Los secretos que la desclasificación del 23-F ha dejado fuera

La expectación era máxima 45 años después del golpe fallido, y la incapacidad del Parlamento para aprobar una Ley de Secretos Oficiales que sustituya a la vigente, aprobada en dictadura, y homologue a España con otras democracias europeas, alimentó las suspicacias. Pero una vez desclasificados los “todos” los documentos que el Gobierno asegura haber “encontrado” en archivos de Defensa, Interior y Exteriores sobre el 23-F, llama la atención la ausencia de numerosos informes, y entre ellos, muchos con el sello de “secreto” a los que este periódico tuvo acceso en 2021, tras consultar los casi 13.000 folios de la causa judicial sobre el golpe fallido.

Preguntado por las lagunas de ese listado de documentos desclasificados, el historiador Paul Preston señala: “Es evidente que no es todo lo que había, pero es imposible saber si es todo lo que sobrevive. Es de suponer que los que tuvieron capacidad de hacerlo ya han destrozado cuanto podían de cintas o documentos que pudieron constituir evidencias y/o pruebas condenatorias”. El catedrático de historia contemporánea Julián Casanova afirma: “Es increíble que después de 40 años de propaganda franquista, los historiadores fuéramos capaces de obtener información detallada sobre la conspiración y la financiación del golpe de 1936, y que del golpe de 1981 haya tan poca documentación”. El investigador Carlos Fonseca, autor de La farsa, Historia de una investigación amañada (2024) añade: “O el CNI ha engañado al Gobierno y le ha facilitado la información que ha querido, o una gran cantidad de documentos han sido sustraídos o destruidos, pero lo desclasificado es muy pobre, y de hecho, se ha vendido como material desclasificado lo que no lo era, como los documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores que ya podían consultarse en el Archivo General de la Administración”.

La figura de Juan Carlos I sale reforzada de la desclasificación, pero sigue habiendo huecos en el relato de hechos, sobre todo, en relación a los meses previos al golpe fallido. “Es imposible”, advierte Casanova, “que el Rey no estuviera enterado, lo cual no quiere decir que fuera responsable de lo que pasó aquel día. Había un plan de ruptura para sustituir al Gobierno que había ganado las elecciones por uno de concentración y ahí estaban militares y partidos políticos”. El escritor Javier Cercas, autor de Anatomía de un instante, señala que “el Rey cometió errores antes del golpe, algunos muy serios, como querer echar a Adolfo Suárez, o jugar con la idea de un Gobierno de coalición o concentración presidido por un militar y permitir que el general Armada fuera por ahí proponiéndose para el puesto; son errores que cometió casi toda la clase política, pero en el caso del Rey fueron más dañinos. Esos errores facilitaron el golpe, pero Rey no lo montó: lo paró”. Para Fonseca, “no se trata ni de implicar al Rey ni de no implicarlo”, pero entre la documentación conocida y la revelada esta semana hay “contradicciones” y “lagunas importantes”. Preston cree, en todo caso, que era “muy difícil” que el Rey hubiera podido evitar que la intentona golpista se produjera “por la historia del golpismo y las fuerzas involucradas”. “Quizá”, añade, “después de la dimisión de Suárez [a finales de enero de 1981] podía haber optado por un Gobierno de concentración presidido por Armada. Los cuatro partidos estaban dispuestos a participar, pero el 10 de febrero, el Rey optó por la vía constitucional y ofreció la presidencia a Calvo Sotelo”.

Estas son las controversias que siguen vivas, nueve lustros después, tras contrastar los documentos publicados por EL PAÍS en 2021 con los ahora desclasificados y los estudios realizados por los escritores e historiadores.

Las lagunas sobre la preparación del golpe

En la documentación desclasificada no hay informes sobre las reuniones previas al 23-F: ni las del Monarca, ni las que entonces mantenían dirigentes políticos, como el socialista Enrique Múgica, y a las que Juan Carlos I alude en sus memorias: “Los partidos políticos también intrigaban en busca de poder”.

El general Alfonso Armada, “principal beneficiario” de la operación, según la sentencia del Supremo, se reunió con don Juan Carlos y doña Sofía antes del golpe y con los ejecutores. El resumen que les hace Armada de esa conversación con don Juan Carlos, según el relato del teniente general Jaime Milans del Bosch publicado en 2021 por este diario, es el siguiente: “Dijo que el Rey estaba ya harto de Suárez y que estaba viendo la posibilidad de cambiarlo como presidente. Que no encontraban ninguno idóneo. Que el Rey se inclinaba por un Gobierno de civiles y la Reina, al parecer, por uno de militares. Que hablaron también de la posibilidad de que hubiera alguna acción violenta, a lo que el Rey había dicho, exactamente, que ‘habría que ver la forma de reconducirla”. Milans también declaró ante la justicia militar que, tras la dimisión de Suárez, cuando el Rey dio “el nombre seguro de Calvo- Sotelo como presidente del Gobierno y el de Oliart como ministro de Defensa”, le pareció “una buena solución”, pero que Armada le dijo: “No he podido parar a Tejero, esto se hace”.

