El Gobierno anuncia, 45 años después del intento de golpe de Estado, la desclasificación de los documentos del 23-F
“La memoria no puede estar bajo llave. Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre”, afirma Sánchez


El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes, 45 años después del intento de golpe de Estado, que desclasificará los documentos relativos al 23-F “para saldar una deuda con la ciudadanía”. “La memoria no puede estar bajo llave. Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre”, ha dicho en un mensaje de X en el que agradece al escritor Javier Cercas, autor del libro Anatomía de un instante, que haya abierto ese camino al solicitar esa desclasificación de información. En la misma red social, el PP se ha apresurado a describir el anuncio como “una cortina de humo”.
La memoria no puede estar bajo llave.
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 23, 2026
Mañana desclasificaremos los documentos del 23F para saldar una deuda histórica con la ciudadanía.
Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre.
Gracias a quienes abristeis camino. pic.twitter.com/VNHEAadVxv
Desde diversos grupos políticos, se ha atribuido a esos documentos buena parte del retraso en la aprobación de la ley de secretos oficiales, un proyecto que ha sido debatido en numerosas ocasiones en las Cortes, especialmente a petición del PNV, sin que hasta ahora haya conseguido aprobarse una norma que derogue la vigente, que data de la dictadura franquista.
En el 40 aniversario de la intentona golpista, este periódico accedió al sumario judicial del caso, que incluye todas las declaraciones e interrogatorios a los implicados: casi 13.000 folios sobre las 18 horas en las que España contuvo la respiración, en febrero de 1981, esperando a un supuesto elefante blanco. Las páginas del sumario de la causa abierta por el Consejo Supremo de Justicia Militar permitían oír a los protagonistas desde dentro del hemiciclo y reconstruir el 23-F desde las reuniones preparatorias. En los primeros interrogatorios, el teniente coronel Antonio Tejero declaró: “El general [Alfonso] Armada me dijo que no tenía que haber derramamiento de sangre bajo ningún concepto. Que una vez que entráramos, el grito debía ser ‘¡Viva el Rey! ¡Viva España!’ y que en todo momento debía hacer saber a los diputados que estábamos a las órdenes del Rey. Íbamos a estar solos durante dos horas. Entonces llegaría la autoridad militar competente”. Pero lo que pretendía ser un golpe “blando” se torció y se alargó. La instrucción judicial revela por qué.

