45 años del 23-F: hechos probados y dudas razonables

La historia del 23-F es la de un fracaso con final feliz. El sistema falló a la hora de impedir o prevenir la intentona golpista, pero los golpistas no lograron sus objetivos y la democracia siguió su curso. La documentación conocida hasta la fecha, incluidos los casi 13.000 folios de la causa judicial a la que este periódico tuvo acceso en el 40 aniversario del golpe, en 2021, permiten escuchar desde dentro a los protagonistas y a la vez, ponen en evidencia todo lo que se pasó por alto, antes y después, lo que ha dado lugar a que, pese a la ingente cantidad de libros, estudios y documentales sobre esas horas en las que el país contuvo la respiración, permanezcan, 45 años después, dudas razonables entre los hechos probados.

El tiempo transcurrido hasta que el Gobierno ha anunciado que, “para saldar una deuda histórica con la ciudadanía”, desclasificará los documentos del 23-F, una vieja reivindicación de los historiadores, ha contribuido a alimentar las suspicacias. “Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre”, declaró Pedro Sánchez al comunicar la medida. El catedrático de historia contemporánea Julián Casanova advierte, sin embargo: “La historia no existe sin documentos, pero los documentos no son la verdad absoluta, hay que hacer una lectura crítica del contexto y de la fuente. El que los clasifica decide qué se guarda y qué se destruye. Que nadie espere que todos los documentos o conversaciones que se generaron el 23-F se vayan a desclasificar porque, probablemente, algunos ya no existan. El Cesid [precedente del CNI] se dedicaba entonces más a perseguir rojos que a buscar golpistas porque estaba compuesto por antiguos franquistas y eso tiene una repercusión. Quienes clasificaron o guardaron esos documentos no eran demócratas de toda la vida”.

Esta es la reconstrucción de lo que se sabe y lo que no sobre el papel del rey Juan Carlos, el apoyo del Ejército y la extensión de la trama civil en la intentona golpista.

Antecedentes y preparativos

El ruido de sables era patente y notorio; el hombre que, a las 18.20 del 23 de febrero de 1981, irrumpió a tiros en el Congreso, el teniente coronel Antonio Tejero, había salido de la cárcel en mayo de 1980 tras cumplir siete meses de condena precisamente por “conspiración para la rebelión” para otro golpe de Estado en 1978, la Operación Galaxia. En los interrogatorios a los que tuvo acceso EL PAÍS, reveló que desde que había quedado libre se había dedicado a “mantener contactos” con mandos que compartían su “preocupación por la situación de España”, como el teniente general Jaime Milans del Bosch. Es decir, a seguir conspirando sin que nadie lo molestara.

Tejero hablaba con Milans del Bosch y Milans con el general Alfonso Armada y por esas conversaciones, insiste una y otra vez en los interrogatorios Tejero, “suponía que era con conocimiento de su Majestad”. Armada llevaba desde 1955 junto a don Juan Carlos, del que había sido preceptor, y culpaba a Adolfo Suárez de su relevo como secretario del Monarca. El rey emérito afirma en sus memorias, publicadas en España el pasado diciembre, que su padre, don Juan, cenó con el general Milans [al que describe hoy como “un hombre famoso por su valentía”] dos meses antes del golpe y que este le dijo: “Antes de jubilarme, voy a sacar los tanques a la calle”. Don Juan Carlos añade: “Cuando mi padre me lo contó, no me lo tomé en serio, aunque debí haberlo hecho”. De Armada asegura que fue “muy doloroso” para él darse cuenta de que “si insistía tanto” en estar aquel día a su lado era por una sola razón: “Hacer creer que yo apoyaba el golpe”. Tanto Milans como Armada habían participado en la Guerra Civil con Franco y en la campaña en Rusia con la División Azul durante la II Guerra Mundial.

Lo cierto es que el Rey se había reunido con el general Armada, al que la sentencia atribuye ser el principal “beneficiario” de la operación del 23-F, en la estación de esquí de Baqueira Beret en enero, es decir, apenas unas semanas antes del golpe. Según consta en los interrogatorios posteriores a Milans del Bosch, Armada les había dicho que “el Rey estaba ya harto de Suárez y que estaba viendo la posibilidad de cambiarlo como presidente. Que el Rey se inclinaba por un gobierno de civiles y la Reina, al parecer, por uno de militares. Que hablaron también de la posibilidad de que hubiera alguna acción violenta, a lo que el Rey había dicho que ‘habría que ver la forma de reconducirla”.