En los interrogatorios tras su detención, Tejero añadió: “El general Armada me dijo que no tenía que haber derramamiento de sangre bajo ningún concepto. Que una vez que entráramos, el grito debía ser ‘¡Viva el Rey! ¡Viva España!’ y que en todo momento debía hacer saber a los diputados que estábamos a las órdenes del Rey. (...) Íbamos a estar solos durante dos horas. Entonces llegaría la autoridad militar competente”.

Partidarios del golpe creían que el Rey lo apoyaba porque la operación la dirigía Armada, amigo íntimo y antiguo preceptor del Monarca, y de hecho, pensaban que ese día iba a estar a su lado en La Zarzuela, algo que no se le permitió. Ese fue el principal argumento que esgrimieron en el juicio para intentar que sus condenas fueran más bajas. La sentencia estableció que “el impulso regio no fue más que una fabulación de los principales rebeldes, que les sirvió para la ejecución de sus planes, sumando voluntades, disipando recelos y dándole apariencia de legitimidad a lo que sólo era un delito de rebelión militar”.

El hombre que irrumpió a tiros en el Congreso a las 18.20 del 23 de febrero de 1981, el teniente coronel Antonio Tejero, había salido de la cárcel en mayo de 1980 tras cumplir siete meses de condena por conspiración para la rebelión, es decir, por otro intento de golpe de Estado. La documentación publicada por EL PAÍS en 2021 incluía un interrogatorio en el que Tejero explicaba que habían barajado asaltar La Moncloa, pero que les pareció “mucho más difícil” y se decidieron por el Congreso. Para prepararse, dijo, hizo “innumerables fotografías de todas las esquinas” del edificio y consiguió “información de todas las medidas de seguridad”. Todo eso lo hizo sin que nadie lo vigilara a su salida de prisión, o al menos, no han trascendido, en la información desclasificada, informes de seguimiento por parte de los servicios de inteligencia o Interior. El historiador Paul Preston subraya: “Las convicciones golpistas de Tejero eran súper conocidas de antemano y evidencian el legado franquista de las fuerzas armadas”.

En otra declaración que no aparece en los documentos desclasificados, pero sí en los que este periódico reveló en 2021, Tejero explica que desde su salida de prisión en 1980 se había dedicado a “mantener contactos” con mandos que compartían su “preocupación por la situación de España”, es decir, a seguir conspirando, y que le hablaron, en primer lugar, de Milans del Bosch, el teniente general que el 23-F sacó carros de combate a las calles de Valencia.

Lagunas del día-D: las transcripciones que sí aparecen y las que no

Las transcripciones de las conversaciones incluidas en la desclasificación del pasado miércoles son las que ya recogía la causa judicial del 23-F, es decir, las registradas en el Congreso entre Tejero, su mujer, el único civil condenado, Juan García Carrés y una tercera persona sin identificar. Aparte de para inculpar a García Carrés, dichas transcripciones tienen carácter de anécdota o casi esperpéntico, por la manera de expresarse: una colección de tacos en el caso de Tejero; un “cómo está mi niña” cuando le pasan el teléfono a su esposa.

La desclasificación del miércoles incluye un documento sin firmar ni datar, y correspondiente al archivo del Ministerio de Defensa, que, bajo el título de “Sucinto relato de los sucesos de los días 23 de febrero de 1981 y 24 a raíz del asalto al Congreso de los Diputados según fueron conocidos en La Zarzuela”, enumera conversaciones que se produjeron aquel día en el palacio. En algún caso hace un resumen de su contenido y en otros, reproduce breves diálogos que no pueden calificarse como transcripción. Así, por ejemplo, se dice que “entre las 18.30 y las 19.00″, el Rey “recibe una llamada del general Armada”, que quiere ir a La Zarzuela, y “se le contesta que no”; que “sobre las 19.00 o 19.15″ don Juan Carlos habla con Milans del Bosch, “quien dice que está ‘a las órdenes del Rey; que ha tomado medidas de seguridad para preservar el orden’ y le pregunta si ha hablado ya con Armada. En esa conversación no aparece lo que le contesta el Monarca, que sí está mucho más detallado en otra que mantienen más adelante, a la 1.20 del 24 de febrero de 1981: ”Te hago saber con toda claridad lo siguiente: Afirmo mi rotunda decisión de mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Después de este mensaje ya no puedo volverme atrás (...) Te ordeno que digas a Tejero que deponga inmediatamente su actitud. Juro que ni abdicare, ni abandonaré España. Quien se subleve, está dispuesto a provocar, y será responsable de ello, una nueva guerra civil”.