Tejero ya había sido condenado a siete meses de prisión por conspiración para la rebelión por su participación en otro plan de golpe de Estado en 1978 (la Operación Galaxia), y en uno de los interrogatorios por el 23-F explicó que desde su salida de la cárcel en mayo de 1980 había procurado “mantener contacto con militares con una preocupación parecida”, como el teniente general Jaime Milans del Bosch. Este mantenía, a su vez, conversaciones similares con el general Armada, “y por ellas”, según declaró, “suponía que era con conocimiento de su Majestad”. Armada llevaba desde 1955 junto a don Juan Carlos, de quien había sido preceptor, y culpaba a Adolfo Suárez de su relevo como secretario del Monarca. La sentencia descartó que el Rey estuviera implicado de alguna forma en la intentona golpista, condenó a Milans y a Tejero a 30 años de cárcel por rebelión militar y a Armada a seis por conspiración para la rebelión, pero el Supremo elevó posteriormente a 30 años la pena de este último, al que acusó de un “doble juego” y de ser “el principal beneficiario” del plan. Milans salió de la cárcel en 1990. Tejero, en 1996. Armada fue indultado y quedó en libertad en 1988. El Supremo alegó, entre otros, motivos de salud. Juan Carlos I firmó la propuesta de la medida de gracia el día antes de Nochebuena. Armada falleció en diciembre de 2013, a los 93 años.
Los preparativos
El 10 de enero de 1981 se habían reunido en Valencia para preparar el golpe. “Armada”, relató Milans, “dijo que el Rey estaba ya harto de Suárez y que estaba viendo la posibilidad de cambiarlo como presidente. Que no encontraban ninguno idóneo. Que el Rey se inclinaba por un gobierno de civiles y la Reina, al parecer, por uno de militares. Que hablaron también de la posibilidad de que hubiera alguna acción violenta, a lo que el Rey había dicho, exactamente, que ‘habría que ver la forma de reconducirla”. Preguntado por el fiscal por si en su reunión con Armada se habló de la ocupación del Congreso, Milans contestó que sí, pero que había soluciones menos violentas, esto es, que Armada presidiera un nuevo Gobierno.
Tejero afirmó en los interrogatorios que apenas unos días antes del golpe se reunió con Armada en un piso de Madrid. “Me pregunta si toda la operación está a punto. Yo le digo que sí, que está dispuesto para tomar el Congreso el lunes sobre las 18.15 o 18.30. Me responde que a las 18.10, que en estas operaciones cuentan hasta los segundos. Me dice que el Rey estaba plenamente convencido de la necesidad de esta acción, pero que, no obstante, como es algo voluble, su puesto de mando, el del general Armada, estaría a partir de la hora de la toma del Congreso en La Zarzuela, junto al Rey [no fue así y cuando pidió ir, se le negó el permiso]. Me abrazó deseándome suerte y me recalcó varias veces que esto era en defensa de la democracia”, añadió.
“No he podido parar a Tejero. Esto se hace”
Milans, por su parte, afirmó ante la justicia militar que, tras la dimisión de Suárez, cuando el Rey dio “el nombre seguro de Calvo-Sotelo como presidente del Gobierno y el de Oliart como ministro de Defensa”, le pareció “una buena solución”, pero que Armada le dijo: “No he podido parar a Tejero, esto se hace”.
Durante semanas, Tejero había hecho, según los interrogatorios a los que tuvo acceso EL PAÍS, “innumerables fotografías de todas las esquinas del Parlamento” y se había informado de “todas las medidas de seguridad y protección”. Explicó que le habían insistido en que el “factor sorpresa” era “fundamental” y por eso había comprado en diciembre de 1980 seis autobuses de 50 plazas cada uno, así como gabardinas en el Rastro para trasladar a 288 guardias civiles sin llamar la atención. Aseguró que la adquisición, “por unos tres millones de pesetas”, se financió con el dinero en metálico procedente de la herencia de una tía de su mujer, y que “por si no alcanzaba”, él había solicitado cuatro pagas por adelantado “con la confianza” de que se le iba a devolver una vez triunfara el golpe. Al abogado al que encargó las gestiones, para las cuales dijo que había falsificado la firma de su esposa, le aseguró que los autobuses eran para una familia vasca que quería invertir “para librarse del impuesto revolucionario” de ETA. El abogado le advirtió que los autocares eran “de tercera mano”, pero que “andar, andan”.
Los tiros en el Congreso