Según los documentos a los que tuvo acceso este periódico, los golpistas dudaron entre ocupar La Moncloa o el Congreso y se decidieron por la Cámara baja porque resultaba “menos complicado”. Tejero tomó “innumerables fotografías” para estudiar las medidas de seguridad del edificio. Explicó que había comprado, en diciembre de 1980, seis autobuses de 50 plazas cada uno, así como gabardinas en el Rastro para trasladar a 288 guardias civiles sin llamar la atención. Aseguró que la adquisición, “por unos tres millones de pesetas”, se financió con el dinero en metálico procedente de la herencia de una tía de su mujer, y que “por si no alcanzaba”, él había solicitado cuatro pagas por adelantado “con la confianza” de que se le iba a devolver una vez triunfara el golpe. Al abogado al que encargó las gestiones, para las cuales dijo que había falsificado la firma de su esposa, le aseguró que los autobuses eran para una familia vasca que quería invertir “para librarse del impuesto revolucionario” de ETA.

Tanto el historiador Nicolás Sesma, autor de Ni una, ni grande, ni libre (Crítica), como el investigador Carlos Fonseca, que en 2024 publicó La farsa, historia de una investigación amañada (Plaza y Janés), coinciden en que sería de máximo interés que los documentos que van a ser desclasificados incluyan toda la documentación previa y posterior al golpe elaborada por el Cesid, precedente del CNI, el Centro Nacional de Inteligencia. ”Si no hay documentación anterior al golpe", afirma Fonseca, “sería gravísimo porque quiere decir el servicio de información militar no se enteraba de nada, pero al menos tendría que haberla de los momentos posteriores, cuando se analizó qué se hizo mal y qué cómplices podían tener dentro porque tomaron declaración a cientos de testigos, pero el Cesid fue descartado finalmente como parte de la trama”.

Casanova insiste en que entonces los servicios de inteligencia “ni eran plenamente democráticos ni funcionaban con métodos de clasificación de documentación democráticos” por lo que cree que la documentación que generaron sobre el 23-F “buscaba, sobre todo, proteger a la cúspide”, del mismo modo que cree que la trama civil del golpe iba, probablemente, mucho más allá de lo que figura en la condena judicial.

Las llamadas entre el Congreso y el exterior durante el secuestro de la Cámara

Tejero irrumpió en el Congreso el 23 de febrero de 1981 pasadas las seis de la tarde y lo abandonó detenido al mediodía del 24 de febrero. En ese periodo de tiempo, se produjeron conversaciones telefónicas desde la Cámara y el exterior, entre otras, con La Zarzuela, pero solo han trascendido algunas de las que se produjeron después de que TVE emitiera, a la 1.15 de la madrugada, el mensaje grabado por el rey Juan Carlos condenando el golpe. Este periódico reveló, en 2021,entre otras, la conversación telefónica que Tejero mantuvo con el que sería el único civil condenado por el 23-F, el ultraderechista Juan García Carrés. Tejero le explica que el “plan de gobierno” del general Armada le parece “una chapuza” y Carrés le da ánimos: “¡Aguanta, Antonio! La victoria es para España!“.

Sesma y Fonseca creen que lo más interesante de esa desclasificación sería la transcripción de esas comunicaciones entre el Congreso y el exterior y especialmente, con La Zarzuela. El exvicepresidente Alfonso Guerra llegó a decir que había 125 horas de conversaciones interceptadas de los teléfonos del Congreso, pero Francisco Laína, entonces director de la Seguridad del Estado, aseguró en 2011 al periodista de este diario José Luis Barbería que no había más grabaciones que las de la mujer de Tejero y las de García Carrés, que se quedaron en la Comisaría General de Información de Manuel Ballesteros. Laína explicó que consultaron a tres psicólogos y finalmente acordaron cortar los teléfonos a Tejero, pero no de forma total, para que no se sintiera aislado, y que apremió a Sabino Fernández Campo para que el Rey condenase públicamente el golpe cuanto antes, a lo que la mano derecha Juan Carlos I replicó que el Monarca quería hablar antes con todos los capitanes generales. A la 1.15 del 24 de febrero, casi siete horas después de la entrada a tiros de Tejero, TVE emitió el mensaje del Rey.

En sus memorias, el rey emérito da cuenta de una conversación entre Sabino Fernández Campo -que había sustituido a Armada a su lado- y Tejero en el Congreso y en la que, según su relato, le pidió que dejara de hablar “en nombre del Rey” y que abandonara la Cámara. Tejero colgó. Don Juan Carlos también habla en su libro de una conversación que mantuvo con la diputada socialista Anna Balletbò, que había sido liberada por estar embarazada de gemelos. Según explica, tardó en contactar con él porque al principio le pusieron con el Teatro Real de La Zarzuela, y no con el Palacio, pero Jordi Pujol le dio finalmente su número.

