Netanyahu aprueba la revocación de la ciudadanía y la deportación de dos palestinos israelíes

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha firmado este martes un decreto para revocar la ciudadanía y deportar a dos palestinos israelíes acusados de actos violentos. La medida, que el mandatario ha confirmado mediante un comunicado, supone la primera aplicación de una ley aprobada en 2023 para castigar a los palestinos con pasaporte israelí, o con permiso de residencia permanente en Jerusalén Este, sentenciados por actos terroristas.

En una nota publicada mientras el primer ministro vuela hacia Estados Unidos, donde el miércoles se encontrará con Donald Trump para defender sus intereses en el pulso con Irán, Netanyahu ha asegurado que el decreto despojará de la ciudadanía a dos “terroristas” que perpetraron ataques “con cuchilladas y con disparos contra civiles israelíes”. Aunque no hay anuncio oficial al respecto, el diario israelí Walla, considerado cercano a Netanyahu, indica que los deportados serán enviados a la franja de Gaza.

Uno de los primeros afectados por la legislación, que grupos de derechos humanos señalan como contraria al derecho internacional, es Mahmoud Ahmed. Según el medio israelí Yedioth Ahronot, el hombre fue liberado en 2024 tras recibir una sentencia de 23 años de cárcel por “varios tiroteos contra soldados y civiles israelíes”. El otro es Muhammad Ahmad Hussein al-Halasi, condenado a 18 de cárcel tras apuñalar, en 2016, a dos mujeres en Jerusalén. En este caso, se espera que lo deporten tras cumplir condena, tal y como prevé una legislación que prohíbe a los desterrados su regreso a Israel.

Netanyahu ha anticipado en su comunicado que “muchos más casos como estos están en camino”. Su compañero de formación y uno de los impulsores de la ley, Ofir Katz, ha ahondado este martes en la misma idea ―la deportación de “muchos más terroristas está en proceso”― que ya profirió meses atrás, cuando anunció que se habían iniciado los procedimientos para aplicar la ley sobre centenares de ciudadanos.

La legislación, una enmienda a la Ley de la Ciudadanía Israelí de 1952 que el Parlamento israelí aprobó con el apoyo de 94 de 120 diputados, pesa sobre quienes cumplan tres requisitos. Los afectados deben estar sentenciados por actos violentos y haber sido condenados a tiempo en prisión. También debe demostrarse que han recibido estipendios de la Autoridad Nacional de Palestina (ANP), algo que las autoridades israelíes presentan como una forma de “premiar los actos atroces”, como ha escrito Netanyahu este lunes.

Esta institución, que gobierna de forma limitada algunas partes de Cisjordania, entrega ayudas económicas a los presos retenidos en las cárceles israelíes, en ocasiones con delitos de sangre tras cometer ataques con trasfondo político. A menudo, los estupendos son transferidos a familiares u otros representantes, así como a los parientes de los atacantes fallecidos. Cisjordania, uno de los tres territorios palestinos ocupados por Israel junto a la Franja y a Jerusalén Este, es uno de los lugares con unas ratios de encarcelamiento más altas del planeta.

La medida era una exigencia de la derecha más radical que finalmente tiró adelante el actual gobierno israelí, el más derechista en las siete décadas de historia de Israel, formado en 2022 cuando Netanyahu se alió con la extrema derecha para seguir en el poder. Tras la aprobación, en febrero de 2023, el grupo de derechos humanos israelí Adalah denunció que la enmienda “socava todavía más el precario estatus de los palestinos bajo el régimen israelí”, y señaló a los dirigentes del Estado judío por impulsar una medida “exclusivamente dirigida hacia los palestinos” que “establece dos sistemas legales distintos basados en la supremacía judía”. Se calcula que una quinta parte de los diez millones de israelíes son árabes.

Además de Gaza, el otro lugar que la ley contempla para deportar a los afectados son los territorios de Cisjordania bajo dominio de la ANP, aunque el gabinete de Seguridad de Israel aprobó el domingo una serie de medidas que extiendenla jurisdicción israelí sobre esa zona, avanzando su anexión de facto.