El delegado del Gobierno de Madrid exige a Ayuso que renuncie a modificar la ley de grandes espectáculos por “instrumentalizar la justicia”

Este es un gran año para la Comunidad de Madrid en materia de grandes eventos, y las polémicas que están suscitando crecen con cada anuncio. Con la región cada vez más involucrada en convertirse en un foco de festivales, competiciones deportivas y conciertos, el Gobierno regional ha visto la necesidad de modificar la normativa vigente para endurecer el control sobre este tipo de festejos. Este jueves, en el pleno de la Asamblea de Madrid se aprobará un anteproyecto que incluye una medida que permitirá al Ejecutivo personarse en procedimientos penales “relacionados con delitos de desorden público que hayan impedido o dificultado la celebración de acontecimientos de interés general”, como ocurrió con las manifestaciones durante la última etapa de la Vuelta Ciclista a España en la capital. Para el Delegado del Gobierno, Francisco Martín, la modificación “no busca proteger mejor a los madrileños” sino utilizar cualquier vía “para seguir instrumentalizando la justicia, para cargar contra quien haga falta y para poner en dificultades aquel ejercicio al derecho de reunión que les pueda resultar más incómodo”.

El anteproyecto “para ejercer la acción popular en delitos contra el patrimonio natural, histórico-artístico y eventos públicos” estará incorporado a la ley LIDER, según explica un portavoz de la Comunidad de Madrid, aunque modifica aspectos de otras tres leyes. Entre ellas, la Ley de Espectáculos y Actividades Recreativas (LEPAR), que rige este tipo de celebraciones en la región. Data de 1997 y se ha quedado obsoleta, por lo que la Adminitración planea introducir otros cambios. La mayoría parlamentaria del PP permitirá que el que contiene el anteproyecto pase sin trabas, aunque Vox ya ha adelantado que también dará el aprobado.

El Gobierno autonómico comenzó a plantearse públicamente la modificación de la ley en junio del año pasado. En aquel momento, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, que dirige Carlos Novillo, informó de que los cambios no se traducirían en límites más relajados, sin dar más detalles. En el centro del debate estaba, entonces, la celebración del Gran Premio de la Fórmula 1 ―previsto del 11 al 13 de septiembre de 2026―, una competición que cuenta con financiación directa de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid (el 62% entre ambas administraciones, aunque no se han hecho públicas las cifras específicas). La otra gran polémica sobre la mesa era el ruido de los conciertos en el estadio Santiago Bernabéu, por el que los vecinos demandaron al Real Madrid, que se gastó 900 millones de euros en reformar el recinto para celebrar estos eventos. El club terminó procesado por un delito medioambiental al exceder el nivel de ruido permitido.

Poco después, en septiembre de 2025, la Comunidad de Madrid fue una de las sedes de la Vuelta Ciclista a España, otro macroevento que tanto la presidenta como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se comprometieron a financiar dinero público, con unos 400.000 euros en patrocinios en total. El paso de los ciclistas por diferentes pueblos se vio empañado por las manifestaciones en contra de la participación del equipo Israel Premier Tech mientras el Gobierno de Benjamín Netanyahu cometía un genocidio en Gaza. Sin embargo, el gran fiasco para el evento fue la última etapa, que se celebraba en la capital, porque la manifestación se transformó en una protesta con 100.000 personas en las calles que impidieron el paso de los deportistas, de manera que la carrera terminó abruptamente.

Varios eventos después, ha llegado el anuncio de los 11 conciertos de Shakira ―que tendrán lugar en el recinto del Iberdrola Music en el distrito madrileño de Villaverde entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre con un despliegue de espectacularidad desconocido en España, según los promotores― para ponerle un punto más de urgencia a la modificación de la ley de grandes eventos que quiere la Comunidad de Madrid.

También, un punto más de polémica a la crispación política. El delegado del Gobierno ha sido tajante frente a los conciertos de la cantante colombiana: ha pedido a Almeida que los prohíba mientras no se garantice la “seguridad” de los asistentes, a la vez que la Comunidad de Madrid lo ha llamado “peón de Pedro Sánchez” y lo ha acusado de “poner palos en las ruedas” a las iniciativas del Ejecutivo regional.

La forma en la que se están tramitando las modificaciones a la LEPAR no es del agrado de la delegación del Gobierno, que se muestran a favor de renovar una ley de hace 29 años, pero no así. “No es una cosa menor, como parece que está queriendo hacer el Partido Popular”, ha dicho Martín este jueves. El delegado considera que la tramitación es “francamente irresponsable” por parte de la Comunidad de Madrid, que en lugar de reformar toda la ley va introduciendo modificaciones en ciertos aspectos a su conveniencia.

Martín ha afeado que el Gobierno auntonómico no haya tenido en cuenta a la ciudadanía en la elaboración del anteproyecto o de cualquier otra modificación de la ley. “Los madrileños se merecen una nueva ley y merecen, lo más importante, una ley que sea trabajada con todos aquellos que tenemos algo que decir en relación con la organización de grandes eventos en la Comunidad de Madrid”, ha destacado. “Le exijo a la señora Díaz Ayuso que retire de inmediato ese proyecto y que empiece a trabajar de nuevo”.

El anteproyecto que hoy se vota quedó aprobado el 18 de marzo pasado en el Consejo de Gobierno celebrado en Tres Cantos, según informó la Comunidad de Madrid, sin que en su redacción haya intervenido ninguna de las partes involucradas en la celebración de grandes eventos. Fue luego de la aprobación que la Comunidad de Madrid convocó una reunión a la que no fue invitada la Delegación del Gobierno, pero sí el consistorio capitalino, las patronales del sector de ocio, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y la Federación de Municipios de Madrid, que no asistió, a pesar de que las competencias para desarrollar estos espectáculos recae casi por completo en los ayuntamientos que los acogen.

“Nos pareció un error que nos llamaran a la mesa una vez redactado el anteproyecto”, comenta Jorge Nacarino, presidente de la FRAVM, que añade que la federación ha presentado alegaciones en la fase de consulta pública. En caso de que sean aceptadas, se reflejará en la tramitación del anteproyecto como ley en una próxima Junta de Gobierno. Nacarino coincide con Martín en que debería haberse creado una nueva ley de grandes espectáculos en lugar de ir haciendo modificaciones aisladas y a través de otras leyes, como es el caso.