La figura de Juan Carlos I supera la prueba de los documentos secretos del 23-F

Desclasificados “todos” los documentos existentes – se desconoce si algunos fueron eliminados o sustraídos en la época- sobre el 23-F que el Gobierno asegura haber encontrado en distintos Ministerios, la versión oficial sobre el papel del rey Juan Carlos durante la intentona golpista apenas cambia. “El gran secreto del 23-F es que no hay ningún secreto”, celebra el autor del libro Anatomía de un instante, Javier Cercas, al que Pedro Sánchez agradeció públicamente haber empujado al Ejecutivo a abrir esos archivos. “El Rey”, añade, “cometió errores, algunos muy serios, como querer echar a Adolfo Suárez, o jugar con la idea de un Gobierno de coalición o concentración presidido por un militar y permitir que el general Armada fuera por ahí proponiéndose para el puesto; son errores que cometió casi toda la clase política, pero en el caso del Rey fueron más dañinos. Esos errores facilitaron el golpe, pero el Rey no lo montó: lo paró”.

Si el escenario principal del 23-F fue el Congreso de los Diputados, además de las calles de Valencia, aquel donde se jugó auténticamente su suerte fue en el Palacio de la Zarzuela. Lo que ocurrió en la residencia del Jefe del Estado se describe en un archivo con diversos documentos, incluidas nueve páginas que fijan la cronología de la actuación del Rey durante esas horas críticas, pero no consta cuándo fue redactado.

El personal del Palacio de la Zarzuela escuchaba la sesión de investidura del candidato Calvo Sotelo. “A las 18.22 horas, el impacto de la noticia rápidamente se transmite de unos a otros en este Palacio. S.M. El Rey oyó por radio la novedad. El Secretario General comprueba inmediatamente que S.M. conoce los acontecimientos”. Desde ese momento se activa el operativo para obtener información de lo que está ocurriendo. Entre las 18.30 y las 19.00, el general Armada -al que el Tribunal Supremo consideró el “principal beneficiario” de la trama y condenó a 30 años de cárcel- llamó al Rey para incorporarse a La Zarzuela y, según este documento, Juan Carlos I le dijo no fuera. Como ya era sabido, el general José Juste, jefe de la división acorazada Brunete, llamó también al Palacio para saber si el general estaba junto al Monarca, es decir, si el jefe del Estado apoyaba el golpe, a lo que Sabino Fernández Campo, secretario general de la Casa del Rey -y sustituto de Armada desde 1977- respondió que “en absoluto”. “Eso cambia totalmente la situación”, replicó Juste al otro lado.

Don Juan Carlos también habla varias veces con el teniente general Jaime Milans del Bosch, que ese 23 de febrero emitió un bando prácticamente idéntico al del general Mola en julio de 1936 y llegó a sacar carros de combate a las calles de Valencia. Al igual que Juste, Milans también preguntó al rey si Armada estaba con él.

La decisión de emitir un mensaje en televisión “para clarificar y hacer llegar a todo el país la postura” del Rey, se toma, según ese mismo documento, a las 19.30. A las 20.00 se habla con TVE y comprueban que está “vigilada y ocupada” por una unidad militar dirigida por el capitán Merlo, que asegura que solo responde a las órdenes de su coronel. Tras contactar con él, este acepta retirar a sus hombres de la televisión. Las tropas abandonaron el edificio a las 21.30 y a las 22.30, TVE anuncia que emitirá un mensaje del Rey a la nación. La grabación se inicia a las 24.00. Media hora después, el vídeo sale de La Zarzuela hasta la televisión, que lo emitirá a la 1.12 minutos, casi siete horas después de la entrada a tiros en el Congreso del teniente coronel Antonio Tejero, quien falleció este miércoles a los 93 años coincidiendo con la publicación de los documentos secretos.

¿Qué ocurrió en las horas previas? Según recoge el documento desclasificado, entre las 20.00 y las 21.00, el Rey mantiene una conversación “muy tensa” con Armada. A las 22.35, se envía un télex a todos los capitanes generales con el siguiente mensaje: “Ante situación creada por sucesos desarrollados en el Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo he ordenado a las autoridades civiles y junta de jefes del Estado Mayor tomen medidas necesarias para mantener orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse deberá contar con la aprobación de la JUJEM [Junta de Jefes del Estado Mayor]”. Armada insiste en ir al Congreso y finalmente, le permiten ir, pero el documento asegura que Sabino Fernández Campo “arranca su palabra de honor” de que no se dirigirá a los diputados para proponerles ese nuevo gobierno conocido como “la solución Armada”. A la una y 20 de madrugada, el Rey habla de nuevo con Milans del Bosch, al que, según el documento, le transmite lo siguiente: “Afirmo mi rotunda decisión de mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Después de este mensaje ya no puedo volverme atrás. Cualquier golpe de Estado no podrá escudarse en el Rey. Juro que ni abdicaré la Corona, ni abandonaré España. Quien se subleve, está dispuesto a provocar, y será responsable de ello, una nueva Guerra Civil”.

Pero “Tejero ya no obedece”, como le transmite Milans del Bosch. Se siente traicionado por Armada, cuyo plan de gobierno de concentración considera “una chapuza”, y ha rechazado la oferta de huir del país en un avión con su familia, aunque finalmente, se rendirá y abandonará el Congreso al mediodía del 24 de febrero de 1981.

