El exedil Carlos Fernández paga 258.000 euros de indemnización a Marbella pero el Ayuntamiento le reclama el doble

Tras 19 años prófugo de la justicia, Carlos Fernández, concejal condenado en la Operación Malaya contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga, 160.000 habitantes), volvió a España el pasado noviembre. Lo hizo tras un pacto con la Fiscalía que incluía evitar la cárcel tras reconocer dos delitos, el pago de una multa de 4.000 euros y el abono de una indemnización de 258.000 euros más intereses al consistorio marbellí, cifra recogida en la sentencia del caso Saqueo II que condenó en 2013 al antiguo edil del Partido Andalucista. Este ha hecho ya el pago al municipio y ha sumado 3.500 euros de intereses, pero Marbella considera que la cifra supera los 250.000 euros. De ahí que ahora el ayuntamiento vaya ahora a reclamar al juzgado lo que considera que es suyo.

Fernández ha sido el concejal más mediático de un caso tan mediático como Malaya. Tras comenzar en la política junto a Jesús Gil y luego llegar a teniente de alcalde de Marbella por el Partido Andalucista, fue detenido en la macrooperación contra la corrupción urbanística en la ciudad malagueña. Fue acusado por la fiscalía de prevaricación, malversación y cohecho pasivo por recibir, presuntamente, 150.000 euros de Juan Antonio Roca, considerado líder de la trama corrupta. Había sido condenado ya a dos años y medio de cárcel por otro caso anterior, pero esta vez la fiscalía pedía entre ocho y diez años. En junio de 2006, tras declarar ante el juez Miguel Ángel Torres —instructor del caso— decidió convertirse en fugitivo. Se fue a hacer el Camino de Santiago y se le perdió la pista en un hotel de Ponferrada. Luego se supo que había cruzado la frontera hasta Portugal para volar a Brasil y, de ahí, entró en Argentina el 2 de julio de aquel año. Hasta que el pasado noviembre volvió a España, casi dos décadas después. “He perdido 20 cumpleaños, 20 navidades, mi padre ha sufrido un infarto, mi madre también ha estado muy delicada y todo lo vivo en la distancia con amargura. Pero me he sentido siempre en paz, políticamente, en todos los sentidos”, relataba en una entrevista a EL PAÍS.

Lo hizo tras un pacto con la Fiscalía que incluía el pago de una multa de 4.095 euros, que le salvaría de pisar la prisión. El Ayuntamiento de Marbella, cuando supo de aquella negociación, y como acusación particular del caso Saqueo II, reclamó su parte. Recordó que Fernández había sido condenado a pagar algo más de 258.000 euros al municipio y consideraba que el pacto debía incluir el abono de dicha cantidad más los intereses desde entonces. El antiguo concejal aceptó y, por eso, pudo regresar. Fue arrestado nada más aterrizar en suelo español para, después, ser puesto a disposición de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Esta lo dejó en libertad, con el apoyo de la fiscalía, que pedía inicialmente 21 meses de prisión por falsedad continuada en documento mercantil y malversación. Fue citado a una vista en la que el exedil reconoció los cargos de los que le acusaban y se libró de la cárcel al comprometerse a pagar las sanciones que conllevaban los delitos. En los 19 años de fugitivo, solo estuvo tres meses de prisión preventiva en Argentina en 2017, hasta que consideraron prescita su causa.

Fuentes municipales explican que desde entonces ha dado largas al consistorio, pero que finalmente estos días ha ingresado esos 258.000 euros. De intereses, eso sí, solo ha añadido 3.500 euros, según las mismas fuentes. El ayuntamiento considera ridícula la cifra porque para calcularla Fernández ha tenido en cuenta la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en noviembre, cuando el consistorio entiende que la referencia debe ser la del caso Saqueo II que condenó a pagar esas cantidades a Fernández en el año 2013 o que incluso se puede remontar a los hechos probados en la sentencia, que se remontan a los años 90. Según los cálculos municipales, esa cantidad supera los 250.000 euros. Por ello, va a reclamar a la sala que hagan los cálculos y soliciten al antiguo concejal el pago de esos intereses.

“Nosotros pedimos simplemente lo que entendemos que corresponde a la ciudad por Ley”, ha explicado este jueves la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP). La regidora ha explicado que igual que el ayuntamiento tiene que pagar los intereses de condenas incluidas en casos de la época del caso Malaya, “de la misma manera se solicitan aquí”. Desde el entorno de Fernández insisten en que el pago de la condena “ya se ha efectuado” y que cualquier cuestión adicional —como el cálculo de los intereses— “se está tramitando en sede judicial”. “En este momento no vamos a realizar declaraciones públicas”, han subrayado las mismas fuentes.