluto por el solo ministerio de la ley”.

“Consuelo Peña San Miguel es una profesional de trayectoria destacada, que prestó un gran servicio a la PDI y a Chile. Conformó parte del alto mando institucional por más de cuatro años y por ella guardo el mayor respeto y aprecio personal y profesional”, dijo Cerna. “El retiro se ha llevado a cabo respetando el marco normativo vigente y con la intervención de las autoridades legalmente facultadas para ello”, insistió.

Para el diputado oficialista Jaime Coloma, de la UDI, de la derecha tradicional, la declaración del jefe policial fue “clara y precisa”. “Es el momento de dejar trabajar a la PDI y a la ministra de Seguridad en forma tranquila” y “dejar de perder el tiempo y de hacer a los otros perder el tiempo”.

Pero el socialista Raúl Leiva no quedó conforme. Dijo que le parece “del todo injusto que toda la problemática política se sostenga en el director de la institución. Es extremadamente injusto para él y para los 13.000 hombres y mujeres que son parte” de la PDI. “El señor director general hace precisamente el punto del artículo (...) de la Constitución que establece que son instituciones jerarquizadas, obedientes y disciplinadas. Mal podría venir a contradecir lo que públicamente han señalado la señora ministra y el señor presidente de la República”, agregó.