El sumario de la causa judicial a la que este periódico tuvo acceso en 2021 confirmó que los golpistas y sus partidarios estaban convencidos de que el Rey apoyaba el golpe porque era Armada, su amigo y antiguo preceptor, quien lo pilotaba. Y los archivos conocidos ayer confirman que la subversión iba mucho más lejos que la treintena de detenidos por el 23-F.

Diez meses después del 23F, el rey Juan Carlos se reunió a petición suya con el Presidente del Gobierno, el Ministro de Defensa y la Junta de Jefes de Estado Mayor. Para preparar la conversación con los políticos Leopoldo Calvo Sotelo y Alberto Oliart y con la cúpula militar de las fuerzas armadas, Sabino Fernández Campo -secretario general de la Casa de S.M El Rey- elaboró un guion. Este documento, conservado por el Centro Nacional de Inteligencia, es uno de los que han sido desclasificados por un acuerdo adoptado este martes por el Consejo de Ministros. Nada más empezar aquel encuentro, celebrado el sábado 12 de diciembre, el monarca manifestó a los reunidos que todos ellos eran conscientes de la importancia que había tenido el 23F y la que tenía siempre la organización militar. Si había decidido reunir al mando civil y militar del ejército, les dijo, era porque consideraba que la situación militar era “delicada”.

La información confidencial desclasificada evidencia cómo existía una pulsión golpista en el ejército antes y después del 23F. Para finales de mayo o principios de junio de 1981, se conspiró para dar un nuevo golpe de estado que tuviese como resultado el proyecto de intervención política por parte de los militares. Incluso se barajó una fecha concreta: el 24 de junio de 1981, durante la onomástica del Rey. En aquella fecha se reunían en el Palacio Real la cúpula militar, los diputados, senadores y altas autoridades del Estado, aunque había un inconveniente: en esa celebración estaba también presente el cuerpo diplomático. “En cualquier caso lo más urgente es tomar conciencia de que se ha puesto en marcha otra operación militar de incalculables consecuencias con [el capitán general de Canarias] González del Yerro a la cabeza y con el aparato de Cortina”.

El documento desclasificado “Índices de Subversión en las Fuerzas Armadas”, fechado en diciembre de 1981, y perteneciente al Ministerio de Defesa, recuerda que, en general, los militares habían aceptado bien al Rey “como uno de los deseos de Franco”, quien le había nombrado sucesor; pero esa percepción empezó a cambiar y lo hizo definitivamente después del fracaso del golpe. Otro documento desclasificado corresponde a un manuscrito hallado en en el domicilio del teniente coronel del Ejército José Crespo Cuspinera, (detenidos por la conspiración golpista del 27 de octubre de 1982) en el que se dice que el gran error de los golpistas “fue dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuese un caballero”. El manuscrito acusa al monarca de “seguir adelante en su intento suicida de tener un gobierno con los socialistas”, por lo que le considera un “objetivo a batir y anular”.

El Ministerio de Defensa era consciente de que había muchos militares que empezaban a ver al Monarca como el enemigo. “La figura del Rey sufre un deterioro personal y profesional”, advierten en uno de esos documentos desclasificados, que alerta que la subversión se extiende, aparecen pintadas contra Juan Carlos I y se “discuten abiertamente las órdenes recibidas”. El documento admite que el Estado ha dejado crecer ese clima – “al no haberse prestado la atención debida”-, pese al riesgo que supone, ya que “comienzan a distanciar peligrosamente a los mandos militares de la clase política y del espíritu constitucional”. El texto reparte culpas con “los medios de comunicación sensacionalistas”, pero sobre todo, entiende que es una situación que es necesario “corregir” y por primera vez propone un sistema para proteger la imagen del Rey que se va a prolongar mucho más allá del ruido de sables.

El “plan de acción” que propone el Ministerio de Defensa debe servir para “evitar que el Rey asuma el control permanente del Ejército, elevando su liderazgo” y “fomentar la idea de que el Ejército, con absoluta lealtad al Rey, respeta la Constitución y obedece al Gobierno” . Es decir, democratizar a las fuerzas armadas. Para ello proponen buscar nuevos “líderes militares” que deben cumplir, además de los requisitos de experiencia operativa, valor, y condecoraciones, otros que no parecían tan claros antes del 23-F, como “carecer de afinidades políticas”, “ser católicos con evidencias” y saber manejarse con los medios de comunicación. De hecho, proponen crear “un organismo especializada” para detectar la publicación de noticias que puedan afectar a la imagen de las fuerzas armadas.

Otro de los documentos desclasificados corresponde a una nota en la que el Partido Comunista de España advierte del “peligro que supone dejar a la extrema derecha imperar en el mercado negro del rumor (...) e incidir en la implicación del Rey en el golpe”. “La extrema derecha quiere implicar a la Monarquía y destrozarla como institución democrática”, añaden.

“El bulo”, concluye Cercas, refiriéndose a la participación del Rey en el golpe, “lo montó y lo acuñó la ultraderecha y ahora lo difunden la ultraizquierda y los secesionistas, los tres por motivos obvios. La verborrea sobre los grandes misterios y enigmas va a continuar porque son un negocio, pero al menos, ahora, los que los difunden tienen un sitio menos al que agarrarse. Por eso el presidente Sánchez ha hecho un buen servicio a la democracia”.