“En 1994″, afirma Fonseca, “Julio Camuñas, que en el momento del golpe era delegado del Gobierno en Telefónica y antes había sido subsecretario de Orden Público, confirmó que Laína le había ordenado intervenir unos teléfonos particulares y los del Congreso, pero las cintas que recogen las conversaciones mantenidas desde y hacia la Cámara baja no se incorporaron al sumario”. En su libro, el investigador asegura que la segunda esposa de Laína le manifestó que guardaba algunas grabaciones, pero que no le permitió escucharlas para respetar la voluntad de su marido, que nunca las hizo públicas. “Me cuesta creer”, coincide Sesma, “que no se grabaran esas conversaciones. Laína tenía mucha experiencia y lo lógico es que se cubriera las espaldas”.

A Casanova también le gustaría que apareciese un documento que, “de forma clara”, demostrase que “en cuanto Tejero entra en el Congreso, el rey Juan Carlos dice que eso no se puede permitir” para “despejar dudas de qué ocurrió hasta la una de la mañana” [cuando se emite en televisión su mensaje condenando el golpe].

Las llamadas entre La Zarzuela y las capitanías generales

Cuando el ministro de Defensa, Alberto Oliart, comparece en marzo de 1981 en el Congreso para informar a los diputados de los avances de la investigación sobre el 23-F, asegura, según recuerda Fonseca, que “el 94,4% de las fuerzas armadas eran fieles al Gobierno”. Sin embargo, el propio Juan Carlos I apunta en sus memorias un escenario distinto: “Llamé uno por uno a los capitanes generales. De los 11, calculo que la mitad apoyaba la rebelión, pero no se atrevían a desobedecer”. Según Laína, el motivo de la tardanza de la emisión del mensaje del Rey condenando el golpe obedece a que Sabino Fernández Campo le comunicó que Juan Carlos I quería hablar primero con todos los capitanes generales. Tanto Sesma como Fonseca dudan que se vayan a conocer esas conversaciones una vez sean desclasificados los documentos del 23-F.

La lista del Gobierno de concentración y las “intrigas previas” de los partidos

En los interrogatorios a los implicados en el golpe a los que tuvo acceso este periódico, Tejero explica que se sintió traicionado por Armada cuando este le explicó el gobierno de concentración que pretendía imponer. Entre los nombres que figuran en esas declaraciones figuran los de Enrique Múgica, Felipe González y Jordi Solé Tura. Fonseca recuerda que se habló de una lista ministro por ministro elaborada por Carmen Echave, médica que asistió a algunos diputados durante el golpe y anotó los nombres que escuchó en el Congreso. El Rey asegura en sus memorias que “los partidos políticos también intrigaban en busca de poder”. De hecho, hay al menos una reunión de las que podría trascender documentación desclasificada: la que mantuvieron en octubre de 1980 los socialistas Enrique Múgica y Joan Reventós con el general Armada y que duró tres horas y media. El juez instructor preguntó a Armada si en ese encuentro “llegó a algún acuerdo con miembros del PSOE con vista a una eventual aceptación por dicho partido o una fracción del mismo de una fórmula política como la que pudo haber propuesto a consecuencia de los hechos del 23 de febrero”. El general respondió que nunca se habló de un Gobierno. Preguntado por si existía alguna consigna para que los socialistas aceptaran su propuesta en el Congreso, replicó: “He leído la frase de ‘El elefante ha venido’ y me ha dado la risa”. Múgica aseguró que había dado parte de dicha reunión a Felipe González.

La rendición

Ante el juez, José Gabeiras, jefe del Estado Mayor del Ejército, explicó que autorizó a las 23.40 del 23-F a Armada a reunirse con Tejero “con el único propósito de negociar su entrega, prometiéndole un avión para salir al extranjero con su familia” y “con la prohibición absoluta de expresar su oferta de presidir el Gobierno”.

A las 10.40 del 24 de febrero, Tejero telefoneó al segundo jefe del Estado Mayor de la III Región para comunicarle que estaba dispuesto a entregarse y que quería ver a Armada. El sumario judicial incluye el papel donde anotan las condiciones para salir del Congreso: “No responsabilidades de teniente para abajo. Ningún fotógrafo. Los oficiales que se sancionen irán a prisiones militares”.

La investigación abarcó casi a 200 personas, pero solo un civil fue condenado y nadie de los servicios secretos. La justicia absolvió al comandante José Luis Cortina, del Cesid que, según Tejero, le citó antes del 23-F para desearle suerte y comunicarle que ya estaban preparados los decretos leyes que entrarían en vigor una vez concluyese la operación.