Frente a ese detalle, otra conversación del Rey con Armada “entre las 20.00 y las 21.00″ se resume con un “muy tensa”, sin aclarar el contenido; y de la que tiene el general golpista “a las 22.35″ con Sabino Fernández Campo, mano derecha del Monarca, al insistir Armada en “su solución”, se resume así: “Sabino le dice que de ninguna manera S.M autoriza a dirigirse a los diputados en su nombre. Le arranca su palabra de honor de que no lo hará”. En su declaración ante el juez instructor de la causa del 23-F, a la que tuvo acceso este periódico, el jefe del Estado Mayor, José Gabeiras, explicó que a las 22.30 recibió una llamada alertándole de que la actuación de Armada, al que tenía a su lado, no estaba “clara” y que este se había ofrecido a resolver el asalto en el Congreso “proponiéndose como presidente de un nuevo Gobierno”. Y añade: “Como consideraba conveniente continuar los contactos con Tejero, autoricé al general Armada para que se fuera, pero solo a ofrecerle facilidades de salir del trance a fin de que no hubiera víctimas en el interior del Congreso (...) A las 23.40, el general Armada sale hacia el Palacio del Congreso, autorizado únicamente a parlamentar con el teniente coronel Tejero a fin de lograr su entrega, pudiendo incluso ofrecerle la posibilidad de salir de España en avión, acompañado de su familia, y con la prohibición absoluta de expresar su oferta de presidir un Gobierno”.

Un general presente en el despacho del jefe del Estado Mayor del Ejército afirmó, según un documento secreto incorporado a la causa judicial a la que tuvo acceso este periódico, que Armada les advirtió del peligro que corrían los rehenes del Congreso si Tejero se ponía “nervioso”. “Recuerdo que nos dijo: ‘Ya sabéis que no soy amigo de blandenguerías, pero en este caso creo que debería ofrecerse un avión a Tejero para evitar males mayores a los diputados”. Tejero, según Armada, lo rechazó porque dijo que se “mareaba” en los aviones.

Tras discutir Tejero y Armada porque el primero cree que le han engañado con el plan de gobierno de concentración con miembros de distintas fuerzas políticas - “Para esto no había que dar semejante campanazo”, dice-, a las 10.40 del 24 de febrero, Tejero telefonea al segundo jefe del Estado Mayor de la III Región para comunicarle que está dispuesto a entregarse y que quiere ver a Armada. En el sumario judicial se incluye el papel donde anotan las condiciones para salir del Congreso: “No responsabilidades de teniente para abajo. Ningún fotógrafo. Los oficiales que se sancionen irán a prisiones militares”.

Tampoco aparecen en los documentos desclasificados el pasado miércoles transcripciones completas de las conversaciones que el Rey mantiene con las capitanías generales, pero el investigador Carlos Fonseca señala las discrepancias entre fuentes. El documento del “sucinto resumen” da cuenta de la publicación, “a las 22 horas”, de una nota de la Junta de Jefes del Estado Mayor (JUJEM) que reza: “Se han tomado las medidas necesarias para reprimir todo atentado a la Constitución y reestablecer el orden”. Y se añade: “Los gobernadores civiles de todas las provincias, excepto Valencia, controlan la situación”. A las cuatro de la madrugada, el general Juste le dice a Fernández Campo que “no está seguro de tener la División con él”. Cuando el ministro de Defensa, Alberto Oliart, compareció en el Congreso el 17 de marzo de 1981 para informar de la investigación, recuerda Fonseca, “aseguró que el 99,4% de las fuerzas armadas habían sido leales a la Constitución y a la legalidad vigente, pero el propio Rey, en sus memorias, dice que calculaba que la mitad de los capitanes generales estaban a favor del golpe y en los documentos desclasificados no aparece detallado lo que habló con ellos”.

Lagunas de la investigación: un solo hombre en la trama civil

Un solo civil, el falangista Juan García Carrés, fue condenado por su implicación en el 23-F: dos años de prisión por el delito consumado de conspiración para la rebelión militar. En la documentación desclasificada no aparecen informes sobre investigaciones de la trama civil. “Ni siquiera se identificó”, recuerda Fonseca, “a esa tercera persona con la que habla Carrés el 23-F, y no consta que se practicaran registros ni en su casa ni en la de Tejero”. Durante el juicio, García Carrés presumió de que había sido condecorado por el Rey, quien le había concedido la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco en 1976, y aseguró que lo único que lamentaba era no haber “participado más eficazmente” en el golpe.