A las 18.24 del 23-F, Tejero irrumpió en el Congreso. “Como había revuelo entre los diputados”, declaró en los interrogatorios, “disparé al aire un tiro, acompañado, como había ordenado, por una ráfaga al techo de los dos guardias encargados de ejecutarla. Mandé alto el fuego y entonces fue cuando dije: ‘Estoy a las órdenes del Rey y del general Milans del Bosch’. Ante la actitud del teniente general Gutiérrez Mellado, al enfrentarse con gran nerviosismo y observar que los guardias civiles, por respeto a su autoridad, retrocedían, bajé del estrado y agarrando al teniente general, intenté mediante una zancadilla tirarle al suelo, para evitar que la fuerza que me secundaba perdiera la moral”.
Ante el instructor, Tejero declaró que le habían prometido “congelar el marxismo” y que por eso, cuando Armada entró en el Congreso tras pronunciar la contraseña pactada —“duque de Ahumada”— y le propuso su plan, se sintió “traicionado”. Dicho plan, según sus palabras, consistía en un nuevo Gobierno presidido por Armada y del que formarían parte, entre otros, Felipe González, Enrique Múgica y Jordi Solé Tura. Tejero preguntó a Armada si iba a “ilegalizar el marxismo”, modificar la Constitución en lo referido a las comunidades autónomas, y qué medidas pensaba tomar contra el terrorismo. Al contestarle, según su relato, que el Partido Comunista seguiría siendo legal y que intentaría traerse a Milans como jefe del Estado Mayor del Ejército más adelante, Tejero le respondió que para eso no había asaltado él el Congreso y le impidió entrar en el hemiciclo.
Para entonces, José Gabeiras, jefe del Estado Mayor del Ejército, ya había sido informado de que la actuación del general Armada no estaba clara y, de hecho, fue él quien le comunicó su arresto a las 15.00 del 25 de febrero. Ante el juez militar, Gabeiras aseguró que se autorizó a las 23.40 del 23 de febrero a Armada a reunirse con Tejero “con el único propósito de negociar su entrega, prometiéndole un avión para salir al extranjero con su familia” y “con la prohibición absoluta de expresar su oferta de presidir el Gobierno”. En una declaración que lleva impreso un sello de “secreto”, un general asegura que Armada les dijo: “Ya sabéis que no soy amigo de blandenguerías, pero en este caso creo que debería ofrecerse un avión a Tejero para evitar mayores males a los diputados”. Tejero rechazó la oferta. Según Armada, dijo que en los aviones se mareaba.
La rendición
En la transcripción de las conversaciones desde dentro del Congreso a las que tuvo acceso este periódico, se incluye una de Tejero con el ultraderechista Juan García Carrés, el único civil condenado por el 23-F, y en la que lamenta “la chapuza” que pretendía hacer Armada.

A las 1.15 del 24 de febrero, casi siete horas después de la entrada a tiros del teniente coronel Tejero en el hemiciclo del Congreso, TVE emitió un mensaje que Juan Carlos I había grabado, vestido con el uniforme de capitán general del Ejército, en La Zarzuela. “Para evitar cualquier posible confusión”, dijo, “confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la junta de jefes del Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. La Corona no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum”, añadió.
Según el entonces jefe del Estado Mayor, Armada regresó a las 2.40 para contarle su fracaso con Tejero. “No ha logrado convencerle a pesar de ofrecerle todo tipo de garantías, llegando a manifestar que estaba dispuesto a morir en el Congreso convirtiéndolo en un santuario de la Cabeza [en alusión al episodio de nueve meses de asedio de tropas republicanas a guardias civiles durante la Guerra Civil al santuario de la Virgen de la Cabeza, en Jaén]”, afirmó ante el juez instructor.
Para entonces, Milans ya había hablado con el Rey —lo hizo tres veces esa noche—, quien le había ordenado que retirara a las tropas y el bando de guerra en Valencia. A las 10.40 del 24 de febrero, Tejero telefoneó al segundo jefe de Estado Mayor de la III Región para comunicarle que estaba dispuesto a entregarse y que quería ver a Armada. En el sumario se incluye el papel donde anotan las condiciones: “No responsabilidades de teniente para abajo. Ningún fotógrafo. Los oficiales que se sancionen irán a prisiones militares”.

En los interrogatorios posteriores, Armada negó haberse reunido con Tejero para hablar del golpe. Para comprobar su coartada fueron llamados a declarar desde su hija hasta la asistenta, además de personas con las que coincidía en misa. Admitió que en el Congreso había intentado plantearle a Tejero “una propuesta arriesgada, pero constitucional” y que siempre fue “a título personal”. También reconoció contactos previos con políticos, como Enrique Múgica (PSOE) —ante el juez instructor, citado como testigo, el político admitió una reunión en octubre de 1980, de tres horas y media con Armada, de la que informó a Felipe González y en la que aseguró que no se había hablado de un nuevo Gobierno—. Preguntado, finalmente, por si era él el famoso elefante blanco, Armada contestó: “Me da la risa”.
El Consejo Supremo de Justicia Militar condenó a 22 de los 33 procesados, absolviendo por falta de pruebas, entre otros, al comandante José Luis Cortina, del Cesid, que, según Tejero, le había citado antes del golpe presentándose como “el hombre de confianza de Armada” para desearle suerte y comunicarle que ya estaban preparados “numerosos decretos leyes que entrarían en vigor después de la operación”.
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