En cuanto a la financiación del 23-F, como figura en los interrogatorios a los que tuvo acceso este periódico, Tejero afirmó que había sufragado la compra de los autobuses para trasladar a los guardias civiles al Congreso el día del asalto mediante una herencia de su mujer y las cuatro pagas que él pidió por adelantado confiando en que le devolvieran el dinero una vez triunfara el golpe. No obstante, el historiador Luis Togores, hijastro de García Carrés, aseguró al investigador Carlos Fonseca que el dinero para comprar los autocares “lo puso Carrés, que lo guardaba en una caja fuerte en su casa”.

Para Preston, “el bache más evidente” en la documentación desclasificada esta semana “es el relativo a la trama civil y la financiación”.

Cuando Oliart compareció en el Congreso a puerta en marzo de 1981 para informar a los diputados de la investigación sobre el golpe, explicó que afectaba a 114 civiles y 154 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. “¿Qué pasó con esas investigaciones? ¿Dónde están los resultados“, se pregunta Fonseca. ”Cuando el juez cerró el sumario e hizo un resumen para el Consejo Supremo de Justicia Militar aludió a esa investigación y puso por escrito que no se le había enviado nada al respecto. Es otra muestra de lo que se destruyó”. Los investigados del Cesid que aparecen en la documentación desclasificada el pasado miércoles, añade, “figuraban en el informe Jáudenes [ya conocido] que se encargó a modo de investigación interna y que tuvo un resultado autoexculpatorio”. Solo dos miembros del Cesid fueron procesados, el capitán Gómez Iglesias y el comandante José Luis Cortina. El primero fue condenado a seis años de cárcel y el segundo, absuelto.

En sus memorias, el juez instructor, José María García Escudero, escribe: “Como historiador, sabía que en todos los movimientos análogos al 23-F hay siempre un núcleo bien definido, el de los implicados, y una zona mucho mayor, que generalmente no se manifiesta hasta que el movimiento ha triunfado. Mi terreno como juez era el primero, adentrarme en otros habría sido entrar en terreno movedizo y lleno de trampas, donde los resultados dudosos no compensaban los peligros ciertos, el principal, la pérdida de tiempo”. Las memorias de Oliart, recogidas por Fonseca en su libro, también dan cuenta de una conversación con el juez instructor en la que este le plantea procesar a la división acorazada Brunete y a la división Maestrazgo o solo a los altos mandos (37): “Sin dudarlo, le dije: ‘Mire usted, señor juez, lo que hay que hacer es procesar a la jefatura solamente, porque si no, este juicio acabaría por no realizarse. Bajo mi responsabilidad, tome esto como una orden. No se procesa a nadie más”.

La sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar contra los implicados del 23-F, de junio de 1982, tiene apenas 66 folios. La del Supremo (abril de 1983) que elevó considerablemente las penas -de 6 a 30 años en el caso de Armada-, más de 250. A la hora de fijar las penas, el primer tribunal tuvo en cuenta como atenuante, “las circunstancias personales de honorabilidad, cualidades de mando y espíritu militar, brillante historial y acreditado patriotismo, fidelidad a la Corona, de la que [los implicados] dieron pruebas al acatar, en definitiva, las órdenes emanadas de su titular para someterse sin resistencia horas después, y haber preferido afrontar, los oficiales de la Guardia Civil, las consecuencias de sus actos declinando la oportunidad que se les ofreció por la autoridad competente de salir del territorio nacional, motivaciones todas estas de innegable peso, que no disculpan ni justifican, pero sí deben atenuar las consecuencias de los hechos realizados”.

En sus memorias, el rey Juan Carlos describe a Milans del Bosch, condenado a 30 años de cárcel, como “un hombre famoso por su valentía” y “condecorado con dos medallas militares, lo que demostraba su mérito excepcional”. De Armada afirma que fue “muy doloroso en el plano personal” darse cuenta de su doble juego. El general fue indultado y quedó en libertad en 1988. El Supremo alegó, entre otros, motivos de salud. El Rey firmó la propuesta de la medida de gracia el día antes de Nochebuena. Armada falleció en diciembre de 2013, a los 93 años. Milans, que nunca se arrepintió ni pidió el indulto, salió de la cárcel en 1990. Tejero, que falleció el mismo día de la desclasificación, en 1996. Uno de sus últimos actos públicos fue firmar un manifiesto en defensa del dictador Francisco Franco.